En estos tiempos, en los que el IPC adquiere especial importancia para la negociación colectiva y el debate social, resulta escandaloso el silencio, ante la congelación durante 10 años, del baremo recogido en la Orden ESS/66/2013, que regula las indemnizaciones por mutilación, deformidad de carácter definitivo a causa de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Decreto que regula «el precio de la carne humana de las víctimas laborales», con clara diferencia, con las secuelas de accidente de tráfico, que el Gobierno las actualiza anualmente.

El motivo de esa escandalosa congelación parece situarse en que son las Mutuas patronales las responsables del pago por indemnización por lesiones. Lamentablemente, además de la congelación, su aplicación, resulta más injusta o rácana. Veamos unos datos, que expresan la cotidiana realidad:

A.N., tras sufrir un accidente de trabajo, que le mantuvo 8 meses de baja, le han quedado 2 cicatrices de 4,5 y 2,5 centímetros, así como una anquilosis del dedo pulgar izquierdo. En la resolución de secuelas, por la anquilosis le conceden 920 euros, tal como define el baremo. Por la cicatriz, solo le reconocen una, pese a que el baremo oscila entre 540 y 2.130 euros, le aplican el mínimo 540 euros, la otra cicatriz desaparece, siendo responsable del pago, Mutualia.

A Boni F.F, afectado de una hipoacusia neurosensorial bilateral severa por exposición a ruido laboral, que Osalan obligo al Servicio de Prevención Preving Consultores a «comunicar sospecha», el INSS reconoció la sordera profesional, pero Fremap, se resiste al pago de los 3.580 euros y las prótesis auditivas, recurriendo a la vía judicial contra la resolución del INSS.

Cantidades insignificantes para los directivos de las Mutuas, comparados con sus salarios y gastos de sus comidas de trabajo. El mantenimiento de la congelación 10 años, no les parece suficiente, dado que continúan obstaculizando con racanería la aplicación del baremo de pago, burlándose de quienes sufren secuelas de accidente o enfermedad laboral. El silencio injustificable de fuerzas sindicales y políticas, expresan el olvido o nula empatía con las víctimas, situación que reclama un cambio de actitud del Gobierno Sánchez y la actualización anual según IPC, como ocurre con el baremo por accidentes de tráfico.