«Si quieres la paz, prepara la paz». Con ese principio denunciábamos la nueva Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad que incorporada de rondón a los Presupuestos de 2026 alteró uno de sus pilares esenciales para permitir que las políticas públicas de promoción económica pudieran apoyar proyectos militares vinculados a tecnologías de doble uso y, con ello, facilitar el acceso de la industria militar vasca a fondos públicos. 

La disposición final décima de la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi 2026, modificó el artículo 10.4 de la Ley 3/2024 de Cooperación al Desarrollo, de tal manera que la prohibición para que el sector público colaborara con las empresas dedicadas a la producción o comercialización de armamento y tecnología de uso militar, quedara sin efecto en todos aquellos usos que se encuadrasen en la Estrategia Europea de Seguridad

Entonces se dijo que era una adaptación necesaria. Que Europa había cambiado. Que el nuevo contexto geopolítico obligaba a revisar antiguos límites. Que Euskadi no podía quedarse al margen de la nueva estrategia industrial europea, etc. 

No hubo un proyecto de ley específico. Se evitó el debate social, no hubo un proceso de participación ciudadana acorde con la trascendencia del cambio. Una decisión que redefine la relación entre las instituciones públicas y la industria militar quedó integrada en la negociación presupuestaria como si se tratara de una cuestión técnica o burocrática. Pero no lo era. Estamos hablando de un cambio profundo del modelo de desarrollo que se propone para Euskadi. Vergonzosamente la guerra ha dejado de contemplarse como un fracaso de la política para convertirse en un motor de la política industrial. La paz ya no aparece como horizonte de la innovación tecnológica; el rearme comienza a presentarse como una oportunidad económica y de negocio. Y la cooperación internacional deja de actuar como límite ético para convertirse en un verdadero obstáculo que debe ser corregido. 

Sin embargo, ahora sabemos que esa decisión encuentra un obstáculo inesperado. El Gobierno Central ha anunciado que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la modificación aprobada por PNV y PSE al considerar que podría invadir competencias estatales y plantear problemas de constitucionalidad. Si bien el Concierto Económico otorga un margen de maniobra para impulsar el tejido industrial de los territorios históricos, la «Defensa» es una competencia exclusiva del Estado, por lo que el ejecutivo vasco no podría usar leyes presupuestarias y de cooperación al desarrollo para financiar o facilitar inversiones a empresas armamentísticas. Las decisiones sobre la Estrategia Europea de Defensa son competencia exclusiva del Estado central, por lo que ni comunidades autónomas ni diputaciones forales tienen atribuidas competencias para decidir, legislar o gestionar asuntos de defensa nacional o internacional, ya que esta materia está reserva en exclusiva al Gobierno Central y a las Cortes Generales. 

¡Qué paradoja! El mismo Gobierno que ha asumido el aumento del gasto militar, que participa activamente en la estrategia europea de rearme y que defiende el fortalecimiento de la industria de defensa, cuestiona ahora las trampas del mecanismo utilizado para facilitar ese mismo objetivo en Euskadi. 

No estamos ante una rectificación del militarismo. Ojalá lo fuera. Lo que aflora es otra realidad: la velocidad con la que se está impulsando la economía de guerra está provocando fricciones incluso entre administraciones que comparten el mismo rumbo político, ávidas de hacerse con el ingente dinero que el negocio de la guerra genera. 

Y eso debería hacernos reflexionar. Porque el problema nunca fue únicamente ético. También era democrático. 

La antigua ley aprobada por el Parlamento Vasco tras un largo proceso de elaboración establecía que «las instituciones vascas no colaborarían con quienes produjeran o comercializaran armamento o tecnologías de uso militar». Ese compromiso fue presentado como una seña de identidad de una política pública coherente con la cooperación internacional y la construcción de paz. 

Sin embargo, bastó oler dinero para que una enmienda presupuestaria modificara ese principio. 

La creciente tendencia hacia la militarización pone freno a los avances de la cultura de paz de las sociedades europeas. Ese cambio cultural quizá sea el más preocupante de todos. Durante décadas, las instituciones europeas insistieron en que el desarrollo económico, la cooperación entre los pueblos y el fortalecimiento del derecho internacional eran las mejores garantías de seguridad. Hoy el mensaje parece invertirse: la seguridad pasa a depender del incremento del gasto militar, de la expansión de la industria armamentística y de la preparación permanente para la guerra. 

