Recientemente, el Gobierno Vasco ha presentado la convocatoria de ayudas a las artes escénicas acompañadas por un flamante powerpoint de factura optimista. Es cierto que las cantidades han ido mejorando tímidamente desde 2013 pero se oculta que todavía no han alcanzado las cifras anteriores a la «supuesta» crisis, según datos de la SGAE. Durante este tiempo apenas ha habido protestas, como si los recortes en Cultura fueran «un mal menor».

Desde finales de los 70 hasta los 90, en la Comunidad Autónoma Vasca, se dio una posibilidad de desarrollo de los servicios culturales. Se construyeron infinidad de infraestructuras, casas de cultura y equipamientos. Sin embargo, a día de hoy, lo que se gasta en el sector cultural no es proporcional al desarrollo que estos equipamientos han adquirido. Las expectativas que se crearon han sido defraudadas y las artes escénicas permanecen desatendidas. Artistas del teatro y la danza lo vienen sufriendo todos los días.

Es evidente que se ha impuesto un modelo cultural orientado al turismo de masas y los grandes eventos. Cuando los gobiernos apoyan este modelo ¿qué papel social atribuyen a la cultura? ¿No será que, como se ha visto a propósito del último reglamento de espectáculos públicos del Gobierno Vasco, en realidad, identifican la cultura con el «ocio»? Y el ocio al final queda reducido a seguridad, aislamiento y control. Ninguna sensibilidad por las personas que encuentran en los locales el único espacio para mostrar sus creaciones. En ese modelo de cultura «neoliberal» solamente merecen sobrevivir las empresas que producen beneficios y manejan grandes presupuestos, en un planteamiento que ignora la realidad en la que se mueven los profesionales del teatro y de la danza, y que elude su responsabilidad en el desarrollo del sector que se mantiene en unos elevados niveles de desestructuración y precariedad.

La tremenda desproporción entre los gastos aplicados a los grandes eventos y el mantenimiento de contenedores artísticos y los que se aplican a la actividad de las personas creadoras e intérpretes que habitan el territorio es una ofensa para la profesión. Entre otras carencias, hace falta una política territorial y cultural coherente. También se podría citar la falta de gobernanza, el rimbombante Plan Vasco de la Cultura que nunca se llevó a cabo, o la red de teatros Sarea, que no se ha dedicado a hacer política cultural, sino únicamente a reglamentar políticas subvencionadoras. Muchos de los teatros de la Red se limitan a programar los espectáculos subvencionados por el «Circuito Concertado», en un círculo cerrado que requeriría de una mayor programación, permeabilidad y sensibilidad por las producciones cercanas. En lugar de arriesgar, muchos agentes programadores prefieren contratar lo seguro, lo conocido o directamente no contratar.

Sabemos que los ayuntamientos, que son los principales programadores, sufrieron grandes recortes, pero también que los desequilibrios entre unos municipios y otros son patentes y que la excusa de la falta de presupuestos, a menudo esconde insensibilidad y abandono. Ahí está la comparativa de programaciones entre distintas entidades locales para mostrar el desierto escénico al que pueden llegar a convertirse, salvo honrosas excepciones. Como, por ejemplo, Arriola Antzokia de Elorrio, un municipio de 7.000 habitantes, que a lo largo de los más de veinticinco años de andadura, ha sabido mantener una estrategia de programación y de formación de públicos inclusiva y digna. ¿Cuántos ayuntamientos del mismo tamaño o superior pueden decir lo mismo?
Por otra parte, se internacionalizan las programaciones de los grandes teatros a unos costes desorbitados. Con los costes de una sola producción internacional se podría sufragar la programación estable de un teatro medio.

Por lo general, las unidades profesionales de gestión y administración, artísticas, técnicas y de imagen o difusión, sencillamente no existen y por tanto ni se presupuestan. Daría para otro artículo el rosario de «prácticas» al que se ven sometidas las compañías por parte de algunas gerencias imperecederamente instaladas. Tampoco existen ni el mecenazgo, ni la fiscalidad favorable ni, por supuesto, una política de precios concertada para hacer accesibles los productos culturales y escénicos.

Un informe sociolaboral sobre del colectivo de actores y bailarines en el Estado, elaborado por la Aisgae en 2016, alertaba de que solo el 8 por ciento de los actores y actrices del Estado ganaba más de 12.000 euros al año. La investigación constata que no solo ha bajado la tasa de ocupación, sino también los ingresos que obtienen artistas que sí logran trabajar. Entre los que cobran por su trabajo como actores y actrices, más de la mitad, el 53 por ciento, no supera los 3.000 euros anuales, mientras que otro 24 por ciento se quedó en la franja entre los 601 y los 3.000 euros. Las cifras son, sin duda, equiparables en la CAV. Y la situación de precariedad se agrava entre el colectivo de mujeres, no digamos en el de los jóvenes.

Cabría citar aquí otros modelos, tan próximos, como por ejemplo, el francés que, además de un extendido programa de residencias escénicas, permite que las compañías facturen como asociación y que los y las trabajadoras coticen de manera intermitente, porque el empleo escénico nunca es ni será fijo.

«Que revienten los Artistas» era el título de un memorable espectáculo de artista Tadeusz Kantor. Reventaremos de «entusiasmo» como dice Remedios Zafra. Reventadas estamos por falta de unas políticas públicas que verdaderamente apoyen y dignifiquen nuestra profesión.