Ante la tozudez de todo gobierno, sea o no sea electo, en reconocer que hay presos políticos y que los hay allí donde ellos ejercen su poder está la opinión de la gran mayoría, del pueblo para entendernos, que considera que todo gobierno acaba encarcelando aquellos que le estorban en su fin. Está claro que su número dependerá de la imagen que este gobierno quiere exportar de sí mismo o de la fuerzas que desde el exterior le obliguen a parecer democrático.

La palabra democracia es, como la libertad y la ley, y está manipulada hasta el esperpento por aquellos que quieren parecerlo, cuando se es se nota sin necesidad de estar constantemente recordándolo, y tienen que tirar del manoseado discurso de "demócrata de toda la vida" incluso para creérselo ellos mismos. Ejemplos miles y muy cerca.

No creo que en la historia moderna, pongamos siglos XX y XXI por no alargarnos, ningún gobierno, electo o impuesto, se haya autocalificado asimismo como dictatorial. Ellos, los gobiernos, todo lo hacen por el bien del pueblo y de acuerdo a la ley vigente. Aquí, en la ley, está el problema por el que muchos de los presos son sobretodo políticos.

Desde que Montesquieu escribió "El espíritu de la leyes" todos los gobiernos se han apuntado a la separación de los tres poderes, obviando el poder del ejército, el del pueblo, el los medios de comunicación y sobre todo el de la banca y el dinero, dejando al poder ejecutivo con la facultad de sancionar y hacer cumplir las leyes.

Son los jueces los que condenan y son ellos los que acortan o alargan estas condenas según la ley que no siempre todos entienden iguales y casi nunca lo son para todos iguales. Al decir todos los que discrepan me refiero a jueces, fiscales, abogados y demás, pongamos aquí a todos aquellos que tienen en la ley su desempeño.

En la mayoría de los países llamados democráticos las leyes las dictan o modifican en sus respectivos congresos y lo hacen apoyándose en mayorías que no siempre son el sentir de los votos, en caso de los gobiernos electos, que los auparon. En el caso de las mayorías absolutas está claro a quien o quienes benefician estas leyes que, repito, pueden ser dictadas o modificadas en cualquier momento. Ejemplo la llamada Ley Mordaza, con minúsculas para evitarla.

El poder Ejecutivo le dicta al Legislativo la ley como quiere que se ejecute y este, muchas veces nombrado, en sus órganos mas representativos Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, por ejemplo, también son nombrados desde las cotas del poder ejecutivo. Esto es ley.

Una ley no es buena por ser ley pero sí debería ser ley por ser buena. No recuerdo ahora su autor pero la suscribo.

Es difícil entender que miembros de la Comunidad Europea discrepen incluso en lo que uno de ellos considera violencia. Pero ya van dos.

Y llegados a este punto está claro que el juicio de los jóvenes de Altsasu que comienza en la Audiencia Nacional hoy, 16 de abril del 2018, y que todos los magistrados, catedráticos de derecho, y no solo en Euskal Herria, abogados y periodistas han calificado de esperpento está claro que es un juicio político. La ley modificada en el 2015 por la mayoría del PP en el Congreso le ha permitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y a la fiscalía, poder piramidal dependiente del Gobierno directamente, acumular petición de condenas y juzgar lo que fue una riña de bar y fiestas, con guardias civiles y novias implicados eso sí, en un delito de terrorismo.

Ya en el juicio contra los jóvenes de Jarrai, Haika y Segi en el 2005 el fiscal pedía "un nuevo concepto de terrorismo" para poder condenar a los jóvenes como terroristas. El Tribunal Supremo rectifico esta "ausencia" de la Audiencia Nacional y los declaro como grupos terroristas. Fueron condenados como terroristas.

La condena de la Audiencia Nacional fue como "asociaciones ilícitas" la del Tribunal Supremo "organizaciones terroristas". Está claro que la ley es una y que ambos jueces, Audiencia y Tribunal, están obligados a cumplirla y si fuese clara a entenderla. No vale aquí, por el principio de no retroactividad, que entre una condena y la otra en Euskal Herria de la mano de Baltasar Garzón, José María Aznar y George Bush se hubiesen declarado como terrorista a todo lo que sonase a Izquierda Abertzale.

Hace mucho tiempo, pero no tanto como para olvidar, y por aquel entonces todo era ETA, copyright de Xabier Arzallus, entonces presidente del PNV-EAJ, y Baltasar Garzón, juez estrella de la Audiencia Nacional que lo mismo ilegalizaba partidos, Herri Batasuna, que cerraba medios de comunicación, "Egin", "Egin Irratia", "Ardi Beltza"… Se acuerdan de aquel «Alguien pensaba que no nos íbamos atrever a cerrar Egin» lo dijo José María Aznar, entonces presidente del Ejecutivo y lo ejecuto Garzón, juez de la Audiencia Nacional.

