Los PSIS o Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal son mecanismos que existen en la administración y, como todo, pueden utilizarse para buscar el bien común o, por el contrario, para favorecer de manera legal a unas pocas manos privadas. Este último es el caso del PSIS de la Misericordia, como también lo fue el PSIS de Salesianos o como lo sigue siendo el PSIS de Etxabakoitz, que pretende traernos el despropósito del Tren de Alta Velocidad a nuestra ciudad.

Los PSIS se han utilizado y se siguen utilizando para sustraer de sus competencias propias a los ayuntamientos, la mayoría de las veces en todo aquello relacionado con reordenación urbanística. Por ser más directa: ladrillazo y construcción. Se roban las competencias al municipio o municipios afectados y es Gobierno de Navarra quien maniobra, generalmente, con demasiada opacidad y, escasa participación ciudadana.

Qué mejor ejemplo que el del PSIS de la Misericordia, precisamente, que fue aprobado durante el pasado mandato por UPN, y de cuya continuación Geroa Bai no ha informado. ¿Cuántas vecinas y vecinos saben a día de hoy que esta macroobra innecesaria se va a desarrollar? ¿Acaso todo el sector del comercio de cercanía y turismo sostenible conoce los pormenores y las consecuencias de este macroproyecto?

Nos preocupa que la mayoría de los pamplonicas desconozcan que en unos pocos meses podemos tener un macrocentro de más de 20.700 metros cuadrados en el corazón de nuestra ciudad. Como si la apertura de El Corte Inglés en 2005 no hubiera sido suficiente golpe para el pequeño comercio local, ahora pretenden abrir –a sólo seiscientos metros– otro nuevo macrocentro comercial de casi 5.000 metros cuadrados. Acompañado de un hotel de cuatro estrellas, de más de 7.000 metros cuadrados, y de una residencia para jóvenes y Tercera Edad.

Según el Plan Estratégico de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona, el barrio de Iturrama es el que menos comercio ha perdido respecto al resto de barrios de la ciudad en los últimos años, con 350 comercios y 39.696 metros cuadrados de ocupación. La nueva construcción supondría un incremento del 11,7% de la superficie comercial. Esto conllevaría un fuerte impacto en las ventas, reducción de la clientela, pérdidas de empleo y, como consecuencia final, la amenaza del cierre de 31 de los pequeños comercios en Iturrama, nada menos que el 75%.

Por otro lado, el Decreto legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo obliga a «que previamente a la aprobación o desestimación de la declaración de incidencia supramunicipal del proyecto o plan sectorial por parte del Gobierno de Navarra a que hace referencia el artículo 45.2.b) de la presente Ley Foral, el mismo haya sido sometido a un proceso de participación y socialización con los agentes sociales y territoriales afectados mediante un Plan de Participación Pública, en el que se observarán las garantías, condiciones y derechos previstos en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto».

Pues bien, el obligado proceso o plan de participación pública consistió en una sesión de una hora y media, el catorce de febrero de 2013, a la que acudieron siete personas (solo una de las cuales era mujer). Las entidades eran las siguientes: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, Federación de Comercios de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, CCOO y Real Casa Misericordia, la parte activa en la operación. Ninguna asociación del pequeño comercio de Pamplona, cero presencia del tejido asociativo y de colectivos de ningún ámbito de la ciudad, solamente un sindicato, ningún grupo político, etc.

Si a esto le sumamos que el último plazo de exposición pública a las modificaciones del parking comenzó el 11 de julio, y duró un mes –el mínimo legal–, constatamos la poca voluntad de transparencia y de participación ciudadana real que tenía el Gobierno de Navarra en el asunto. Solamente por ello, el PSIS podría ser revertido, dado que el «gobierno abierto» es una de las condiciones exigidas en el Decreto Foral expuesto unas líneas más arriba.

¿Quién está tan interesado en promover este despropósito sin que nadie se dé cuenta? Según expone en su propia página web E Leclerc, la Casa de la Misericordia formalizó la cesión del solar a la empresa MG Vidaurre nada más y nada menos que para 50 años, a cambio de que le construyera una residencia. A su vez, el emporio MG Vidaurre llegó a un acuerdo en tiempo record con Morea Inversiones, para que fuera la gestora del área comercial. Dos empresas privadas que se van a lucrar a manos abiertas con una operación que es, sin lugar a dudas, perjudicial no solo para Iturrama sino también para el conjunto de Pamplona. Todo ello amparado por el Gobierno de Navarra y haciendo uso de los recursos públicos, sin concurso, pero todo muy legal…

Para terminar de dar la puntilla a esta historia nos encontramos con que, a pesar de que esta macroobra fue aprobada el mandato pasado con UPN, desde 2015 el alcalde actual de la ciudad, Joseba Asiron, preside honoríficamente la Junta de Gobierno de La Meca, que se reúne al menos una vez al mes. Preside la entidad que cedió los terrenos y comenzó el impulso al pelotazo urbanístico. Resulta realmente grave que ni el alcalde de la ciudad ni EH Bildu hayan informado a su debido tiempo a la ciudadanía ni al resto de grupos municipales de toda esta operación.

En ningún momento han dado explicaciones de cómo se puede revertir o, en caso de que esto resulte inviable debido a un alto coste económico, qué alternativas habría para amortiguar los efectos de este PSIS. Un grupo político que supuestamente ha venido para hacer las cosas de forma distinta no debería ocultar a sus vecinas y vecinos ningún pelotazo urbanístico, y menos uno de este calibre: una operación perjudicial para el comercio de cercanía y el turismo sostenible, que no tiene en cuenta la movilidad sostenible y que tampoco incorpora la perspectiva de género. Y que además va a precarizar a cientos de personas por el lucro de unos pocos… Gobernar de manera diferente no puede limitarse a gestionar la herencia de la derecha, y mucho menos hacerse el «sueco» ante los problemas que van llegando.