Hace nueve meses, el pasado 29 de abril, el Grupo municipal de EH Bildu denunció públicamente que al menos una iniciativa de la coalición Navarra Suma en la Mancomunidad se había elaborado íntegramente desde el ordenador del jefe de los Servicios Jurídicos Municipales del Ayuntamiento, en horas de trabajo y, por tanto, se presumiría que pagado con fondos municipales. Estas conclusiones tienen como base un peritaje informático de difícil discusión. Eso, en sí mismo, implica un grave caso de uso de recursos públicos en beneficio de un partido en concreto o, lo que es lo mismo, que con el dinero de todos y todas las pamplonesas, la coalición que lideraba UPN habría estado pagando sus ‘cuitas’ partidistas.

Y es que no hay que olvidar que el citado jefe de los servicios jurídicos no lo es de un solo partido, sino de todo el Ayuntamiento y al dedicar más de 30 horas para preparar las alegaciones de UPN a un asunto en la Mancomunidad, desde su puesto en el Ayuntamiento y en su horario de trabajo (¿y por tanto a cuenta de su sueldo?), habría faltado gravemente a los deberes de imparcialidad, independencia y lealtad institucional a que le obliga el cargo. Y lo habría hecho con el beneplácito (¿o por orden expresa?) de la coalición beneficiada, de sus integrantes y de sus responsables en el Ayuntamiento.

Todos los hechos que conocemos alrededor de esta cuestión son tan esperpénticos, inauditos y graves que esclarecerlos debería ser una prioridad democrática para cualquiera de los grupos que estamos en el Ayuntamiento. Y así lo es, si exceptuamos a Navarra Suma (hoy UPN y sus rivales), presunta culpable de este chanchullo. La ciudadanía de Iruñea tiene derecho a conocer qué se hace con su dinero, qué ha sucedido en este asunto concreto y, si es caso, a quién implica. Sus representantes en la Institución tenemos, por tanto, la obligación de exigir que se conozcan todos los detalles y que se haga con luz y taquígrafos para, si fuera preciso, depurar responsabilidades. Por eso se pide, se exige, desde quienes representamos a la mayoría de la ciudadanía, la apertura de una comisión de investigación, petición bloqueada injustificadamente durante ocho meses por UPN. Estamos ante una anomalía democrática de una gravedad tan extrema que retrata de nuevo y a la perfección a quienes creen que la impunidad es una cualidad intrínseca de su papel como gobernantes. Hablamos de la derecha y de las peligrosas rendijas que abren a su paso para permitir que por ellas se cuelen las corruptelas.

Ante la clarísima intención del equipo de gobierno de “tapar” estos hechos con mentiras y ocultación, los tres partidos de la oposición pusimos en marcha la iniciativa de crear una comisión de investigación mediante una modificación del Reglamento Orgánico de Pleno. Queríamos y queremos tener, ni más ni menos, las mismas herramientas de transparencia democrática de las que ya disfrutan otras muchas ciudades similares a la nuestra. Por tanto, el 10 de mayo registramos esta proposición firmada por 14 concejales y concejalas, quienes representamos la mayoría del Pleno. A partir de ahí comenzó un rosario de dilaciones, obstrucción y retraso en este expediente que dura hasta el día de hoy. El área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, dirigida por la Sra. Elizalde, tardó semanas en pedir los informes que, a su vez, tardaron meses en completarse. Hasta octubre no estaban hechos, cuando la tramitación de la petición, de acuerdo con la Ley, debería haberse iniciado en el mes de junio, ya que la ausencia de esos informes no debía paralizar el procedimiento.

Para hacer frente a esta estrategia dilatoria con la que UPN retuerce hasta el sarcasmo el papel clarificador que se le supone a la institución, hemos tenido que pedir el posicionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento hasta en dos ocasiones. Y, pese a sus dictámenes claros avalando nuestras tesis, hemos tenido que soportar durante más de ocho meses la arrogancia de un discurso que se pone por montera la obligación de dar cuentas, y trata de vencer con soberbia el mandato democrático que habilita a quienes estamos en la oposición a fiscalizar la acción de gobierno. Pero se lo dijimos y lo reiteramos: no lo van a conseguir, tarde o temprano todo se destapará y entonces, que nadie lo dude, cada cual habrá de asumir su responsabilidad.
 
Esta, resumida, es la secuencia esperpéntica de este expediente. En términos políticos y democráticos, insistimos, es gravísimo lo que está sucediendo. Ni tienen voluntad política en aclarar lo sucedido, ni voluntad democrática en cumplir las iniciativas impulsadas por la mayoría municipal y, por tanto, por la representación mayoritaria de la ciudadanía. Hurtar a toda la ciudad su derecho a controlar y conocer el destino de cada euro de fondos públicos y hacerlo, además, desde la atalaya de la imposición de quienes controlan en minoría la institución, demuestra el escaso talante y la poca cultura democrática que atesoran. Pero, sobre todo, demuestra el desprecio con el que tratan a sus gobernados y gobernadas. Otra vez ese tufillo a cortijo…

Pero lo que más nos sorprende es que no se den cuenta de que con esa actitud UPN evidencia que tiene pecado, que oculta algo, y que quiere impedir a toda costa que salga a la luz, que el público conozca este oscuro pasaje de su gestión. ¿Dónde está esa gallardía de la que fanfarronean?; ¿dónde la sinceridad con la que se debe gobernar? Cuando las cosas se hacen mal, y además tienen visos de ilegalidad y afectan a la correcta gestión de recursos públicos, se debe ser escrupulosa y eficaz en dar explicaciones. Si esto no ocurre, la sospecha se acrecienta y surgen las preguntas que nos hacemos y que, cada vez más, se hace la ciudadanía.

Señoras y señores de UPN ¿Por qué se esconden? ¿Qué están ocultando? ¿Tienen miedo de lo que vaya a salir? ¿Por qué quieren ocultar unos hechos si creen que fueron legales y correctos? ¿Quizás sea porque en realidad saben perfectamente que obraron de forma irregular y merecen un reproche político y jurídico? Intentan eludir sus responsabilidades, pero no lo van a conseguir. Tendrán que dar cuentas, no lo duden: ahora o en las urnas.