Hoy también según parece la justicia, el poder ejecutivo, dispone de una vara diferente para medir… Creo haber leído que en el año 2016 fueron cientos las peleas en las que la Guardia Civil fue objeto o parte y ninguna de ellas, bueno solo la del 15 de octubre de Altsasu, mereció de la Audiencia Nacional el calificativo de terrorismo, ni de la fiscalía petición de condenas que llegan a los 62,5 años para alguno de los procesados. Ninguna.

No voy a juzgar aquí la libertad de potear, repito, potear, sin malos entendidos, de los guardias civiles y sus parejas. Libertad que no siempre hemos tenido todos, o al menos no se nos ha respetado. Recuerdo la ilegalización de una lista de ANV, el juez Baltasar Garzón naturalmente, porque uno de los inscritos poteaba y comía pintxos de tortilla en una herriko. 
Entiendo que todos, la semana pasada han condenado a un guardia civil por "hostiar" a un antitaurino, a la vez que llamaba puta a la hija de este de apenas 10 años, a cuatro meses y medio, una multa de 810 euros y una indemnización de 600 euros por daños, pues eso que nadie debería ir repartido hostias a diestro y siniestro aunque llevase traje oficial, cada cual ponga el color que mas le joda, y que la ley dado su caso obrase de oficio sancionando al agresor y protegiendo al agredido. Pero, como en el caso anterior y en los mas de mil del año 2016, sin perder el norte, ni convertir la condena o acusación en un disparate, calificación de la abogada de alguno de estos jóvenes.

Recuerdan el posicionamiento del entonces ministro del Interior calificando la agresión como delito de odio, las del Ministro de Justicia sosteniendo el delito de terrorismo y avalando las peticiones de cárcel, el Partido Socialista Navarro descalificando a los concejales que tiene en la localidad navarra por apoyar la petición de que esta agresión fuese juzgada en Navarra. ¿Alguien cree a estas alturas que la asignación de la juez Espejel, condecorada con la medalla de la Guardia Civil, para este caso ha sido mera casualidad?

Y es que a los políticos les pasa como a los acusados que no están obligados a decir la verdad y, según parece, la mentira además de más cómoda no tiene precio, el de las urnas me refiero. 
Y es que, según dicen, además de la trifulca estos jóvenes formaban parte del movimiento Ospa Mugimendua, movimiento que apoya una reivindicación que según hemos podido leer esta semana al historiador Iñaki Egaña lleva por estas tierras cerca de cien años y que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la enclavo dentro de la pluralidad ideológica pero nunca como delito.

Creo recordar un artículo de J. A. Zarzalejos donde comentaba que al juez Pablo Llarena se le conocía en círculos privados como "Presidente" y lo hacían al criticar la acostumbrada "apatía" del otro presidente, el del Ejecutivo, al tratar el tema de Catalunya donde todo es, o casi todo, sedición y rebelión, violencia y malversación. Bueno todavía queda algún juez, Diego de Egea, en la Audiencia Nacional que solo ve posibles, por lo de la presunción de inocencia pobre ella, desordenes públicos donde la Guardia Civil y mas de un político había visto delito de terrorismo y sedición.

Los ocho de Altsasu serán condenados, espero equivocarme aunque tres de ellos llevan más de año y medio en prisión, como terroristas y los unos y los otros, ejecutivo y judicial, seguirán diciendo que en España no hay presos políticos.

Los catalanes, president, parlamentarios, comités de apoyo y CDR, serán condenados, insisto en la bondad y el deseo de mi equivocación en este caso, por rebelión, sedición y malversación, lean las declaraciones del Ministro de Hacienda al respecto, y dirán que son políticos presos pero no presos políticos.

También seguirán libres, o casi, muchos de los políticos que con condenas firmes, mas de seis años algunos, pagan y mucho abogados para que recurran ante quien sea estas condenas firmes que al resto de los mortales les hubiesen llevado a la cárcel nada mas firmarlas. Son políticos que deberían estar presos pero no, de algo tiene que servir la amistad y las buenas relaciones.

Y seguirá libre y con un sueldo que podría hacer feliz a más de cuatro familias de jubilados el cuñado del rey también con condena firme. Su abogado lo deja claro, Iñaki no va ir a la cárcel… cual es la defensa que le va a librar y cuáles son las pruebas que no presento en el juicio que le condenaron.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes nos dejó lo que seguramente fue un desliz verbal «la justicia, la española claro, está pensada para los robagallinas». Y no soy quien para negarle la razón, incluso igual es hasta peligroso contradecir a tan alto magistrado.

Para terminar, por hoy, en España hay presos políticos, y es que la dispersión, medida también política made in Herzog-Arzallus, los tiene a todos lejos de sus tierras. Y hay, también hay, mucho político que debería estar preso pero por corrupción.