Las personas damnificadas por el PAI van más allá del profesorado funcionarizado gracias al proceso de estabilización derivado de la Ley del PAI. En realidad son muchas más, solo que a unas se les ha dado cierta visibilidad mediática por el recurso judicial interpuesto por Steilas, pero la mayoría restan invisibilizadas. Todas las víctimas del PAI conforman un conjunto, a modo de iceberg, donde su parte sumergida concentra la mayoría de las víctimas.

El proceso de estabilización del profesorado, ha sido para plazas PAI, sobre todo en Educación Infantil y Primaria. Prácticamente no ha habido ninguna plaza para impartir en castellano o en euskara en Educación Infantil y Primaria. La gran mayoría del profesorado que lleva más años trabajando y que, frecuentemente, ha aprobado en otras oposiciones sin convertirse en personal funcionario, ha quedado excluido del proceso de estabilización y, para mayor escarnio, también ha sido apartado de las indemnizaciones por no convertirse en funcionario en el proceso de estabilización.

De hecho, en los últimos 14 años se han convocado muchas menos plazas de las necesarias, ya que se estaban reservando para el PAI. Esto implica que numerosas personas que llevan muchos años trabajando en la educación pública se encuentran en estos momentos con contratos precarios o incluso en el paro. El Departamento de Educación únicamente se ha preocupado de reducir la tasa de interinidad del personal que imparte en el PAI, pero no en la de la mayoría del profesorado. El profesorado público padece una tasa de interinidad del 50% según el último informe de fiscalización de la Cámara de Comptos.

Navarra tiene una ley, que no existe en otras comunidades autónomas, de acceso a la función pública docente, donde se obliga a realizar las pruebas de la oposición en la lengua vehicular de esa plaza. Esta ley fue promovida por el propio Carlos Gimeno en 2017 para supuestamente garantizar el nivel lingüístico del profesorado en su desempeño en plazas de castellano y euskara. De manera totalmente contradictoria no se han realizado en inglés las pruebas para las plazas PAI, tal y como dispone la Ley del PAI, con lo que queda patente que si se trata del inglés, ya no les importa el nivel lingüístico del profesorado o quizás pensaron que para una gran parte de las y los opositores resultaría un escollo infranqueable la realización de las pruebas en esa lengua.

Los requisitos lingüísticos incoherentes, con la citada ley de 2017, de la Ley del PAI en las pruebas de las oposiciones, demuestran que la mejora del aprendizaje del inglés nunca ha sido la verdadera razón para implantar dicho programa, tal y como afirmó la propia Yolanda Barcina, reconociendo que la expansión del PAI pretendía la disminución de la enseñanza en euskara y del euskara.

Además, este objetivo espurio ha llevado a la implantación de un programa que ha ocasionado el empobrecimiento de la calidad de los aprendizajes de las diferentes materias, el aprendizaje desequilibrado del inglés, un obstáculo añadido para el alumnado con mayores dificultades, el aumento de la segregación escolar y el incremento de la sobrecarga familiar, por la mayor necesidad de apoyos externos en inglés.

¿Hasta cuándo se permitirá que el Departamento de Educación siga con esa política que provoca víctimas entre el profesorado, el alumnado y las familias?