La crisis epidemiológica que vivimos prácticamente desde hace un año no ha hecho más que intensificar la desigualdad y precariedad preexistente así como sus efectos en el ámbito económico, social y laboral están resultando devastadores desde el minuto uno. Esto quedó cuantificado hace unos días cuando el Sr. Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda, expuso en rueda de prensa que la recaudación de las Haciendas Vascas cayó un 9,8% respecto al año anterior. A destacar que en el impuesto del IRPF la pérdida ha estado alrededor del 1% mientras que en el Impuesto de Sociedades han dejado de ingresar un 20%.

Pienso que hacer frente a la desigualdad y a la cronificación de la precariedad pasa, entre otras cosas, por una reforma fiscal profunda e integral que responda a necesidades estructurales, no solo coyunturales, que aporte los recursos que la sociedad necesite de manera continuada y que sea percibida como justa y progresiva.

El IRPF tiene que gravar realmente la capacidad de pago y cerrar las vías injustas de nuestra fiscalidad. Por lo tanto, además de pagar hay que eliminar incentivos, beneficios fiscales y deducciones tanto las que se dirigen a reducir el tipo general de gravamen del Impuesto de Sociedades, como las que van a los planes de pensiones privados, mutualidades o EPSV, por injustos, regresivos y elitistas. Son ejemplos claros de inequidad fiscal.

Hace unos días el sindicato ELA, tomando como referencia 22 grandes empresas, hizo público en rueda de prensa, un estudio sobre el tipo medio que abonaron a Hacienda en el Impuesto de Sociedades (sobre los beneficios de 2019) tras reducirse la factura fiscal después de aplicarse (I+D) que les correspondían en el citado impuesto.  

A destacar las que no pagan un solo euro y eso que obtienen buenos beneficios como por ejemplo: Petronor, Pepsico, Bridgestone, Tubacex, Gkn. También aparecen alguna cooperativas que tampoco aportaron (Ampo, Danobat) y solo Irizar se acercó a un discreto 4,9% ELA vino a decir que el drama es que esto es legal, que las deducciones son buenas para los consejos de administración y no para la sociedad y que la ingeniería fiscal se usa para pagar menos impuestos, y terminó anunciando una campaña para animar a una reforma fiscal antes del verano. Hasta aquí nada que objetar salvo por el detalle de que no se adentrara en las circunstancias que en el momento actual vive una de las principales empresas mundiales en el sector de tubos de acero inoxidable sin soldadura, el grupo Tubacex.    

Esta empresa plantea un ERE de extinción en sus plantas de Amurrio y Laudio que es rechazada por el comité de empresa por ser una salida traumática para un problema coyuntural. Se da la circunstancia de que este grupo está en el listado de empresas elaborado por el Gobierno Vasco como destinatario de los famosos fondos «Next Generation» mostrar preocupación y desconfianza por el cómo, dónde, y para qué se van a utilizar estos fondos es lógico y más que razonable. Así mismo, el fondo Itzarri EPSV que gestiona las pensiones individuales de empleo de los funcionarios dependientes del Gobierno Vasco (Osakidetza, Ertzaintza, UPV, Enseñanza,…) aparece, desde hace años, como accionista del grupo siderometalúrgico con una participación del 3,5%.

Censurar las deducciones que hacen las empresas para pagar menos en el Impuesto de Sociedades y no hacerlo con las deducciones en la base imponible de quienes aportan en la EPSV Itzarri es una clamorosa carencia de ética. Esta es legal también, pero parece que no es un drama para ELA. Aquí la ingeniería fiscal acompaña a la ingeniería social. Este sindicato nos dice que las deducciones son buenas para el consejo de administración y para los accionistas de Itzarri ¿qué son?

Aunque sea una fórmula inédita en el sindicalismo de clase es imprescindible que se consulte a los más de 90.000 socias y socios partícipes voluntarios u obligatorios de EPSV Itzarri si quieren seguir como accionistas de una empresa que despide trabajadores, paga menos a Hacienda gracias a la ingeniería fiscal… Para quienes se ofrecen como vanguardia obrera que la rentabilidad venga de destruir empleo tiene sus «bemoles».

El tiempo corre en contra y la necesidad de debatir se impone. ¿Hay alguien por ahí con capacidad y voluntad para animar un debate abierto, público y con participación social sobre el modelo privatizador de las EPSV de empleo?