Osakidetza es la mayor empresa de la CAV. Nadie, a ciencia cierta –me temo que ni sus propios gestores– sabe realmente cuántas personas estamos en nómina en el día a día… y esto, que parece algo increíble en una gran empresa, es así porque el sistema vasco de salud se ha convertido en un gran centro de empleo público, donde miles de personas dependen de una llamada de teléfono para acudir a trabajar a cualquier centro, en cualquier turno y para quién sabe qué labores dentro o fuera de su categoría. Un sistema imposible de controlar con una teórica normativa reguladora, y la vez, con docenas de trampillas y atajos para quienes conocen bien el sistema y sus despachos.

Los sindicatos, voluntariosos, exigimos una y otra vez los números de la plantilla real y los cientos de contratos que en teoría deben ajustarse a las listas de contratación… pero es imposible no perderse en el laberinto, y eso Osakidetza lo sabe bien y mantiene este desorden interesado para poder hacer y deshacer sin dar explicaciones a nadie, y tener el margen suficiente que le permita llevar adelante sus políticas sanitarias sin gran contestación por parte de las plantillas, y menos aún de la ciudadanía.

En los últimos años, a todo este descontrol se ha unido la falta de personal facultativo de casi todas las especialidades. Una situación absolutamente previsible y que se ha ido agravando en el tiempo sin ningún plan, ninguna estrategia aparente por parte de Osakidetza, hasta llegar al momento actual donde se proponen soluciones «imaginativas»… a saber:

-Pagar horas extras (más aún).

-Aligerar las listas de espera derivando operaciones y pruebas diagnósticas a la sanidad privada (más aún).

-Prolongar la actividad profesional hasta los 68 años.

-Recorte del horario en centros de salud, ambulatorios y otros servicios.

¿Alguien se imagina a una gran empresa, preocupada fundamentalmente en aumentar su margen de beneficios, tomando estas medias ante la falta de ingenieras u operarios especializados para garantizar la producción? Difícil, ¿verdad?

A la parte social nos ha costado mucho entender la lógica empresarial aplicada a los servicios públicos, pero aquí tenemos un ejercicio práctico e ilustrativo: para los actuales gestores de Osakidetza el margen de beneficio no está en el interés social de la asistencia sanitaria pública, sino en la transferencias de dinero público a empresas privadas y profesionales de confianza.

Porque hay un colectivo, afortunadamente no muy numeroso, que se beneficia al menos de dos de las soluciones propuestas; haciendo peonadas (proletario nombre que se le ha venido a llamar a las horas extras en Osakidetza) y además, en sus increíblemente productivas horas libres atendiendo a pacientes derivados a la privada. A más de una le daría vértigo el acumulo de ingresos a fin de mes de los miembros de este colectivo.

Cuando Osakidetza anunció la extensión de las horas extras en la Asistencia Primaria LAB criticó la medida como no podía ser de otra manera. Un buen compañero responsable de un centro de salud nos respondió angustiado que, además de criticar, aportáramos soluciones pero… ¡para ya! Y le respondimos que no podíamos. En este momento no hay solución a corto plazo porque no podemos sacar médicos y médicas de una chistera. Pero las soluciones a medio y largo las hemos propuesto mil veces en la Mesa Sectorial.

-Un plan serio de empresa con una estimación de necesidades de recursos humanos en las dos próximas décadas teniendo en cuenta la cambiante demanda sanitaria, la demografía, la cartera de servicios.

-Una adecuación de la formación de los y las profesionales de la salud: nuevos perfiles, nuevas funciones en un plan de empleo estable y transparente que fidelice a las y los trabajadores eventuales.

-Aumentar el número de plazas de matriculación para Medicina, para facilitar la entrada de nuevas y nuevos estudiantes en una carrera larga y difícil.

-Asumir la formación vía MIR de todas las plazas asignadas por el consejo interterritorial (para este curso se ha renunciado a formar 41 residentes y así seguimos en la cola del estado de número de MIR por 100.000 habitantes que no llega al 59%, por detrás de Murcia o Castilla y León, por ejemplo).

Para terminar y ante la última propuesta de Osakidetza de poder alargar la edad de jubilación hasta los 68 años, nos parece que además de no ser una medida eficaz para garantizar una asistencia de calidad, supone una verdadera regresión en el tiempo y en los derechos sociales.

En una sociedad con un paro juvenil del 16%, con un empleo precario en la mayoría de los casos y miles de jóvenes obligados a emigrar, plantear el retraso en la jubilación es indecente.

De momento se plantea como una decisión voluntaria, ya de por sí impresentable, pero si se trata de un primer paso para establecer la jubilación obligatoria a todos y todas las profesionales de Osakidetza a los 68 años, se debieran activar todas las alarma porque la ciudadanía se encontrará y no a mucho tardar, a profesionales escasos y escasas, con muchos años y cansancio a la espalda encargándose del cuidado de su salud. Y esto no parece un buen síntoma para una sociedad del siglo XXI.