No es la primera vez que insisto en la importancia de incorporar la cultura preventiva sobre los riesgos laborales al alumnado desde el sistema educativo, es decir, antes de su incorporación a la actividad laboral, sin que ello elimine o sustituya la necesaria información y formación de los riesgos en la empresa a quien comienza a trabajar, incluidas las medidas en vigor en la empresa.

Con ese objetivo, llevo años de voluntario dando charlas en diferentes centros educativos, especialmente con el Proyecto Adi de Osalan y algunas de las organizaciones presentes en el Consejo General. Trato de sensibilizar al alumnado con mis experiencias sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales para evitar accidentes o enfermedades profesionales. Siempre insisto: la inversión en prevención es rentable y beneficiosa para todas, sobre todo, por las indemnizaciones, recargos, incluidos daños en la imagen, a las que son sometidas las empresas infractoras tras causar daños a la salud. También explico la diferencia entre la ley, que recoge sus derechos, y la realidad, incluida la de las Administraciones Públicas, animándolos a responder sindicalmente o de forma colectiva ante los riesgos para su salud.

Esta voluntaria actividad de sensibilización de los riesgos laborales pierde total credibilidad cuando el centro educativo incumple la ley 31/1995 de forma cotidiana. El viernes 3, estuve cinco horas en Plaiaundi de Irun, donde nos escucharon y aplaudieron decenas de alumnas y alumnos de diferente especialidad y ciclo. También tuve la oportunidad de escuchar las quejas del profesorado acerca de la falta de actualización de la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva en el centro (artículo 16, Ley PRL); o llevar años sin tener derecho a la vigilancia específica de la salud (artículo 22 PRL)... No es el primer centro en el que escucho quejas similares, por ello escribo. Estos incumplimientos en prevención del Departamento de Educación resultan inadmisibles y escandalosos, por ser responsabilidad directa del Gobierno Vasco, que luego chulea de su actitud ejemplar. Además, ese incumplimiento de la ley de PRL desanima a las nuevas generaciones trabajadoras a enfrentarse a los riesgos laborales. ¿Cómo exigir mejoras preventivas si quien tiene que requerir el cumplimiento de la ley es el mayor infractor? No vale lamentarse porque aumenten los accidentes, ni quejarse por el número de bajas por enfermedad, pues muchas de ellas derivan de la precaria prevención de los riesgos laborales. Asimismo, tengo que mostrar mi preocupación por el olvido de esta problemática y graves incumplimientos del Gobierno Vasco en las movilizaciones sindicales del sector. Los índices de bajas por enfermedad nos indican que no se trata de un problema insignificante. Espero que estas líneas remuevan conciencias y animen la acción correctora correspondiente.