Osakidetza arremete contra quienes cuestionamos su «transformación» cimentada en optimizar la eficiencia en el manejo de la enfermedad. Nos acusan de partidistas... y para ello, resaltan el dato de que el gasto sanitario público que se destina a conciertos con la sanidad privada es de los más bajos de Europa. Dato que, en su opinión, demuestra de forma categórica su defensa de la sanidad pública y de los intereses de toda la ciudadanía.

No obstante, somos muchas las que pensamos que, pese a ese dato, su propuesta de transformación alimenta intereses privados y genera desigualdades sociales en salud, situándose en lo antagónico de nuestro horizonte. ¿Por qué decimos esto?

Intereses privados. La enfermedad es un gran negocio –si no, no existirían ni ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), ni Farmaindustria− y, a la vez, es muy cara. En EEUU, icono de la medicina privada, el gasto médico derivado de un infarto, un ictus... constituye la principal causa de bancarrota de la economía familiar. Aitor Esteban, en una intervención en el Congreso expuso que «es un sistema (el privado) muy extendido (en la CAV) que afecta a muchas personas que no son ricas». Y, entonces, ¿cómo personas que no son ricas pueden sostener un sistema privado tan caro?

Algunos datos nos ayudarán a entenderlo: El 95% de los tratamientos de mayor complejidad como trasplantes, neonatos, cuidados críticos... los financia la sanidad pública. El 74% de las estancias hospitalarias en Euskadi son en hospitales públicos. El 80% de quienes acuden a urgencias eligen Osakidetza. En mi consulta presencié también, cómo, cuando un tratamiento iniciado en la medicina privada se complicaba, los pacientes acudían al hospital de Osakidetza. Si, además, los profesionales que trabajan en ambos sistemas, como ocurre muchas veces, son los mismos, todo resulta más sencillo.

Asimismo, la CAV cuenta con una agrupación vasca de Sedisa en la que Osakidetza está bien representada. La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), defensora de la colaboración público-privada, tiene acuerdos de colaboración con ASPE y con Farmaindustria, y les está dando sus frutos: los seguros sanitarios privados han crecido un 56% y ya cubren a un tercio de la población vasca; Farmaindustria contará con una cohorte de 200.000 personas en todo el Estado −incluidas la CAV y Nafarroa− para ensayos clínicos destinados a probar sus nuevos fármacos; y hay exconsejeros de Osakidetza vinculados a ASPE y Farmaindustria.

A pesar de lo expuesto, el problema no es tanto a quién favorece su transformación, sino a quienes excluye.

Desigualdades sociales en salud. Tanto las organizaciones políticas como los propios médicos de familia reconocen, al menos en el discurso, la importancia de los determinantes sociales de la salud. Sin embargo, las primeras, incluidas las que se autodefinen progresistas, las expulsan del modelo sanitario real; y muchos médicos de familia tampoco lo consideran como parte de su trabajo y prefieren recurrir a fármacos o derivar a los pacientes a psicólogas para «gestionar emociones», como si esas emociones no estuvieran presentes en todas y cada una de las consultas de atención primaria. Las emociones como la preocupación o el miedo, y que, por supuesto, funcionan como estresores, forman parte inseparable de la experiencia de enfermar, y, por lo tanto, del trabajo clínico cotidiano del médico de familia.

Además, estas emociones/estresores son las mismas que emergen en situaciones de pensiones de miseria, imposibilidad de emanciparse, precariedad laboral… estresores que liberan adrenalina y cortisol que son capaces de generar sus propios síntomas, modificar la vivencia de los síntomas por los que la persona acude a consulta, y de actuar como factores de riesgo de múltiples enfermedades, tanto físicas como mentales, con las que se asocia frecuentemente.

Ante esta evidencia, ¿es posible entender lo que le pasa al paciente sin tener en cuenta estas emociones? ¿Cómo se justifica la exclusión de los efectos del cortisol y la adrenalina de nuestras consultas? ¿A quién perjudica más esta exclusión? Al actuar así, ¿no estamos aumentando las desigualdades sociales en salud?

La Osakidetza que queremos y necesitamos, una Osakidetza sin intereses privados y sin desigualdades sociales en salud, exige recuperar la salud integral, más allá de la ausencia de enfermedad, y exige médicos de familia formados para realizar diagnósticos del problema de salud de los pacientes y no solo diagnósticos de enfermedad. Sin este cambio, e independientemente del color político del gobierno, Osakidetza seguirá siendo un sistema enfermizo, centrado en la enfermedad y hospitalocéntrico.

Esta transformación permitirá a los médicos de familia realizar diagnósticos que integren la enfermedad dentro del conjunto del problema de salud, en interacción con los determinantes psicosociales. Porque el diagnóstico del problema de salud no es excluyente −no es o biológico o psicológico−, sino el resultado de la interacción sistémica entre los tres factores: biológico, psicológico y social.

Este enfoque integral exige, por lo tanto, de la creación de un centro de excelencia en Atención Primaria, que innove, forme, y mida resultados centrados en la salud; y que garantice que los centros de salud cuenten con un sistema de consultas presenciales, con un mismo profesional, y con tiempo suficiente que no debería ser menor a 15 minutos. Solo así podremos reducir hasta en un 90% la prevalencia de las enfermedades crónicas más frecuentes y hasta en un 40% los cánceres que sabemos que son evitables mediante hábitos de vida saludables. Es evidencia científica.

Pero tenemos un problema de base: la salud integral no es negocio.