Sin duda, una de las noticias que más cola ha traído recientemente a nivel nacional con localización en Vitoria‑Gasteiz es la decisión institucional de reducir la población de jabalíes en la zona de Salburua mediante su caza con arco.
           
«Reducir la población» se presenta como uno más de los eufemismos usados por la administración para maquillar la verdadera naturaleza de los hechos (matar seres inocentes; a flechazos, en este caso), con todo lo que ello conlleva: estrés, sufrimiento, destrucción de familias, muerte...

Al menos estaremos de acuerdo en que ninguna de tales cosas resultará agradable para la víctima, y menos aún en su conjunto. Y procede recordar algo que no por obvio se comprende a la primera: el mismo grado de distrés (así llaman los entendidos a lo que los profanos denominamos malestar) supone similar contratiempo a quien lo experimenta, sea panadero, águila imperial, concejal... o jabalí.
 
Argumentan para el «permiso de muerte» los daños causados por los animales tanto a las especies protegidas (la fauna tesoro) como a la agricultura local. Lo primero se queda en mera conjetura técnica, y lo segundo asciende a poco más de 300 euros en la última década. ¿De verdad puede defenderse una medida tan drástica a partir de datos tan líquidos? Y, en todo caso, bueno será hacerse la pregunta del millón: si justificamos la muerte de animales en clave de «legítima defensa», ¿por qué nos adherimos también a la aniquilación de otros muchos animales, estos inocuos, como puedan ser las perdices, o las truchas, o las liebres? Apreciada aquí una grosera contradicción, ¿acaso no será que con ello tratan de justificar una cosa y la contraria, no consiguiéndolo en ninguno de los casos? ¿O quizá hacen pasar por motivación lo que no es sino mera excusa?
 
Aunque a algunos les llame la atención (la desinformación habita todos los rincones), ATEA nunca manifestó su oposición incondicional a la muerte de cualquier animal. Según factores y circunstancias, matar puede (y aun debe) ser asumido como un «mal menor» (alternativa razonable a un escenario de muy peores consecuencias), o como un «deber desagradable» (autoimposición moral para eludir una tragedia de mayor calado). Y –aunque se escapa de nuestro ámbito natural de actuación– idéntica afirmación podría hacerse sobre el campo de lo humano.
 
Así pues, ni los derechos animales –usted y yo incluidos– son absolutos, ni sus beneficiarios una suerte de «seres intocables». Pero siendo «tocables» (matables), es sin duda criminal causarles daño: muy criminal si el daño es alto; escasamente criminal si leve.
 
¿Qué parte de este discurso no se entiende?
 
Parece claro que las administraciones intervinientes (Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria‑Gasteiz) no han procedido de manera empática, como de hecho no lo hacen con el asunto de la caza lúdica en general. Si así fuera, la DFA prohibiría con determinación dicha práctica en su geografía competencial, y el Ayuntamiento se negaría a que en la suya se mataran animales como divertimento dominical.
 
No ocurriendo ni una cosa ni la otra, creemos que ambas instituciones merecen una severa reprobación ética.