Vivimos cada vez más en una sociedad de la incertidumbre, no solamente porque asistimos a una sucesión de acontecimientos imprevistos, de la crisis financiera de 2008 a la crisis migratoria de 2015 pasando por el Brexit y la elección de Donald Trump para acabar con la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, sino, más fundamentalmente, porque se produce una diversificación e intensificación de la incertidumbre que afecta a todas las esferas de actividad y es cada vez más acuciante. Ante semejante panorama, que no está exento de riesgos y que genera cierta sensación de inseguridad, dado que es cada vez más difícil anticipar los acontecimientos y proyectarse en el futuro, es indispensable dotarse de un proyecto de territorio elaborado de manera participativa, gracias a una estrecha colaboración entre las instituciones y la sociedad civil organizada.

De hecho, la incertidumbre se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad contemporánea. Esta situación resulta, en gran medida, del debilitamiento de los grandes relatos, tales como la religión católica, la ideología comunista, el ideal democrático o el neoliberalismo económico. Ese declive se acompaña de una aceleración de los cambios en todos los ámbitos, de las crisis económicas al calentamiento climático pasando por las recomposiciones políticas. Asimismo, está vinculada a la fragmentación creciente de la sociedad con la fragilización de la sociedad salarial y el debilitamiento del capital social, la erosión de las estructuras familiares y conyugales, o la crisis de los sistemas educativos y asistenciales. Por último, es inseparable de la individualización creciente de los gustos y de las prácticas, de las ideas y de las opiniones, de los modos de vida y de consumo.

La extensión de la incertidumbre se traduce en un incremento del riesgo y una exacerbación de su percepción social, lo que provoca, a su vez, una inseguridad y una sensación de inestabilidad crecientes, sobre todo en los ámbitos sociales y sanitarios. Esto genera, simultáneamente, un incremento de la ansiedad en los jóvenes ante el calentamiento climático, en los adultos ante el incremento de la inflación y en las personas mayores ante el miedo a contagiarse, y un auge del enfado social, perceptible en el movimiento contra la reforma de las pensiones en Francia, dando lugar a importantes movilizaciones y a huelgas generales.

Ante semejante paisaje, y apoyándose en una experiencia acumulada durante tres décadas, el Consejo de Desarrollo del País Vasco Norte ha decidido lanzar un nuevo proyecto de territorio denominado País Vasco 2040. Inscribiéndose en la continuidad de la prospectiva País Vasco 2010, elaborada en 1993, y del proyecto de territorio País Vasco 2020, concebido en 2007, los actores de la sociedad civil organizada de Iparralde, con el respaldo de las instituciones, iniciarán en breve un proceso participativo que aspira a elaborar un nuevo proyecto de territorio que, tras un periodo de operativización y de negociación, desembocará en un contrato territorial, tal y como se hizo con el Convenio Específico País Vasco 2001-2006, el Contrato Territorial del País Vasco 2007-2013 y el Contrato Territorial País Vasco 2015-2020.

Aunque la contractualizacion, plasmada en programas de financiación interinstitucional y en políticas públicas concretas, sea el desenlace natural de dicho proceso participativo, la finalidad principal de País Vasco 2040 consiste en crear una nueva dinámica territorial, reuniendo a los principales actores de Iparralde, sean asociativos, sindicales, empresariales o institucionales para, de manera conjunta, elaborar un diagnóstico exhaustivo de la situación, identificar unos retos de futuro, fijar unos objetivos a medio plazo y diseñar unas estrategias que permitan alcanzarlos. De ese modo, se quiere reactivar la nueva gobernanza diseñada e implementada en el País Vasco norte a partir de mediados de los años noventa y que ha desembocado en una nueva manera de concebir, implementar y evaluar las políticas públicas y, más allá, en una nueva cultura política basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo.

En efecto, al carecer de una institución propia hasta el año 2017, los cargos electos y los actores de la sociedad civil organizada se dotaron de instancias de concertación, tales como el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Electos del País Vasco, para aproximar posiciones y crear amplios consensos sobre políticas sectoriales, pero también, y sobre todo, para abordar los principales retos del territorio que eran, por aquel entonces, la institucionalización, la paz, el euskara, la ordenación del territorio, el desarrollo económico y la cohesión social. Los avances son innegables, por ejemplo, con la creación de la Mancomunidad Vasca, la consolidación del proceso de paz, el auge de la enseñanza bilingüe en primaria y secundaria o el dinamismo económico del territorio.

No en vano, desde entonces, se corría el riesgo de perder en gobernanza lo que se había ganado en institucionalización. En efecto, el proceso de constitución y consolidación de la Mancomunidad Vasca, que se ha dotado de todas las competencias contempladas por la ley, ha elaborado e implementado 23 políticas sectoriales y ha fusionado las administraciones de las antiguas diez mancomunidades, se ha hecho, a veces, en detrimento de una comunicación fluida e intensa entre la nueva institución y la sociedad civil organizada. Consciente de esa tendencia, los actores sociales e institucionales de Iparralde desean relanzar la dinámica territorial que tan buenos resultados ha dado en las últimas tres décadas, especialmente en un contexto marcado por una incertidumbre palpable. Con País Vasco 2040, gracias a un empoderamiento de la población, se pretende construir, de manera conjunta, un horizonte común que sea esperanzador y transformador de la realidad vigente.