Jokin Revilla González e Itziar Fernández Mendizabal

¿Perdón?

Se puede pensar que tarde, pero ETA ha decidido desaparecer y reconocer el daño causado. Después de casi 7 años desde que dejó las armas, el Estado español no ha querido ni facilitar el desarme ni su final. Es el único caso en el mundo. Quizás tengan razón los analistas que dicen que el Estado estaba muy cómodo con que ETA existiera.

El fin de ETA se ha dado, se ha disuelto como organización armada. Sin duda las valoraciones son muy diferentes. Pero, ante tanta exigencia de que pida perdón, convendría hacer un repaso histórico y ver quien en el Estado y también en Euskal Herria tendrían que pedir perdón.

Un Estado que presume de la conquista de América, donde el genocidio y la aniquilación de pueblos indígenas es algo demostrado. Donde el colonialismo llevó una civilización viciada y una religión caduca que se impuso con las armas a la población nativa. Que, arrasó vidas, esquilmó todas sus riquezas naturales y esclavizó a quienes consintió que siguieran con vida. La desvergüenza llegó a celebrar el 500 aniversario como si de una gesta se tratara. Y, lo triste, es que en esos pueblos todavía hay quienes hablan de la «Madre Patria».

Desde 1492 hasta hoy el «colonialismo» ha seguido. Cambian las formas. Ahora ya no llevan ejércitos ni crucifijos, basta con los planes de «Cooperación al Desarrollo» y las transnacionales. Ellas engañan y siguen esquilmando a tope. Siguen extrayendo recursos, como petróleo y minerales, llevando adelante grandes presas contaminando ríos, acaparando tierras y expulsando a quienes allí viven. Entre ellas está Iberdrola, emblema de Euskadi para algunos.

El fascismo militar y terrateniente se levantó en 1936 contra la República elegida en las urnas. Los resultados los conocemos. Un millón de personas muertas. Cientos de miles en las cunetas. 40 años de «Victoria contra las hordas rojas». Esto no se hubiera logrado tan fácil sin el amparo y protección de la jerarquía de la Iglesia católica que, entonces y ahora, se coloca al lado del poder. A las vencidas ni pan ni agua. Por este motivo el silencio en las familias fue total, no hubo verdadera transmisión por puro miedo. El euskara prohibido, la cultura vasca también. En ese contexto nació ETA.

Sin duda, hasta la declaración de su disolución ha pasado mucho tiempo. En este periodo ha habido de todo… y por todas las partes. No es cuestión de buscar justificaciones para nadie, sino una convivencia justa. Aquí nadie se arrepiente, ni nadie pide perdón. Ni la banda de Rajoy heredera directa de los fascistas sublevados contra la República, ni el PSOE padre y mentor del GAL, ni el PNV que aplaudió la dispersión, ni la Iglesia católica que en las 40 años de dictadura fascista la bendijo y amparó, ni todos los poderes fácticos que en la transición no se depuraron, ni se adaptaron a la etapa llamada democrática, ni el supermagistrado Garzón que, con su "todo es ETA", jamás ha calculado los años de condena cumplidos por las 5.000 personas torturadas que declararon en su contra, porque no pudieron aguantar las torturas, ni lo que él ni la fiscalía del Estado ni la magistratura del ídem han querido, ni quieren, ver.

Se puede pensar que tarde, pero ETA ha decidido desaparecer y reconocer el daño causado. Después de casi 7 años desde que dejó las armas, el Estado español no ha querido ni facilitar el desarme ni su final. Es el único caso en el mundo. Quizás tengan razón los analistas que dicen que el Estado estaba muy cómodo con que ETA existiera, pues justificaba sus políticas cada vez más centralistas y derechosas. Por tanto… ¿por qué iba a facilitar el final?

«Sin violencia se puede hablar de todo» decían los pretendidos demócratas. Pues es evidente que no es así. Aquí está el caso de Catalunya; la Ley Mordaza, con la represión de tuiteros, raperos; la calificación de terrorismo dada a la pelea de Altsasu ante la Audiencia Nacional, sucesora directa del tribunal de Orden Público de la dictadura e, incluso, podemos añadir la incalificable canallada de la sentencia de «La Manada» con personas directamente ligadas a las fuerzas de seguridad del Estado. «Que ETA se disuelva» era el clamor «demócrata», y lo ha hecho.

Sin embargo, ahí está la reacción de la banda del PP, del PSE-PSOE y del propio lehendakari del Gobierno Vasco, hablando sólo de una parte de las víctimas, como si las otras, no hubieran existido. Ni las del GAL, las del Batallón Vasco Español o las presas y presos que con la política de dispersión orquestada por todos los partidos que sostienen todavía, a la derecha –por no decir ultra– española y a sus familias ven como sus derechos se los saltan a la torera. A algunas personas o grupos puede parecerles poco lo que dice el comunicado de ETA sobre el daño causado y las víctimas, pero es que otros actores del conflicto jamás han reconocido nada. A día de hoy, ni siquiera a Lasa y Zabala, a las cinco personas asesinadas en Gasteiz un 3 de marzo, cuando la «calle era suya», así como a una larga lista de personas torturadas que no son consideradas víctimas. Y la cantinela sigue «que pidan perdón»… ya no sólo ETA, sino lo que se considera su «entorno». Pues, o todos los responsables de todos los atropellos políticos y policiales lo piden, o mejor nos dedicamos de una vez a mirar para adelante y construir una sociedad justa.

