Josu Iraeta
Escritor

Togas limpias

Estos tribunales están siendo utilizados por los diferentes gobiernos españoles –incluido el actual– como auténtica punta de lanza, fundamentalmente contra quienes reclaman el ejercicio del derecho a la libre determinación. Ignorando y anulando todos los derechos que proclama su propia Constitución.

Entiendo que se ha escrito mucho, muchísimo sobre el tema, es cierto. Que las salas de algunos juzgados están minando el prestigio de la profesión, también es cierto. Pero la vergüenza que sienten cientos de miles de juristas, al observar cómo la cúpula del Poder Judicial ejerce la prestidigitación, mutando las salas en carpas de circo, también es cierto.

Estamos –una vez más– situados en la cima del escándalo, inmersos en un continuo desatino que se prolonga porque, sin duda cuenta con fervorosos e interesados defensores. Un escenario donde la estanqueidad no se percibe y pocos la echan de menos. Un escenario en el que las «sentencias» derivadas del ejercicio político, concurren una tras otra, sobre la misma dirección argumental.

Aún aceptando como lógica y sana la dispar «objetividad» que se establece con los lectores, soy consciente que con una entrada como la del párrafo anterior, no es fácil situar este trabajo en un equilibrio que pudiera ser deseable, y no porque me sienta cómodo en la polémica, sino porque lo que pretendo no es otra cosa que escanear el oficio, el ejercicio de algunos juzgados de mayor «prestigio» del Estado.

La experiencia acumulada me dice que hay que bucear entre las causas y no perderse en los efectos, aunque estos sean graves, incluso irreparables. Aquí surgen preguntas, rápidas y directas; ¿dónde están, cuales son las causas de lo que está pasando desde hace lustros con los tribunales, con los jueces «políticos»? ¿Obedecen o sintonizan con una estrategia inducida por el ejecutivo en ejercicio? ¿Actúan como acólitos de La Moncloa, descendientes del justicialismo peronista? ¿Son víctimas de su exacerbado afán protagonista, acumulador de notoriedad y fuente de riqueza?

¿Son un producto lógico, consecuencia de la porosa estanqueidad de poderes vigente en el sistema político español? ¿Hay de hecho, algún poder o institución que ejerza «de verdad» control sobre ellos, o por el contrario las consecuencias de su incontrolada independencia deben ser asumidas como errores del sistema?

Asumiendo que siempre es más difícil la terapia que el diagnóstico, yo apuesto por una simbiosis.

Centrados en el tema, en mi opinión, además de las citadas, cabe añadir otras razones, y estas son los cauces de formación y vías de acceso a la carrera judicial, ya que estimo es así como se obtiene la deformación necesaria que permite «hacer carrera» a quienes se sienten poder y actúan como justicieros.

Este tipo de juez, -con frecuencia- solicitado protagonista de la actualidad, habitual en conferencias de prensa y artículos de opinión, son estrellas de la prensa que informa menos y opina cada vez más. De las tertulias radiofónicas y televisivas que transmiten opiniones improvisadas de tertulianos competentes en todas las materias imaginables. Los hay incluso, autores de libros con marcada tendencia a la «ciencia-ficción». Así pues, son un claro exponente de la deformación antes citada. Este es el prototipo de «juez político», personas que han accedido a la carrera judicial y desarrollan su ideología por sistema y como principio de actuación.

El «juez político» necesitado de exhibir su capacidad de incidencia social, puede o no, pronunciarse en contra de otros poderes del sistema, - incluso por rencor- pero no se muestra tan radical en defensa de su independencia, cuando se trata de instituciones capaces de influir en el logro de sus intereses personales.

Inmerso en esta vorágine, el «juez político» lejos de los principios y fines de su teórico cometido, fortalecido y agigantado por los medios de comunicación, se siente ungido salvador de «su» patria y olvida que accede a la carrera judicial como funcionario y que su nombramiento no está sometido a la elección popular.

Comparto la opinión de que la situación actual no puede mantenerse así, pero también quiero apuntar que puede empeorar. Y lo digo porque toda estructura en proceso de desorden y abandonada al libre ejercicio de sus habilidades, tiende a agravar su degeneración.

Naturalmente, toda estructura precisa de un marco que le permita intervenir y por tanto este no puede ser ajeno a la gestión que genera el problema. La Audiencia Nacional, el T. Constitucional y el T. Supremo componen el marco.

Estos tribunales están siendo utilizados por los diferentes gobiernos españoles –incluido el actual– como auténtica punta de lanza, fundamentalmente contra quienes reclaman el ejercicio del derecho a la libre determinación. Ignorando y anulando todos los derechos que proclama su propia Constitución.

Componen un escenario sombrío y anacrónico, donde «La Audiencia Nacional Española» es sin duda, la de mayor «prestigio» acumulado. Testigo de incontables e inconfesables inmundicias jurídico-políticas que se han conocido en los últimos cuarenta años.

Hay muchas razones para eliminar alguna y reestructurar otras, entre las instituciones citadas. La permisividad y concomitancia –fruto de la nula estanqueidad– hacen que el Poder Judicial, sea hoy, «El Capitán Trueno» del sistema político español.

Es evidente que el diagnóstico expuesto puede ser o no compartido. Que la terapia que se perfila en este artículo sea calificada de radical, también lo es. Pero si no se acude a la raíz del problema con ánimo de resolver, si quienes pueden y deben no actúan con sensatez e inteligencia, articulando un proceso de saneamiento, no saldremos nunca de esta situación degenerativa y la política continuará oscilando entre crónicas judiciales. Lejos, muy lejos de la democracia.

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