Aunque no es la primera vez que se oye, el otro día me causó especial impacto escuchar en uno de los programas de reality show emitido por una cadena de televisión, relacionado con una cuestión de importancia como es el conflicto catalán. Una portavoz del partido político Ciudadanos, dando respuesta en una entrevista, cito expresamente… «porque nuestra democracia»…, dejando claro que en su concepto, existen varias democracias, según interese. A Franco y al franquismo, les interesaba la suya: la democracia orgánica. A ellos, los autodenominados constitucionalistas, solo les interesa la suya: la democracia constitucional de aquella transición forzada.

Pero además, tan solo en parte, porque ni el PSOE, ni el PP, ni su monaguillo, consideran ilegal y por lo tanto, posible de judicialización el incumplimiento consciente y reiterado que afecta, por ejemplo, a dos de sus artículos mas importantes para la dignidad social, como son los referidos a los derechos de todos y todas las ciudadanas a un trabajo y a una vivienda digna. Eso no cuenta, lo verdaderamente importante es la «gloriosa unidad indivisible de la España una, en destino universal».

Ante tamaña farsa o ignorancia de los que asaltan el poder con mentiras y falsas promesas, se puede decir que las leyes sirven para regular el funcionamiento democrático, entendiendo que están supeditadas a un concepto general de la democracia sin apellidos, no de la democracia con denominación ideológica.

Así, se puede definir la democracia, como la forma de organización social en la que sus miembros son libres e iguales y la titularidad del poder político es del conjunto del pueblo. Las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo y se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, bien sea mediante mecanismos de participación directa –democracia directa–, o bien a través de sus representantes elegidos por sufragio universal –democracia representativa o indirecta–, o de representación participativa, en la que los ciudadanos tienen una mayor presencia activa en la toma de decisiones políticas, que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa.

Como consecuencia, los responsables políticos, deben saber canalizar tales mandatos en un clima comprensivo y civilizado, por medio del dialogo y el acuerdo. Y dependiendo de la importancia del asunto o de la incapacidad de los políticos para establecer el escenario de discusión adecuado, el pueblo soberano afectado, será quien intervenga por medio de su participación directa, llámese referéndum.

El grave caso que está viviendo el pueblo de Cataluña, cuya singularidad, al igual que Euskadi, Navarra y Galicia, es recogida de alguna forma, hasta la propia Constitución española, viene precedido por agresiones democráticas continuadas por parte del poder político central. Comenzó con un fragante fraude a la voluntad popular en el año 2006, cuando tras ser aprobado el nuevo Estatut, en el Parlament, en las Cortes Generales y por el pueblo soberano de Cataluña mediante referéndum celebrado el 18 de junio de aquel mismo año, es recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP.

Cuatro años de demora fueron necesarios para restablecer la renovación periódica causada por cuatro jubilaciones en la composición del Tribunal Constitucional, por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios, respecto a su sustitución. Se compone de doce magistrados nombrados por el Rey. Cuatro propuestos por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo Superior del Poder Judicial. La intervención política, deja en evidencia la farsa sobre la separación de poderes que requiere toda democracia, que se precie.

Como es sabido, el veredicto inhabilitó buena parte sustancial del Estatut y lo que es verdaderamente sorprendente, lo hizo después de ser refrendado por el máximo órgano democrático como es el pueblo soberano, en este caso el catalán. No hay que cavilar demasiado para darse cuenta, de que aquel episodio, fue un gran acicate para fomentar el secesionismo catalán, hoy protagonista.

Es obvio que en una democracia, las leyes se hacen o modifican para adaptarse a las evoluciones sociales y nunca al contrario, es decir, adaptarse la sociedad a las leyes. De ahí, que la modificación de las leyes sea de forma continuada, salvo en el caso de una sociedad dormida, sin evolución, larvada… Otra cosa, son los necesarios consensos en materia de interés general.

De este binomio, las evoluciones de la sociedad y las leyes existentes, se desprende que una cosa es la legalidad, o sea, la obediencia a la ley y otra diferente, la legitimidad, es decir la vigencia y exigencia social de sus decisiones. La primera afecta a la justicia y la segunda a la política, pudiéndose darse el caso de que por deficiencia en la adaptación legislativa, la sociedad se vea paralizada por la legalidad.

Otra cuestión es, el sometimiento al conformismo. Se puede dar y se da, desde el poder político en representación de la soberanía popular, sobre ella misma, por causa del inmovilismo legislativo. Tal situación es fraudulenta y al margen de la democracia. Y en el caso de que exista desencuentro entre la legalidad establecida y la exigencia social, es inevitable el diálogo político, que de paso a la ratificación popular. Y a eso se le llama referéndum y entra en el marco de la política. No hay otro camino para solucionar un litigio social.

Esta situación puede ser aplicada al latente caso que se está dando en Cataluña. Existe una legítima demanda de la sociedad, que en democracia es la máxima autoridad y el Gobierno español y otros acólitos, tratan de frenarla con argumentos represivos y jurídicos o lo que es lo mismo, por imposición de la judicatura mediante la ley vigente, haciendo negación sistemática de la acción política. Y esa forma de actuar está alejada del concepto democrático sin apelativos.

Por otro lado, el conflicto generado, como fuente de alimentación de diferentes medios de comunicación, deforman la realidad dando el protagonismo a unos y otros dirigentes políticos, sobre quien gana y quien pierde. El protagonista ha sido, una parte muy importante de un pueblo ejemplar en muchas ocasiones, que se movilizó organizada y cívicamente, de forma progresiva desde hace más de siete años, cuando el poder central y la justicia a su servicio, les ningunearon despectivamente sus demandas para organizar su estatus de pueblo o país. Fue la movilización popular la que obligó a sus políticos de Cataluña a que se movieran para hacer realidad sus demandas, o de lo contrario se apartaran y dejaran actuar a la soberanía popular. Llegó un momento en que el entonces President, Artur Mas, no tuvo más remedio que subirse al tren popular, antes de que le arrollara. Y de ahí, hasta hoy. Si la demanda del pueblo es mayoritaria o no, se sabría en las urnas mediante un referéndum consensuado, pero la democracia vigente, según dicen sus fervientes defensores, curiosamente lo prohíbe.

Lo vivido, una vez más, muestra la vigencia de aquel eslogan lanzado por Manuel Fraga Iribarne, en su etapa de ministro franquista, antes de su conversión a demócrata de toda la vida: «Spain is different». Por cierto, dicen que también es autor del artículo 155 de la Constitución. La diferencia del concepto democrático con otras culturas, la corroboran las informaciones vertidas por diversos medios de comunicación, atentos a no perder noticia, real o de ficción, sobre la despedida que brindó una parte del pueblo español, a las fuerzas policiales españolas de ocupación. Estas, iniciaban sus periplos desde distintos puntos de partida, en pos de establecer el orden democrático mediante la represión. Lo hacían entre multitud de enseñas patrias, bajo los acordes de emocionantes sinfonías y odas poéticas, expresadas por cánticos de ¡A por ellos, oé…! ¡Yo soy españooool…! y la del espiritual cantautor: ¡Que viva España…¡ Que juzgue cada cual.