Todos hemos oído los tambores de guerra que desde la OTAN el señor Rutte hizo sonar esta semana pidiendo «sacrificios» a los ciudadanos europeos para que reduzcamos el gasto público en servicios básicos como la Salud y las Prestaciones Sociales y lo reinvirtamos en incrementar el presupuesto de Defensa hasta llegar al 3% del PIB, El señor Rutte hablaba de «mentalidad de guerra», de acelerar el gasto militar y arengaba a los ciudadanos de los países de la OTAN, especialmente en Europa, para «que digan a sus bancos y fondos de pensiones que es sencillamente inaceptable que se nieguen a invertir en la industria de defensa»... ¡Qué lejos queda el consenso tras la pandemia del COVID cuando pareció que todos nos convencimos de que debíamos hacer justo lo contrario, es decir, reforzar nuestra capacidad de respuesta en el tema de salud y servicios sociales!

No se lo que opinan sobre el señor Rutte en la Consejería de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa que acaba de publicar el Anteproyecto de Norma Foral por el que se aprueba la Reforma del Sistema Tributario de Gipuzkoa y que está pendiente de aprobación en Juntas Generales porque quizás tengan que plantearse hacer modificaciones para contentar al complejo militar-industrial.

En efecto, La Reforma Fiscal que se ha planteado en Gipuzkoa, escrita con el corazón desde el Oasis Vasco y con clara intención de quedar bien y contentar a todos (empresas y votantes), plantea básicamente un incremento del Gasto Fiscal (es decir el conjunto de exenciones, ventajas y deducciones que se pueden aplicar en el pago de impuestos) orientado claramente a beneficiar al sector empresarial público-privado y a diferentes colectivos sociales, apostando por las personas con ingresos anuales inferiores a 19.000 euros, los jóvenes menores de 36 años, la conciliación familiar, el acceso a la vivienda, la movilidad eléctrica y la transición energética... No se trata de una «bajada de impuestos» pero sí de un conjunto de ayudas fiscales para pagar menos. En este sentido, se puede decir que es una reforma fiscal «más social» y que con la debida ayuda y empujón de los medios de comunicación afines puede convertirse en una reforma seductora y popular, que provoque el retorno de muchos votos perdidos.

La política de «ayudas» se recibe bien desde los colectivos sociales, pero oculta un grave problema: las «ayudas» no resuelven los problemas estructurales de la economía, son parches para que todo siga igual. Por ejemplo, se está inyectando dinero en ayudas a particulares en el mercado inmobiliario supuestamente para dinamizarlo, pero nada va a impedir que estas ayudas sigan fomentando la espiral de aumentos de precio y el negocio en la vivienda. Los precios en el mercado de venta y/o alquiler de viviendas seguirán aumentando por encima de las ayudas y los beneficiados seguirán siendo los propietarios y especuladores. Si el acceso a la vivienda es un «derecho subjetivo» como se reconoció en su día en el Parlamento Vasco, la solución consistiría en impedir que sea un negocio en el que invertir y por supuesto que tanto la venta como el alquiler estén bajo control público, mediante una Ley de Vivienda a la austriaca y no mediante ayudas fiscales que van a terminar en los bolsillos de los propios especuladores (ver "El problema de la vivienda solo se puede solucionar con intervención real del mercado", NAIZ)... Es cierto que se ha decidido eliminar las deducciones por vivienda para rentas superiores a los 85.000 euros, pero esto es testimonial y así todos contentos.

Quiero suponer que los técnicos de la Consejería de Hacienda y Finanzas han hecho sus cálculos y que les salen las cuentas para que nos podamos permitir este aumento del gasto fiscal con un previsible incremento de la recaudación debido a la situación de bonanza económica que atravesamos y que no se verán afectados por la previsible presión europea para incrementar el gasto militar a costa de los presupuestos sociales.

Y lo digo porque no veo por ningún lado medidas para aumentar la recaudación para poder financiar el incremento del gasto fiscal, lo que debería haber sucedido si queremos apuntalar el estado del bienestar. Sin embargo, no hay prácticamente nada previsto en el aspecto de ingresos, nada sobre la consolidación en el Impuesto del Patrimonio del Impuesto Temporal de Grandes Fortunas («que pague más quien más tiene» como dice la campaña europea #taxtherich), ni sobre otros tipos de impuestos. Nada por supuesto sobre una revisión del Impuesto de Sociedades (aumentar el tipo mínimo efectivo por encima del 15%, eliminar deducciones absurdas, eliminar privilegios de empresas financieras y especulativas o patrimoniales, etc.), previsiblemente las empresas vascas seguirán la tendencia sostenida en los últimos veinte años de pagar cada vez menos impuestos.

Tampoco veo ninguna mejora en otra de las solicitudes más clamorosas como es el equiparar en el IRPF las bases del trabajo y del ahorro para que los ahorradores y rentistas no estén beneficiados frente a los que viven de un salario, porque aunque se han modificado los tipos en la base del ahorro (IRPF) para hacerla «más progresiva», la realidad es que esa «progresividad» supondrá pagar aún menos impuestos que hasta ahora en el tramo 0-120.000 euros) y por supuesto se sigue manteniendo una menor tributación respecto de las cotizaciones en la base del trabajo en «todos los tramos»... esto no es para nada la respuesta que se esperaba.

Y no digamos nada sobre «claridad y transparencia»: en todo el Anteproyecto sobre la Reforma Fiscal en Gipuzkoa no aparece ni una mención a una mejora técnica en control del fraude fiscal, ni en el número de inspectores de hacienda, ni en compromiso de transparencia de la información para que los ciudadanos conozcamos por ejemplo la lista de defraudadores vascos que ocultan su dinero en Guaridas Fiscales, como fue aprobado en su día por el Parlamento Vasco, un acuerdo que las Diputaciones Forales han decidido bloquear.

Para este resultado no hacía falta el paripé de consultar a 60 expertos y recibir más de 1000 propuestas cuando lo que han hecho es pura seducción engañosa a la caza de votos cuidándose mucho de no perjudicar ni al lobby empresarial, ni al lobby financiero, ni al lobby energético, ni al lobby inmobiliario... a la espera de lo que diga el lobby militar del señor Rutte.