Pobreza y eutanasia
Algunas personas e instituciones que no asumen las leyes que no les gustan, porque van en contra de sus creencias ético-religiosas, luchan sin descanso por su desaparición sin importarles si en sus diatribas contra las mismas se utiliza la verdad o la falsedad, los argumentos bien construidos o las falacias. Ha pasado, pasa y seguirá pasando, porque su actitud carece de consecuencias negativas para esas personas e instituciones, ya que no existen sanciones para quien hace mal uso, interesadamente, de las normas de la lógica.
Algunas de esas personas e instituciones religiosas y políticas no aceptan la ley de eutanasia, no solo en España sino en otras partes del mundo donde es legal. Por eso, es fácil encontrar noticias en los medios de difusión que recogen supuestos casos de abusos, mala praxis en su aplicación o, como es el caso que voy a tratar, de motivaciones económicas tanto para que la eutanasia sea solicitada como para ser concedida.
Circula estos días la noticia, aparecida en "Los Angeles Times" el pasado 18 de octubre y distribuida en otros medios, en la que se denuncia que «una comisión de expertos que examina las muertes por eutanasia en la provincia más poblada de Canadá ha identificado varios casos en los que los pacientes pidieron que se les aplicara la muerte asistida en parte por razones sociales, tales como aislamiento y temor a quedar sin casa...». Lo curioso del caso es que una noticia similar apareció en la revista "Jacobin" el 7 de mayo de este año («Canadá practica la eutanasia a los pobres y discapacitados»), pero más curioso todavía es que también apareció otra del mismo estilo en "Infobae" el 11 de mayo de 2022 («¿Canadá usa la ley de eutanasia para acabar con sus pobres?: debate nacional por dos mujeres sin hogar que pidieron el suicidio asistido»). Cualquiera puede entender que existe una intencionalidad en repetir noticias similares con años y meses de diferencia entre ellas, es decir, que buscan atacar la ley de eutanasia allá donde es legal e impedirla allá donde se pretende legalizarla. ¿Expresan esas informaciones lo que ocurre en la realidad? En absoluto, lo que de verdad ocurre en Canadá dista mucho de ser como esas «noticias» la relatan. En efecto:
Ninguna ley de eutanasia existente en el mundo, incluida, claro está, la de Canadá, recoge que la pobreza sea una de las causas que permiten acceder a la ayuda para morir.
En Canadá, que es el origen de todas esas «noticias», el 96,5% de las eutanasias realizadas lo son a personas en situación terminal, el 3,5% lo es a personas con enfermedades crónicas. Y la ley canadiense exige las siguientes condiciones (muy similares, por cierto, a las que recoge la ley española): ser mayor de edad; poder comprender la situación y la información transmitida por los profesionales de la salud y así poder tomar decisiones; encontrarse en una de las siguientes situaciones: padecer una enfermedad grave y encontrarse en una situación médica caracterizada por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, tener una discapacidad física grave que resulte en discapacidades significativas y persistentes; experimentar sufrimientos físicos o psicológicos persistentes e insoportables que no pueden aliviarse en condiciones que considera tolerables.
No hay, por tanto, ninguna posibilidad legal de que alguien reciba eutanasia por razones económicas como falazmente se deja entrever en las citadas «noticias». Como en toda ley, pueden ocurrir irregularidades e incluso ilegalidades que se pueden denunciar, juzgar y castigar, si es el caso. Nada de eso ha ocurrido ni en Canadá ni en Europa.
La pobreza sí es una de las principales causas de suicidio, no de solicitud de eutanasia. Tampoco existe pobreza porque hay una ley que permite la eutanasia, el bien morir, como se insinúa en alguna de esas «noticias». Nada puede ser causa de algo anterior a su existencia y la pobreza actual es anterior a las leyes de eutanasia y causada por los injustos sistemas económico-políticos, como el capitalista que algunas personas privilegiadas vivimos y una mayoría sufre. Acabar con la miseria y la pobreza no garantiza por sí solo una muerte digna; en cambio, las leyes que permiten elegir cómo morir sí lo hacen.
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