Marta Pérez Arellano

Cinco pisos sí son tantos: reflexiones sobre la ley de vivienda

La vivienda en propiedad no es un derecho básico, pero sí lo es contar con un lugar digno donde vivir

En el contexto de las últimas divergencias surgidas en el gobierno de coalición al respecto de la nueva ley de vivienda, el Sr. Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, declaraba su preocupación por «castigar al propietario», al señalarse la necesidad de regular los precios de los alquileres.

Resulta hiriente que el Sr. Ábalos muestre más sensibilidad hacia los «pobres» propietarios que hacia quienes a duras penas pueden costearse un alquiler; o hacia quienes hoy, en plena pandemia y a pesar de lo prometido, se continua desahuciando. Propietarios a quienes, con cinco inmuebles en posesión, el ministerio se resiste a considerar «grandes propietarios», porque al parecer, aquí cualquiera posee cinco pisos, como quien tiene cinco libros. Cabría preguntarse si no influirá en todo ello la existencia de ciertas conexiones con el sector, como que la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler esté presidida por Joan Clos, exministro socialista.

Obviamente, estos propietarios no son una clase homogénea. No puede compararse a las personas propietarias de una segunda vivienda que, obligadas a cambiar de lugar de residencia, han alquilado la anterior (a menudo aún hipotecada), o a las poseedoras de una segunda vivienda de uso vacacional, con personas y empresas que, como inversión, se dedican a acaparar bienes inmobiliarios.

Estos propietarios, con sus activos en alquiler, ganan mensualmente lo equivalente a uno, dos, tres, o incluso más salarios; engrosando los arrendamientos para conseguir el máximo beneficio posible y priorizando el alquiler turístico, sin importarles que esto incremente el precio de la vivienda en nuestras ciudades y recorte la oferta de alquileres de vivienda para uso habitual. Propietarios que, como reza el dicho, se dedican a vivir de las rentas.

A pesar de que la legalidad lo ampara, estas prácticas están exentas de toda ética. No debería ser el afán de lucro de unos pocos lo que defina el precio de nuestras casas. La vivienda debería ser un derecho, porque es una necesidad fundamental, nunca un negocio especulativo.

Así, urge regular los precios del alquiler, y no solo incentivar fiscalmente a los propietarios, porque la gente de a pie cada vez tenemos más dificultades para encontrar casa. Muestra de ello son el brutal proceso de gentrificación que está despoblando los centros urbanos, o el hecho de que en ciudades como Donostia o Barcelona el alquiler medio ascienda a 880 y 1.005 euros, respectivamente, mientras que el salario mínimo interprofesional es de 1.108 euros mensuales. Porque cuando los derechos se dejan en manos del mercado, se convierten en privilegios, y es la gente corriente quienes terminamos pagando el pato.

La vivienda en propiedad no es un derecho básico, pero sí lo es contar con un lugar digno donde vivir. Por ello, es imprescindible implementar una verdadera política de vivienda pública que incluya alternativas habitacionales adecuadas para cubrir el abanico de necesidades existentes, desde albergues hasta viviendas protegidas.

La obligación de un gobierno que se denomina de progreso es aprobar y cumplir leyes justas que protejan los derechos de toda la ciudadanía, especialmente los de las personas más vulnerables. Así pues, señor ministro, sea valiente y haga de una vez su trabajo, que es cumplir con el derecho básico (y, por cierto, también constitucional) a una vivienda digna.

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