Ahora mismo, aquí y ahora, estamos ante un capítulo de injusticia con sufrimiento y muertes, de las que las mismas fuerzas políticas mencionadas tienen responsabilidad directa. ¿Qué pasa con la política de extranjería, las vallas de Ceuta y Melilla, los CIES, los más de 14 migrantes asesinados en Tarajal y los miles de personas anónimas asesinadas en el Mediterráneo? No nos equivocamos en el calificativo, decimos asesinadas, porque la política de la Unión Europea, seguida fervientemente por el Estado español, no es salvar las vidas de esas personas que migran por causas que en muchos casos las provocan los poderes de la misma, sino evitar por todos los medios que lleguen a Europa. Han prohibido los barcos de salvamento, y criminalizan, retienen o amenazan a las pocas personas u organizaciones que se dedican al salvamento de vidas, como Helena Maleno, los bomberos andaluces u Open Arms, acusándoles, en el colmo del cinismo, de tráfico de personas. Sólo potencian el Frontex, cuya misión principal es que no se acerquen a Europa personas migrantes pobres y refugiadas sin recursos… si mueren, menos cargas para las arcas de Europa.

Quienes tienen el poder real en este planeta –las transnacionales y la banca– piensan que sobra mucha gente, porque no producen ni consumen en su mercado. Por tanto, si mensualmente un buen número muere en los mares, en los desiertos o en los campos diseminados por los países fronterizos mejor que mejor. No tienen nombre, ni origen, son sólo números que no cuentan.

¿Quiénes son los mamporreros responsables en el Estado español? –por ceñirnos al Estado en que habitamos sin derecho a decidir–. ¿Quienes colaboran sumisamente con ese poder real? ¿Asumen en algún momento su responsabilidad con los derechos humanos? ¿Buscan soluciones ante esta masacre? ¿Piden en algún momento perdón? En Euskal Herria, desde Bilbo, se sigue traficando con las armas que se fabrican en nuestro pueblo para que vayan directamente a Arabia Saudí, de modo que siga masacrando a la población en Yemen. ¿Quién se hace responsable, quien da explicaciones, quién pide perdón? Nadie. Eso sí, con nuestros impuestos, subvencionan a las fabricas de armas o de complementos de armas, con la impagable colaboración de la Universidad y el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, que se deshace en panegíricos al sector, ¿qué se puede esperar? Poco, por no decir nada, salvo que todos los indicios conducen a que están a favor de las armas y en contra de las personas migrantes que buscan una vida digna. Por eso avalan y protegen el «Muro de la Vergüenza» en Santurtzi, edificado por la autoridad Portuaria que está en el mismo bando. Menos pedir cuentas a otras y más asumir las responsabilidades propias.

No hubiera estado de más que en las prioridades al negociar los presupuestos de la banda de Rajoy fueran las personas refugiadas y migrantes, junto con acabar con la dispersión de las personas presas vascas, una de las premisas para avalar la continuidad del PP aprobando los Presupuesto Generales del Estado. Si en vez de decidir vivir «cómodos en España» el PNV hubiera decidido en Lizarra Garazi (1988) unir fuerzas en Euskal Herria para que este pueblo decidiera lo que quisiera, ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Qué hubiera pasado con ETA desde esa fecha?

El futuro es una sociedad en Euskal Herria hecha entre todas las personas que vivimos aquí, hayan nacido aquí, llegado hace años o lleguen mañana. Y de nosotras depende como hacer una sociedad multicolor, con más riqueza cultural, donde nos reconozcamos y convivamos con normalidad, sin guetos en las escuelas ni en los pueblos ni en los barrios. Esta, como otras muchas, es la gran tarea que nos dejan a los movimientos sociales, pues si no lo hacemos así muchas personas refugiadas y migrantes estarán en los márgenes de la sociedad, donde no cuentan ni deciden. Eso significa que estaremos favoreciendo el racismo y la xenofobia. El reto es que participen en todo, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los movimientos sociales, en las fiestas de pueblos y barrios… En todo lo que es la vida cotidiana de nuestro pueblo. Si nos lo proponemos lo lograremos. Construiremos una sociedad nueva, más inclusiva y más justa, donde el principio básico sea el de todos los derechos para todas las personas y que todas podamos vivir dignamente.

Y, mientras tanto, pidamos perdón a las víctimas, a todas, a las de antes y las de ahora, pero eso sí, todas las personas e instituciones que, por activa o pasiva, seguimos contribuyendo al sufrimiento de todas las personas con ideologías, credos o razas diferentes a las nuestras.

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