El lenguaje también ha cambiado. Ya casi no se habla de industria militar. Se habla de autonomía estratégica, tecnologías duales, innovación, competitividad o «seguridad europea». Son expresiones que suavizan una realidad mucho más sencilla: el dinero público destinado a fortalecer un sector cuya finalidad última es el enriquecimiento mediante la producción de sistemas para la guerra. 

Por eso resulta significativo que incluso este proceso encuentre límites jurídicos. Y no porque el eventual recurso del Gobierno central cuestione la carrera armamentística −no lo hace−, sino porque demuestra hasta qué punto la urgencia por incorporar la economía vasca a la lógica del rearme ha llevado a alterar una ley recién aprobada mediante un procedimiento cuya constitucionalidad ahora se discute. 

La pregunta sigue siendo la misma que planteábamos hace unos meses. ¿Quién ha decidido que Euskadi deba incorporarse a la economía de guerra? 

No lo han decidido las urnas. No ha sido objeto de ningún debate parlamentario. No ha formado parte de un proceso deliberativo con la ciudadanía. Se nos presenta como una necesidad derivada del contexto internacional, cuando en realidad responde a otras miserables opciones políticas concretas. 

Y toda opción política puede discutirse. Desde el antimilitarismo sabemos de la complejidad del escenario internacional. Lo que cuestionamos es que la respuesta vuelva a ser la misma de siempre: más armas, más industria militar, más gasto en defensa y menos espacio para la diplomacia, la cooperación y la prevención de los conflictos. 

La historia europea demuestra que la paz nunca ha sido el resultado de una carrera armamentística permanente. Ha sido fruto del derecho internacional, de la cooperación, del desarme, de la confianza mutua y de instituciones capaces de resolver conflictos sin recurrir a la fuerza. 

Quizá por eso el verdadero debate no sea si una enmienda es o no constitucional. La cuestión de fondo es mucho más importante. 

¿Queremos que las leyes se adapten a las necesidades de la industria militar, o que la política industrial siga subordinada a los principios de paz, cooperación y derechos humanos que durante tanto tiempo afirmamos defender? 

Porque cuando las leyes empiezan a modificarse para acomodar el rearme, el problema ya no es únicamente la guerra. Es el modelo de sociedad que estamos construyendo. 

Y, mientras tanto, el planeta sigue enviando señales inequívocas de cuál es la verdadera emergencia de nuestro tiempo y cuál ha de ser la necesidad real de «seguridad europea». 

Las olas de calor extremo baten récords año tras año. Los incendios forestales devoran miles de hectáreas con una intensidad desconocida hace apenas unas décadas. Las inundaciones y lluvias torrenciales destruyen viviendas, infraestructuras y medios de vida con una frecuencia creciente. La sequía compromete el abastecimiento de agua y la producción de alimentos. El cambio climático ya no es una amenaza futura: está alterando nuestras condiciones de vida aquí y ahora. 

Sin embargo, frente a esta realidad, la respuesta política y presupuestaria resulta ignorante y desorientada. 

Europa moviliza cientos de miles de millones de euros para reforzar su capacidad militar, acelerar la investigación en nuevas tecnologías de defensa y aumentar la producción de armamento. En cambio, la adaptación al cambio climático, la prevención de incendios, la gestión del agua, la protección de los ecosistemas, la investigación para mitigar los efectos del calentamiento global o el fortalecimiento de la protección civil siguen recibiendo una atención y unos escasísimos recursos, muy inferiores a la magnitud de la emergencia que ya vivimos. 

Desde una perspectiva antimilitarista, esta no es solo una cuestión presupuestaria. Es una cuestión de prioridades civilizatorias. 

La seguridad no consiste en prepararse para guerras hipotéticas. Seguridad significa proteger a la población frente a los riesgos que ya amenazan su vida, su salud y su bienestar. Una sociedad es más segura cuando puede afrontar con eficacia las olas de calor, los incendios, las inundaciones, las pandemias o la degradación ambiental. Ningún misil apagará un incendio forestal. Ningún dron reducirá la temperatura de nuestras ciudades. Ningún sistema de armas evitará el colapso de los ecosistemas de los que depende nuestra supervivencia. 

La mayor irresponsabilidad de nuestro tiempo será invertir cada vez más en guerras. Es irresponsable hacerlo mientras relegamos la lucha contra la crisis climática, la mayor amenaza compartida a la que se enfrenta la humanidad. 

Ha llegado el momento de recuperar el verdadero sentido de la seguridad; invertir menos en prepararnos para destruir, y mucho más en aprender a proteger la vida. Es decir, el momento de dejar atrás la Economía para la Guerra y transitar hacia una Economía para la Paz y la verdadera seguridad humana. 

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