Algún día habrá que contar, quizás con la Inteligencia Artificial o más rudimentariamente con un Excel o similar, los años de presidio que han sufrido ciudadanos y ciudadanas vascas por motivos políticos. No me atrevo siquiera a aventurar el resultado pero, entre el siglo XX y lo que vamos del XXI, el desenlace numérico superará el centenar de miles de años. Únicamente desde 1960 más de 9.000 hombres y mujeres ingresaron en prisión, con condenas breves algunos, por no pagar multas durante el franquismo, aunque también con otras de larga duración que fueron indultadas en 1977, tras la instauración del nuevo sistema político español. Antes, tras el golpe de Estado de 1936, unos 60.000 republicanos y abertzales fueron detenidos e internados en cárceles dispersas, campos de concentración o destinados a batallones de esclavos. Entró en presidio una nueva generación y el Código Penal de 1973 menguó condenas de 30 años con la aplicación de las redenciones, eliminó la pena de muerte. Posteriormente, en 1995, los derechos penitenciarios fueron suprimidos y las condenas se cumplieron en su integridad con el añadido de la STS 197/2006 que las hizo retroactivas, hasta la derogación por resolución del TEDH ya en 2013. En 2003, las penas fueron elevadas hasta los 40 años, sin posibilidad de redención de penas. Hubo, en estas épocas, asimismo, miles de detenidos, pero no condenados a pesar de cumplir meses, incluso años en prisión. Durante el franquismo, Jacinto Ochoa Marticorena (Uxue, 1917-1999) fue el preso vasco que más tiempo estuvo encarcelado, 26 años. Protagonizó dos fugas de Ezkaba, en la primera de las cuales, las fuerzas fascistas mataron a 206 de los presos huidos. En la actualidad, varios presos vascos llevan encarcelados más de 30 años, alguno hasta 37.

La segunda condena la sufrieron sus familias. En épocas recientes, 20 familiares fallecieron cuando viajaban a ver a los suyos encarcelados. Millones de kilómetros recorridos. Suicidios, palizas en prisión, en traslados... A finales de 1937, un convoy ferroviario que transportaba presos sufrió un accidente en Alanís (Sevilla). No se sabe con certeza cuantos muertos hubo, quizás 75, la mayoría de origen vasco. En el siglo XX sus familiares desconocían la suerte de los suyos, dados por desaparecidos. Sus descendientes, ya entrado el XXI, supieron que los cadáveres habían sido arrojados a fosas comunes sin nombre. La relación de la población vasca con la prisión ha sido históricamente tan «normalizada» que cuando el conde de Lerín atacó varias localidades defendidas por navarros fieles a su corona, un sacerdote de Mendavia se preocupó por algunos de sus vecinos encerrados por el conde en una ciega del castillo de Tudela. El euskara la adoptó de inmediato y, así, ziega es celda.

El exilio ha sido también tremendo, con menor visibilidad por la dispersión, la falta de noticias y la imposibilidad, en algunos casos, de establecer redes comunitarias. En el último medio siglo fueron más de 3.000. En tiempos de la Guerra Civil, el Gobierno del lehendakari Agirre cifró en 151.000 los exiliados gestionados por su Ejecutivo, a los que habría que sumar varios miles de navarros. Es cierto que la mayoría retornó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero unos 16.000 fallecieron lejos de su patria, sin haber regresado previamente. Especialmente trágica fue la suerte de miles de niños, evacuados previamente a la URSS, Bélgica, Estado francés o Reino Unido. Aún, casi 90 años después, el eco de aquellas tragedias nos retumba. Hace unas semanas, familiares de Víctor Areta Amenabar, un donostiarra que en 1937 tenía apenas seis años, se pusieron en contacto conmigo para conocer su paradero, o al menos su esquela. Sus tres hermanas habían sido evacuadas con él, pero la invasión de la Alemania nazi de la URSS dispersó a los cuatro. Teresa, Carmen y Begoña Areta retornaron a Donostia. Víctor, en cambio, de refugio en refugio, se instaló en 1954 en Vekshor, construyó una casa de madera y se dedicó a pescar y cazar en los bosques cercanos. Amplió su vivienda que la convirtió en granja para criar cerdos y cabras y compuso una familia numerosa. Su hermana Begoña mantuvo una relación epistolar, pero cuando falleció en 2006 se rompió. ¿Vive Víctor? ¿Y sus hijos? El desamparo de la ruptura.

La deportación, como la prisión o el exilio, tiene también un poso histórico en Euskal Herria, a ambos lados de la muga. En época colonial, Madrid deportaba a los vascos a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Más tarde a Marruecos, Guinea, Sahara y Fernando Poo. En el Estado francés, la histórica fue a Kanaky, casi en las antípodas, luego durante la ocupación nazi y el Gobierno de Vichy, a fábricas alemanas. La mitad de los requeridos como mano de obra huyó y un centenar murió en Alemania. En la España de Franco, huelguistas, dirigentes obreros, activistas, abogados... fueron deportados por la Península, lejos de su localidad natal. Desde enero de 1984, decenas de exiliados vascos fueron deportados por París a Cabo Verde, Sao Tomé, Panamá, Ecuador, Venezuela, Togo y Argelia. En julio de 1999, un accidente de aviación segó la vida de familiares que retornaban a Gasteiz del deportado en Cabo Verde Emilio Martínez de Marigorta. Su hijo Ibai, de tres años de edad, además de sus cuñadas Grazinda y Suset, y dos sobrinas, fallecieron en el siniestro de un avión que cubría la ruta interior entre las islas de San Vicente y San Antón. Crónicas desaparecidas.

Hoy que el planeta aborda un nuevo ciclo con su reordenamiento correspondiente y de consecuencias imprevisibles, el nuestro particular parece envuelto en un bucle interminable. La cárcel, el exilio y la deportación sugieren continuar en una situación atávica, con recorridos que los conocemos de memoria. Bien es verdad que los datos nos muestran que las situaciones particulares y los dramas personales están más mitigados que en otras épocas. Pero ello no es óbice para que sigan existiendo y necesiten de un cierre definitivo. La sociedad vasca merece aliviarse de esa aún pesada mochila.