Larraitz Ugarte
Abogada

Sobre el acercamiento de presos a cárceles de Euskal Herria

Todos los veranos surgen polémicas o temas estrella que a falta de noticias reales sirven para rellenar periódicos y minutos de televisión o perpetuar la aburridísima trifulca política entre partidos. Desde la cuestión de los pisos turísticos tan mal enfocado en mi opinión hasta el eterno Valle de los Caídos pasando por la ya clásica cuestión catalana… todos los dimes y diretes se convierten en noticia, meras anécdotas que no cuestiones de fondo son las estrellas del verano. Todo más light que el gazpacho.

En estas, con el cambio de Gobierno español y tras la victoria de Pablo Casado al frente de la oposición en el menú veraniego no podía más que incluirse la cuestión vasca y en concreto el acercamiento de los presos políticos vascos. Y vuelvo a la primera frase: «polémicas o temas estrella que a falta de noticias reales sirven para rellenar periódicos y minutos de televisión o perpetuar la aburridísima trifulca política entre partidos». Porque noticia sería que hubiera un acercamiento a cárceles de Euskal Herria de un nutrido grupo de personas presas y hasta donde sabemos, de eso no se avista nada en el panorama español.

El delegado del Gobierno en la CAPV, el Sr. Loza, dice hoy una cosa y mañana algo parecido. Una suerte de matices que indican una posición política (que no se puede negar que en algunos aspectos supone un avance) pero con demasiadas imprecisiones y «puedes» para un gestor que actúa con seriedad y sobre todo con el rigor que te da saber los pasos que vas a acometer. Y al PSOE le falta mucho de todo ello. Así dice que es posible que este verano haya nuevos acercamientos de presos. Y lo dice en pleno agosto, cuando el ecuador del verano ya ha pasado y al albur de la otra vez ficticia polémica surgida por el traslado de dos presos vascos desvinculados de EPPK. Parece más bien que el partido gobernante quisiera testar el sentir del pueblo español y hacer un cálculo del coste político que pudiera suponer dar pasos en materia penitenciaria. Y así es como acaba metiéndose en jardines innecesarios, cayendo en una suerte de contradicciones de las que luego difícilmente podrá salir sin hacerlo escaldado.

Dice el PSOE que el acercamiento es tan legal como el alejamiento, que es una decisión de la administración penitenciaria (hombre, la legislación no ampara la medida del alejamiento en su articulado…). Dice que no es un beneficio penitenciario. Pero justifica estos dos acercamientos en ciertas conductas atribuibles a estos presos concretos y dice que es un gesto, «una muestra del camino a seguir». ¡Esto más que un jardín es un lodazal!

Entiendo las dificultades que el Gobierno español pueda tener para dar pasos osados hacia la consecución de la paz en este país, pero en su interés podían haber sido menos temerarios en sus palabras y más audaces en sus actos…

Porque a ver, si el acercamiento es legal, es legal y punto, no necesita justificación. De hecho, es tan legal que la legislación penitenciaria dice que para la reinserción de las personas presas, éstas deben cumplir las penas cerca de sus lugares de origen. Lo contrario es un castigo y así lo han entendido las partes y la sociedad vasca y española, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra de la medida. Solo que los primeros no lo reconocen tan abiertamente. El problema para el PSOE viene cuando sienten la necesidad comunicativo-discursiva de añadirle al principio de legalidad la coletilla de que el acercamiento no es un beneficio penitenciario. No es un beneficio pero lo utilizamos para “iluminar el camino” a los demás. Y dejan caer lo de la vía Nanclares, lo de la autocrítica, la delación, el arrepentimiento. Ya está. Así se entiende mejor. La misma vía muerta años después de su escaso éxito y tras un debate en el seno de EPPK que si algo ha sido es claro en su mensaje y decisión.

La legalidad. Gran concepto. Concepto con el que tendrán que aprender a lidiar si es que quieren solucionar este tema aquellos que siempre lo han esquivado, manipulado, maltratado o distorsionado. Legalidad, como concepto asidero al que agarrarse cuando salga el Sr. Iturgaitz a protagonizar unas líneas periodísticas lamentables sobre su perdón concreto, por ejemplo, o cuando Casado y Ciudadanos intenten el desgaste político con discursos del pasado y que a día de hoy suenan fascistoides hasta a muchas víctimas. Legalidad como marco para exigir a los presos ciertas condiciones para su salida de prisión que sabes previamente que ya te las han aceptado desde hace un año, en una apuesta audaz y valiente. Legalidad para excarcelar a los presos enfermos. Legalidad para hacerlo con los mayores de 70. Legalidad para la progresión de grado. Para las libertades condicionales. Para los permisos. Para poder ver al padre antes de que éste se muera. Para que nadie tenga que pasar horas con su hijo pequeño en un coche. Para que Mirentxin desaparezca.

No es difícil. Hay que hablar menos en la prensa. Más con los propios presos. Más con la administración penitenciaria para que se desactiven todas las medidas de excepción en el interior de las cárceles. Habrá que hacer pedagogía con la sociedad. Pero si hay voluntad y disposición no es difícil. Aplicación del marco legal. Sería un gran avance. Además existen las condiciones para ello. El espejo del estado francés, la decisión de EPPK, las ganas de avanzar de la sociedad vasca…

Por ello me preocupa mucho que esta polémica veraniega desate y estanque discursos que suponen subir el precio del pan, tan atractivos para algunos sectores políticos españoles pero también vascos que buscan, con el arrepentimiento y la delación, la humillación y la derrota política de todo un movimiento político. En definitiva, que se exija a estas personas lo que la legislación no contempla como condición para la excarcelación a ninguna otra persona. Porque una cosa es recompensar, y desde el punto de vista de un Estado es lógico (el indulto es la figura para ello), a quien delate y se arrepienta –sea militante de ETA, narco, corrupto o violador en grupo– y otra muy distinta es establecer a un colectivo concreto de personas una exigencia que no se exige a otras y que ni la propia ley contempla para que se produzca un acercamiento o un cambio de grado. Al contrario, se plantea, y con muchos matices jurídicos, únicamente para la obtención de la libertad condicional.

Y tras la legalidad queda la política. Política con mayúsculas, como herramienta para solucionar grandes problemas o conflictos que se vienen acarreando. El tema de los presos vascos es una cuestión que se tiene que solucionar también con la herramienta política.  Pero me temo que, visto lo visto hasta la fecha de hoy, todavía queda mucho tiempo por delante para que la actitud del Gobierno español entre en la senda de las soluciones. Y me preocupan las expectativas que puedan generar estas noticias con listados de nombres y declaraciones institucionales que no dejan de ser fakes hasta que la realidad demuestre lo contrario. Me temo que no va a ser tan fácil. Ojalá me equivoque.

Bilatu