El Departamento de Educación del gobierno del lehendakari Urkullu lleva varios años trabajando para lograr un pacto educativo que sea la base para una nueva Ley Vasca de Educación que actualice la que está vigente desde 1992. Los campos que podría abarcar dicha ley son variados: pedagogía, currículum (contenidos), financiación, lenguas y competencias, integración y progreso del alumnado, autonomía de los centros y situación del profesorado, entre otros.
Es precisamente el área del profesorado, y muy específicamente el del profesorado interino o temporal, el motivo de preocupación y reflexión de este artículo.

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) hay en torno 23.000 profesores en Educación Primaria y Secundaria, de los que aproximadamente 16.000 (70%) son funcionarios y 7.000 (30%) profesores interinos, esto es, temporales. La situación de las y los profesores interinos es de abandono y, desde la perspectiva de la ética del trabajo, podríamos decir de atropello. Hay cientos y cientos de profesores que llevan más de diez o veinte o incluso treinta años trabajando con contratos temporales que duran un año y luego el Gobierno Vasco les renueva sucesivamente. Es patético, por no decir que es una forma de maltrato que tiene efecto negativo tanto sobre su vida profesional y personal así como sobre la educación y progreso del alumnado y del proyecto educativo del centro escolar. Los casos que argumentan esta conclusión podrían sepultar con el peso de su documentación todo los pasillos y oficinas del departamento de Educación dirigido por la consejera Cristina Uriarte. Incluso se podría argumentar que las escuelas concertadas tratan mejor a sus docentes que el Gobierno Vasco, puesto que no tienen profesores con diez o veinte años de antigüedad en situación de interinidad.

Una respuesta a esta situación se puede lograr por medio del contrato laboral, al igual que se hace en la Universidad del País Vasco, donde el profesorado logra la estabilidad en su puesto de trabajo bien por la vía funcionarial o por la vía del contrato laboral indefinido o permanente. ¿Por qué no aprueba y aplica esta misma doble vía el gobierno del lehendakari Urkullu? ¿Por qué no presionan y reivindican los sindicatos y los partidos políticos progresistas esta solución? La máxima responsabilidad corresponde al Gobierno Vasco, indudablemente, pero también hay que criticar a los sindicatos, obsesionados con las oposiciones a funcionario.

Es cierto que la implantación del contrato laboral necesitaría un estudio y desarrollo para acoger y configurar la diversidad de situaciones de las profesoras y profesores temporales (categorización por años de antigüedad, por ejemplo), pero en cualquier caso, la experiencia y el historial docentes, avalados con informes de los centros escolares, podrían ser criterios fundamentales para garantizar un puesto de trabajo permanente. Además, ayudaría a consolidar los proyectos docentes de los centros y a mejorar la educación de las y los estudiantes.

La actual ley vasca de Educación, aprobada en 1992, establece que las figuras del profesorado son de dos tipos, funcionario e interino, y aparentemente no admite el contrato laboral permanente. Pero no es toda la verdad, ya que los profesores de religión que pasaron a depender del Gobierno Vasco lo hicieron con un contrato laboral, al igual que otros docentes sobre cuyos casos existe constancia.

Por tanto, sin esperar a que se apruebe o no una nueva ley de educación, el Gobierno Vasco, los sindicatos y los partidos políticos deberían con urgencia iniciar una negociación seria para la implantación del contrato laboral indefinido como vía alternativa a la del funcionariado, garantizando atribuciones equivalentes. Lo contrario, esto es, el sistema actual de interinos es una aplicación brutal del neoliberalismo.