En relación al artículo de Aniceto Morales ("Sindicato USO y asignatura de Religión católica") publicado en GARA y NAIZ, quisiéramos hacer las siguientes puntualizaciones.

Antes que nada, hay que tener en cuenta que los profesores de Religión son contratados laborales indefinidos en la Administración. Por ley, no pueden ser funcionarios, pues no hay oposiciones de esta especialidad. La Iglesia católica, como otras confesiones religiosas, es competente para declarar la idoneidad de un aspirante a profesor de Religión católica porque es la autoridad académica en esta materia. Posteriormente, este profesorado se incluye en las listas del Departamento de Educación.

Esto es totalmente razonable. Porque a la hora de determinar la capacidad de impartir otras asignaturas, la Administración también recurre a otras instituciones científicas o académicas «expertas» en la disciplina correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los idiomas, son la Universidad de Cambridge, la Alianza Francesa, el Ministerio de Educación francés, el Goethe Institut, las escuelas de idiomas, Euskaltzaindia, etc.

Y es que la existencia de la asignatura de Religión se debe al derecho que tienen las familias a la educación de sus hijos, no a una concesión por parte del Estado. Este derecho está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros tratados. El Estado tiene la obligación de garantizarlo. Lo mismo que el derecho a aprender una lengua no es un privilegio que el Estado concede a nadie, sino que el Estado lo debe reconocer y garantizar.

Por su parte, no es verdad que los recortes introducidos por el Gobierno anterior no han afectado al profesorado de Religión, como dice el autor. De hecho, hace años que en tercero y cuarto de ESO se imparte sólo una hora de esta materia. El aumento de la ratio ha supuesto muchas reducciones de jornada e incluso despidos. Tratar a este colectivo como un privilegiado cuando durante años trabajó sin seguridad social resulta un chiste macabro. Año tras año, independientemente del color del Gobierno de Madrid o de Navarra, se han venido reduciendo las jornadas de estos docentes. Prueba de ello son los juicios que ha habido contra el Departamento de Educación –no pocos ganados por los trabajadores– y las manifestaciones públicas que ha habido en este sentido.

Aniceto Morales tampoco parece conocer el tema al afirmar que USO agrupa a la mayoría del profesorado de Religión, pues no es el sindicato mayoritario entre este colectivo en Navarra. Otro tanto se evidencia cuando dice que este sindicato defiende sólo al profesorado de Religión católica. USO defiende a todos los docentes, independientemente de la especialidad, del modelo lingüístico o de la red en que trabaja (estatal, concertada o privada). De hecho, esta organización ha estado presente en la mesa del Pacto Educativo y también ha firmado el Convenio de la Enseñanza Concertada.

Además, al decir que «la gran mayoría de la población no somos católicos» nuestro articulista no cita ninguna referencia sociológica que demuestre este dato. En cualquier caso, hablamos de un derecho fundamental, que, por su propia índole, no puede depender de mayorías o minorías.

Por último, queremos dejar claro que USO no reivindica privilegios para ningún trabajador, pero rechaza la discriminación contra cualquier colectivo.