Las recientes declaraciones de Amaia Antxustegi en las Juntas Generales de Bizkaia, asegurando que las ratios se están cumpliendo en las viviendas comunitarias, merecen una respuesta clara. Porque afirmar que las ratios se cumplen puede ser formalmente cierto y, al mismo tiempo, profundamente engañoso. Cumplir la normativa no significa garantizar cuidados dignos ni condiciones laborales humanas. Y cuando se gobierna, esa diferencia no es menor: es responsabilidad política.

Hace escasos días, desde el sindicato LAB hicimos pública una denuncia grave: la existencia de una red de explotación laboral en distintas viviendas comunitarias de Bizkaia. Trabajadoras en situación administrativa irregular denunciaron condiciones laborales peores que las de sus compañeras autóctonas y alertaron también sobre las condiciones en las que se encontraban las personas usuarias de esos centros.

La Diputación Foral de Bizkaia respondió afirmando que sus inspecciones no han detectado irregularidades. De nuevo, puede que sea cierto. Pero el problema no es solo qué se mira, sino qué se decide no detectar.

Cumplir la norma no es cuidar. Conviene introducir una precisión que rara vez aparece en el debate público. Las ratios en las residencias de mayores se rigen por el Decreto 126/2019, una norma ya insuficiente para garantizar cuidados dignos. Pero en el caso de las viviendas comunitarias, las ratios se establecen en un decreto de 1998: un decreto laxo, obsoleto y completamente desconectado de la realidad actual de los cuidados, de los perfiles de dependencia y de la complejidad creciente de la atención.

Cuando Amaia Antxustegi afirma que las ratios se cumplen, omite deliberadamente esta cuestión de fondo: se están cumpliendo ratios definidas hace más de 25 años, pensadas para otro contexto social, sanitario y demográfico. Presentar ese cumplimiento como garantía de calidad no es una simplificación técnica; es una forma de desresponsabilización política.

Las inspecciones, además, se centran en el cumplimiento formal de la normativa. No comprueban si los grados de dependencia asignados se corresponden con las necesidades reales de las personas residentes, ni si las ratios se cumplen de manera efectiva en cada turno. Se revisan expedientes, pero no se inspecciona la vida cotidiana de los centros.

Pero incluso aceptando el marco normativo actual, el problema persiste. Ni el decreto de 2019 ni el de 1998 garantizan cuidados dignos. Son normas diseñadas para contener costes, no para asegurar tiempo de atención, acompañamiento y observación.

No se exige ni se garantiza un tiempo mínimo de atención directa por persona residente. No se mide cuánto tiempo real de cuidado recibe cada una. No se tienen en cuenta adecuadamente los distintos grados de dependencia ni las cargas reales de trabajo por turno. En muchos centros conviven personas mayores con usuarios y usuarias con enfermedades mentales severas, con necesidades de cuidados muy diferentes, sin que eso se traduzca en más recursos ni más personal.
A pesar de todo, los centros «cumplen».

Una de las claves del problema está en la definición institucional de «atención directa». Para la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, atención directa es prácticamente todo lo que hace una trabajadora durante su jornada: limpiar, preparar material, hacer registros, cubrir ausencias, suplir carencias estructurales. Todo cuenta para el ratio, aunque no implique cuidar a una persona.

Esta definición tramposa infla artificialmente las ratios y oculta una realidad incuestionable: el tiempo efectivo de cuidado con cada persona residente es insuficiente.

Consecuencias que se sufren cada día. Las consecuencias son graves y concretas. Las personas mayores reciben cuidados fragmentados, reducidos a lo básico, con tiempos cronometrados para ducharse o desayunar. No hay tiempo para el trato humano, lo que acelera el deterioro cognitivo, incrementa la soledad y el sufrimiento, y elimina la observación necesaria para prevenir problemas de salud evitables. Como decía una bertsolari: «Antes eras persona, ahora eres quince minutos».

Las trabajadoras, por su parte, sufren sobrecarga, lesiones, estrés y una profunda frustración por no poder hacer bien su trabajo. Realizan un servicio público esencial, pero lo hacen en condiciones que las enferman física y emocionalmente, mientras se les exige asumir carencias estructurales como si fueran responsabilidad individual.

Nada de esto es nuevo. Llevamos años denunciándolo. Por eso resultan especialmente graves las declaraciones que se limitan a afirmar que «las ratios se cumplen», como si eso cerrara el debate. No lo hace. Al contrario: lo evidencia. Las políticas públicas que han impulsado la privatización y han mantenido normativas obsoletas son las responsables directas de la situación que se vive hoy en las residencias y viviendas comunitarias.

Desde LAB exigimos a la Diputación Foral de Bizkaia y al Gobierno Vasco que reconozcan públicamente que las ratios actuales no garantizan cuidados dignos; que deroguen el decreto de 1998 y legislen una normativa acorde a la realidad actual; que definan la atención directa como tiempo efectivo de cuidado con la persona, y que dimensionen las plantillas para que cuidar no implique enfermar.

LAB seguirá impulsando este cambio. El próximo 4 de febrero llevaremos a la Mesa Sectorial del Convenio Colectivo de Residencias de Bizkaia una propuesta concreta de ratios que incluye una gerocultora por cada cuatro residentes en cada turno.

Zaintza langileak langile publikoak gara!