La situación de elevado paro, y su concentración en un tipo determinado de perfiles, y la apuesta de los gobiernos y de la mayoría de partidos políticos por generar un empleo de alta cualificación, ha llevado a abandonar a su suerte a miles de trabajadores y trabajadoras que encuentran cada vez más dificultad en mantener un empleo digno.

En Euskadi, en la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2016, la población mayor de 55 años que se encuentra en paro es de 20.300 personas, habiéndose incrementado en cerca de cuatro mil personas en los últimos tres meses (de 16.500 a 20.300 personas), lo que supone un incremento del 23% en tan solo tres meses; que en el caso de los hombres alcanza un incremento del 58%.

Además, en el caso de los hombres que tienen estudios de primaria, se ha incrementado el número de parados en un 43% en los últimos seis meses; y los hombres que llevan buscando un empleo más de dos ha tenido un incremento de un 18% en el último trimestre.

Ante esta situación el «Trabajo garantizado» y el «Reparto del empleo» son dos medidas complementarias que tienen una misma finalidad, lograr que toda persona con capacidad de tener un empleo pueda acceder al mismo. Pero, además, las políticas de reparto del trabajo representan una alternativa necesaria para la redistribución de los recursos desde otro paradigma, basado en la equidad de género y la solidaridad intergeneracional.

El trabajo garantizado o, siendo más rigurosos, empleo garantizado, parte de la premisa de que, si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es profundamente absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades sociales no estén cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestras personas mayores, de nuestros hijos e hijas y de las personas enfermas, que aumenten los servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras de nuestros municipios, que se cuide de nuestro medio ambiente, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que se trabaje con las personas excluidas y vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, que se habiliten edificios para ganar en eficiencia energética, etc.

El reparto del empleo representa, hoy por hoy, una alternativa necesaria para la redistribución de los recursos y la riqueza desde otro paradigma, basado en la equidad de género y la solidaridad intergeneracional. Es de puro sentido común y por ello, precisamente, resulta fácilmente entendible. Si el trabajo remunerado no alcanza para todas las personas que están disponibles para el empleo, por qué no modificar el criterio de reparto del mismo, reduciendo la parte del tiempo que comprometemos laboralmente en nuestras vidas. ¿Qué impide pasar de la jornada laboral máxima de 40 horas a otra de 25 o 30 horas máximas a la semana?

Hay quien dice que una propuesta como esta no cuajaría porque parte de la clase trabajadora se resiste a reducir su nivel de ingresos. Si bien, seguro que hay trabajadores que no están a favor de esta medida, no podemos dejar que esta posible división de intereses sirva para mantener un status quo que favorece al sistema capitalista.

Estas dos propuestas, trabajo garantizado y reparto del empleo, convenientemente coordinadas pueden permitir lograr incorporar al mercado laboral a todas las personas que pueden trabajar, lo que redundará en incrementar el desarrollo de nuestra sociedad; ya que se tendrá en cuenta lo que cada uno y una de nosotras puede aportar a la sociedad a la que pertenecemos. Este es el desafío al que nos enfrentamos, y esto es por lo que vamos a trabajar desde Ezker Anitza.