En el Registro Civil constan todos nuestros datos personales, desde que nacemos hasta que morimos, con todas las variables que se puedan ir produciendo a lo largo de nuestras vidas en materia de estado civil (soltería, matrimonio, divorcios, viudedad…) descendientes que hayamos podido tener, las declaraciones de incapacidad o tutelas, las adopciones, los reconocimientos de paternidad, pérdidas de la patria potestad, opciones y adquisiciones de nacionalidad, vecindades civiles vasca o foral, cambios de nombre, de apellidos, o de su orden… e incluso con las nuevas modificaciones registrales que se han ido produciendo y las que están en proyecto, también donde constan o constarán poderes habilitados, o inscripciones sobre liquidez patrimonial... También es el lugar al que tienen que acudir nuestros mayores cuando necesitan la fe de vida y estado para poder seguir cobrando su pensión o complemento de empresa.

Debe y debiera seguir siendo un lugar de especial protección. Son datos muy sensibles que en manos con intereses privados podrían llegar a ser un auténtico tesoro con el que negociar y/o hacer negocio. 

No es extraño, por lo tanto, que se haya convertido en objeto de deseo para «lobbys» económicos o políticos. Es el lugar por el que inevitablemente tenemos que pasar todos y cada uno de nosotras y nosotros varias veces a lo largo de nuestras vidas, el lugar al que tenemos que acudir o dirigirnos para solicitar certificados de alguna de sus inscripciones (nacimientos, defunciones, matrimonio, divorcios...) o realizar alguno de los trámites anteriormente expuestos.
Han sido varios los intentos de dejar en manos con intereses privados este servicio. Los intentos habidos para que pasara a ser competencia de registradores de la propiedad, mercantiles, y/o notarios estuvieron a punto de culminarse. Afortunadamente la movilización de los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil, el conseguir romper el muro de silencio informativo y una serie de hechos que confluyeron hace ahora dos años, dejó en suspenso sus intenciones hasta el 30 de junio de este año, fecha en la que entraría en funcionamiento una Ley varias veces postergada. Se trata de la Ley 20/2011, que podría haber sido un buen punto de partida para negociar, presionar e ir poniendo las condiciones para blindar este servicio, pero que también encerraba varios peligros que más adelante enumeramos.

Por desgracia, la mayoría de los sindicatos dieron por ganada esta cuestión, cantaron victoria, mientras algunas y algunos advertíamos de que el plan B no tardaría mucho en llegar: el vaciado de competencias poco a poco. Y así ha sido. Primero han dejado de facto en manos de los Registradores de la propiedad la instrucción de los expedientes de nacionalidad, para después abrir la posibilidad de que los notarios también puedan realizar los expedientes de matrimonio. Han abierto la veda. Aunque afortunadamente ahora, de momento, la aritmética parlamentaria no le da al Partido Popular para seguir con su plan A (pasar a registradores y notarios el Registro Civil) y se tiene que conformar con ir dando pasos para la puesta en funcionamiento de la Ley 20/2011, convenientemente edulcorada. El anteproyecto de reforma de dicha ley para su entrada en vigor que había presentado a sindicatos y comunidades autónomas suponía varios peligros. En primer lugar, la desaparición de las Oficinas de Registro Civil de la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades. Los Juzgados de Paz y la mayoría de los actuales Registros Civiles de Hego Euskal Herria pasarían a ser meros receptores de solicitudes y documentación, dejando de tener competencias de inscripción y de instrucción de expedientes registrales. Posiblemente, nos quedaríamos única y exclusivamente con las oficinas de Registro Civil de las cuatro capitales, alejando a la ciudadanía de un servicio tan necesario y demandado.

En segundo lugar, en un ataque centralista, se eliminaba la posibilidad, que esta ley en suspenso sí que permitía, de que las Comunidades Autónomas pudieran nombrar a los encargados de los diferentes Registros Civiles, dejando en la práctica sin efecto la competencia ejecutiva y de gestión que se pudiera llegar a tener.

Parece que, una vez más, in extremis, gracias a los movimientos que se han podido hacer, se va a producir una nueva vacatio legis para la entrada en vigor de dicha ley. Parece casi seguro que ya no va a entrar en vigor este próximo 30 de junio. Pero esta vez, lejos de relajarse debemos exigir que todos los actores, tanto políticos, sociales, como sindicales aprovechemos esta oportunidad para poder exigir la transferencia de éste servicio, la posibilidad real de tener competencia ejecutiva y de gestión por parte de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, obligando en la práctica a que sean nuestros gobiernos más próximos los que tengan también la obligación de defensa de este servicio como público, gratuito, y cercano a la ciudadanía.

No debemos olvidar que, además, desde el punto de vista histórico y sociológico, los libros de Registro Civil son una auténtica joya que debemos preservar, y que debieran ser también una parte fundamental de ese siempre tan mentado y poco concretado Archivo Nacional Vasco.