¿Son creíbles las rectificaciones de cargos públicos tras jubilarse?
Recientemente, el pasado 18 de diciembre, un personaje público como el juez Garzón, muy conocido en Euskal Herria por sus actuaciones antiabertzales, realizó unas declaraciones desde Londres al diario El Pais, que pasaron desapercibidas, en las que afirmó que «hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español».
Tales afirmaciones me recordaron otras de otro cargo público, esta vez de la Iglesia vasca en su día, del entonces Obispo de Bilbao Jose Maria Cirarda. Reconocía que ahora ya jubilado y con lo que había aprendido «hubiera sido más decidido para denunciar las torturas y reclamar el respeto a los derechos del Pueblo Vasco». Posiblemente esta situación se ha dado y seguirá dando en muchos otros casos similares.
Ambos cargos públicos, uno en la Judicatura de la Audiencia Nacional de Madrid y otro de la Iglesia Vasca que en su día, ejerciendo sus responsabilidades ordinarias, fueron denunciados como cómplices de la tortura y otras actuaciones injustas y antiabertzales, y tras llegar a su jubilación trataron y tratan de rectificar y acercarse así a las denuncias que en su día y desde sectores sociales y políticos se hicieron contra ellos.
El ex Juez Garzón ha hecho esas declaraciones ("El País", 18-12-24) cuando, con 73 años, a punto está de jubilarse, y sigue afectado por la retirada de su condición de juez, cuya devolución reclama al Tribunal Supremo. Denunciado por las asociaciones ultras Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange española, fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 a 11 años de inhabilitación por haber realizado en el interior de la cárcel escuchas a abogados e imputados del caso Gürtel (la trama de corrupción del PP) que instruía.
Al ser preguntado si desconfía del sistema judicial español, Garzón respondió que «toda mi vida estuvo enfocada a ejercer como juez, no como abogado. Pero cuando la vida se tuerce y te juegan una mala pasada −se refiere a su sanción como juez− tienes que seguir adelante y reinventarte. Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español. No sobre las personas». Denuncia ahora también la instrumentalización del derecho con fines políticos, cuando declaró también que «desde siempre ha habido una clara intención de instrumentalización del derecho con fines políticos o económico».
Tras dejar constancia de la buena conducta y trabajo de «muchos jueces, fiscales y funcionarios», el ex juez Garzón añadió que «eso no quiere decir que, por los derroteros que vamos el sistema −se refiere al judicial español− sea el más idóneo y tenemos la obligación de ser conscientes en beneficio de todos».
El ex juez Garzón es muy conocido en Euskal Herria por sus injustas actuaciones en las últimas décadas relacionadas con la política vasca, y en especial contra la izquierda abertzale y la actividad de distintos grupos armados así como contra medios informativos de su entorno como "Egin", "Ardi Beltza", etc. Recordemos que años después de su cierre, el Supremo declaró la «ilicitud» del cierre de "Egin" realizado por el juez Garzón. La complicidad con la tortura, al rechazar o no valorar los testimonios de torturas de detenidos, así como la instrucción judicial con intereses políticos sobre medios informativos abertzales, fueron en su día denunciados públicamente por sectores políticos y sociales vascos.
El caso del Obispo Jose María Cirarda, en su día Administrador Apostólico de la diócesis de Bizkaia (1968-1971), es también muy revelador de intento de rectificación cuando ya se está jubilado y fuera de sus responsabilidades públicas. Así, en 1969, en medio de una gran represión desatada, especialmente en Bizkaia, fueron detenidas y torturadas, entre otras personas, varios sacerdotes. Monseñor Cirarda visitó en la cárcel de Basauri a dos de ellos, Martín Orbe y Jon Etxabe, torturados gravemente. El obispo vasco pudo constatar sus torturas. Días después difundió una pastoral y afirmó que si fuera verdad que la policía tortura en comisaria habría que condenarla, pero si no lo fuera habría que restituir su fama.
Veinte años después, en 1996, ya jubilado, y sin responsabilidades de Gobierno, y poco antes de fallecer ("Zamorako Apaiz Kartzela", pags. 269-271), en confesión personal en unas Jornadas de la Universidad Autónoma de Madrid, se preguntó públicamente «¿fui cobarde, fui prudente?». Tras dejar «en manos de Dios lo que me dirá en el día del juicio último» y confiar «en su infinita misericordia», Mons. Cirarda afirmó: «Solo me atrevo a decir que si hace veinte años hubiera tenido las ideas tan claras como las tengo hoy, hubiera sido más decidido en mis intervenciones episcopales, tanto para la denuncia pública de las torturas como para reclamar el debido respeto a los derechos del pueblo vasco».
Estas rectificaciones de última hora del exjuez y del obispo vasco, ¿son creíbles? Cada cual tendrá su opinión. En todo caso estas supuestas rectificaciones lejos ya de su actividad ordinaria diaria no suponen desgraciadamente reparación alguna para quienes con su actitud –ahora cuestionada y rechazada por sus protagonistas− llegaron a ser sus víctimas y que para muchas de ellas supusieron largas penas de cárcel e incluso la pérdida de sus empleos.
No obstante, alguna lección para el momento actual y futuro de todo cargo público podríamos extraer. Para ello nos atrevemos a hacer un llamamiento para que todo cargo público, político, social, eclesiástico ejerzan sus tareas ordinarias con la máxima rigurosidad y respeto a los derechos humanos. Así evitarán sospechosas rectificaciones de última hora cuando ya nada pueden aportar a sus víctimas quienes, si no fallecieron ya, tal vez adopten, cuando menos, una actitud de rechazo y desprecio.
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