Hay quienes consideran que las constituciones de los países resultan inamovibles cuando surgen los debates políticos acerca de su interpretación, sin querer entender que las mismas no son otra cosa que un manual para mantener acuerdos y facilitar la vida de las personas (de todas las personas), que pueden cambiarse y modificarse a la hora de los problemas de convivencia que pudieran surgir en cualquier país o conjunto de países donde las diferencias resultan comprobables y los deseos de autogobierno constatables. Está sucediendo en la España actual, cárcel de pueblos y con fuerzas unionistas impositoras de tesis negacionistas en lo que se refiere al derecho de autodeterminación de las naciones sometidas. Así es que la actual constitución, que fue concebida e impuesta en 1978, está creando problemas de interpretación, como si los anhelos de libertad de las mayorías nacionales (catalanas o vascas) no tuvieran futuro por causa de una estrecha interpretación de una legislación impuesta e inamovible. Son las actitudes unionistas las que con mayor intensidad intentan imponer el veto a una reforma constitucional que posibilite el tránsito hacia planteamientos de reconciliación y entendimiento, sobre todo desde el sector neofranquista y retrógrado (PP, Vox...), aunque el unionismo que el PSOE defiende mantiene la opresión y homologa la interpretación sobre una constitución averiada y que no representa a una parte importante de la población que la debe sufrir.

Ferdinand Lassalle (1825-1864) plantea con bastante claridad sus consideraciones sobre lo que debe ser una constitución: «los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder, y, por tanto, las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperante en la realidad social». Lo que Catalunya está pidiendo, al igual que Euskal Herria o Galiza, no es otra cosa que un cambio constitucional, donde se asuman las reivindicaciones territoriales y la capacidad de autogobierno que la mayoría de su población pide, sin tener que pasar por el embudo de la España monárquica.

La Constitución española surge y se escribe en momentos difíciles cara a una transición política, donde se pretende superar la larga y cruel noche franquista y donde la confluencia unionista firma una amnistía para todo el aparato de la dictadura (judicatura, Ejército, Policía y Guardia Civil, Iglesia y colaboracionistas industriales y de todo tipo...); se falsea el tránsito y donde se pretendía una Ruptura democrática con el franquismo, se establece una Reforma sin memoria histórica y sin oposición real al aparato fascista «atado y bien atado».

Después de 45 años de sufrir una constitución mal escrita e impositora, la tristeza llega al comprobar que en la España masacrada y pobre continúa (una buena parte de sus habitantes) votando a la derecha extrema que los neofranquistas actuales (PP y Vox) representan. Donde las cunetas y fosas de los asesinatos franquistas están por descubrir, donde hay partidos que jalean la dictadura asesina, donde se rasgan las vestiduras ante las peticiones de igualdad y democracia, donde se niegan los derechos lingüísticos, donde se favorece lo privado en detrimento de lo público, donde los poderes fácticos imponen un mensaje insolidario e individualista a través de sus medios de «información»...

El follón que está organizando la extrema derecha española después de no poder cumplir sus deseos para controlar la formación de gobierno a su favor (como insistentemente preveían las manipuladas encuestas) nos conduce al hastío y a conocer la verdadera faz de sus objetivos políticos: alterar la constitución y adecuarla a sus intereses en detrimento de la oposición, de la conjunción de fuerzas que sí podrán gobernar una vez Feijóo muerda el polvo y se encame con Vox y toda la caterva de trogloditas que le rodean. Son momentos absolutamente clarificadores y dignos de análisis, donde quienes pretenden defender la constitución manipulan a la gente al solo objeto de regresar al pasado y la oscuridad, donde las libertades y la solidaridad mueran bajo las botas mentales de corruptos y facciosos.

La Constitución española puede y debe reformarse, para cerrar heridas y reconocer a las naciones sin estado, con todos sus derechos y aspiraciones, debatiendo de forma racional y sin amenazas las formas de convivencia para un buen entendimiento y desarrollo de los habitantes de las comunidades insatisfechas y reclamantes. Todo ello sin falsas acusaciones de violencia o separatismo rompedor, pues lo ofertado hasta ahora (incluidas las muertes, las torturas, las cárceles, el TOP o «el Piolín», además de los golpes de estado camuflados...) no es otra cosa que represión e imposición, desde un poder centralista y unificador de lo diferente.

Euskal Herria dijo no a la constitución (Konstituzio honi ez) y; sin embargo, la impusieron. Los vascos y las vascas, divididos entre España y Francia, tenemos que convivir con una monarquía corrupta e impuesta por el asesino de EL Ferrol y una república jacobina negacionista de la nación vasca, cuestión que refleja con absoluta claridad el unionismo absolutista y una falta de respeto a los derechos democráticos de las minorías históricas bajo la bota imperial. La necesaria amnistía viene a reformar la manoseada constitución y a ofertar convivencia y desarrollo democrático, lo cual puede solventar la solución a los problemas históricos y las justas demandas de los habitantes de Galiza, Catalunya y Euskal Herria. Por ello es hora de arrinconar y soltar amarras con los dinosaurios políticos (González, Aznar, Guerra y otros «padres de la patria»...) que contaminan el espacio de progreso y libertad.

Ferdinand Lasalle rompe con absoluta claridad con el mantra de la Constitución inamovible e intocable y defiende con claridad su superación y reforma, siempre que sea necesario, para un buen desarrollo de las relaciones entre los habitantes de su influencia, es decir, que la Constitución no es un texto sagrado que no se puede alterar. Desde un punto de vista democrático, tanto el texto constitucional como los tribunales de justicia se pueden y deben cambiar siempre que resulte necesario para el respeto de los derechos que corresponden a los habitantes de su ámbito de influencia. También habría que solucionar los problemas con la judicatura y plantear quién debe juzgar a los jueces cuando no cumplen con las normas constitucionales.

En la situación actual, donde nos jugamos un futuro menos malo, considero que la actitud clara y firme de EH Bildu sobre los apoyos al nuevo gobierno en la España actual es un acto de firmeza y claridad para seguir avanzando en nuestros objetivos de conseguir la emancipación a través de la futura República vasca, tan necesaria para ser libres, solidarios y más felices en esta tierra antigua de los vascos y las vascas que la habitan y la defienden. Gora herria!

Euskal preso politiko eta iheslariak etxera!