Adolfo Muñoz «Txiki»
Secretario general de ELA

Tras ETA… ¿qué?

No es la primera vez que actúa así. Al tener conocimiento del plan de desarme del 8 de abril de 2017 pretendió condicionar su celebración y, al comprobar que no lo lograría, contraprogramó un acto en Donostia para restarle protagonismo. Ha vuelto a hacer lo mismo en Bertiz con Uxue Barkos.

ELA valora como histórica y positiva la desaparición de ETA. Una vez se ha producido el cierre de este ciclo, que ha sido muy complicado, quedan temas importantes que abordar, como la normalización política, víctimas, personas presas, estatus político...

Aunque el fin de ETA se diera por descontado, debemos alegrarnos. No todos lo hacen. Su desaparición debería permitir abrir un nuevo ciclo en el que los proyectos políticos se confronten civil y democráticamente, sin mezclar reivindicaciones legítimas con prácticas violentas. Es el Estado el que va a poner los obstáculos antidemocráticos. Sin embargo, hay interés en mantener una interminable guerra de relatos para mantener cautiva la política.

El Estado español no ha querido un cierre ordenado de ETA. Obstaculiza, todavía, la normalización política porque quiere debilitar al soberanismo y evitar el desarrollo de un proyecto de izquierdas alternativo. Objetivos ambos coherentes con su agenda involutiva en todos los órdenes: autogobierno, derechos humanos, erosión de la democracia, corrupción... En relación con el autogobierno esa agenda involutiva la reivindican ministros del PP para que el Estado recupere competencias. «Ahora toca España», afirman. Y, claro está, imponiendo políticas antisociales que aumentan las desigualdades.

Tras ETA, es obligado preguntarse si el objetivo de debilitar al soberanismo y cortocircuitar a una izquierda política y social alternativa solo interesa al bloque PP-PSOE y C’s. Para contestar a eso hay que tener en cuenta algunas cosas.

En primer lugar, PP y PNV se necesitan. Defienden un modelo de sociedad conservador. Aparecen juntos en todos los acuerdos sobre políticas económicas (presupuestos, fiscalidad, regla de gasto, recortes, TAV…). En Madrid, Gasteiz y Diputaciones. Urkullu defiende la «estabilidad» para aplicar esas políticas, apoya a la patronal, no tolera el pensamiento crítico y renuncia a cualquier confrontación con el Estado. Tiene una concepción «institucional» de la política a la que le estorba la sociedad civil organizada. Los neoliberales, en las cosas de comer, no compiten entre ellos.

En segundo lugar, Andoni Ortuzar, líder del PNV, se muestra satisfecho con la situación actual. Ante la involución más grave de los últimos 40 años, afirma que «nunca antes el PNV había influido tanto en la política española». ¿De verdad? Un observador atento concluiría que la vida política ha terminado por convertirse en una representación teatral. Estando convencido de su «influencia» es normal que no considere necesario cambiar estrategias, objetivos y alianzas. Les va bien. Compartir políticas neoliberales les lleva a apoyar al PP usando como coartada a Ciudadanos. En España, la derecha económica (Ibex-35) ha previsto el desgaste del PP apoyando nuevos liderazgos en la derecha política. El dinero juega a palos distintos para salvar sus intereses. C’s podría sustituir al PP como primer partido para apuntalar una España más intolerante con las naciones sin Estado y, por supuesto, complaciente con el dinero. El PSOE, por su parte, es previsible: reformó el artículo 135 de la Constitución (la decisión más dura de la crisis), apoya el 155 en Cataluña, se desdice de los avances fiscales que acordó en Gipuzkoa con Bildu y, donde gobierna aplica las mismas políticas que PP y PNV.

En tercer lugar, el PNV renuncia a sacar conclusiones de las palabras de Rajoy en la Convención del PP en Sevilla: «Ahora los gobernantes ya saben lo que pasa cuando se hace lo que no se puede hacer»: la cárcel.

Las ausencias y presencias de Kanbo y Bertiz se entienden si tenemos en cuenta todo eso. Urkullu rechaza cualquier diseño participativo que conceda un papel relevante a la sociedad civil organizada. No quiere compartir nada con nadie. Se ha referido a Cataluña diciendo que «desde 2010 hay una superposición de la democracia participativa que condiciona la vida institucional». Sacraliza lo institucional como único campo de actuación política. Por eso no estuvo en Kanbo.

Por eso, y porque quiere una gestión exclusiva de la agenda post-ETA. No es la primera vez que actúa así. Al tener conocimiento del plan de desarme del 8 de abril de 2017 pretendió condicionar su celebración y, al comprobar que no lo lograría, contraprogramó un acto en Donostia para restarle protagonismo. Ha vuelto a hacer lo mismo en Bertiz con Uxue Barkos, presidenta de un Gobierno apoyado por un cuatripartito, con una posición coincidente con la del PNV. Urkullu ha llegado a criticar a los representantes internacionales presentes en Kanbo y ha apercibido a Etchegaray, presidente de la Comunidad de Aglomeración de Iparralde, diciéndole que desconoce lo que sucede y que solo hay un lehendakari, él mismo.

Urkullu ve a Rajoy «sensible» en política penitenciaria. Escuchando a Zoido no parece que sea así. De verdad que aplaudiríamos si la política penitenciaria se pusiera como condición en las relaciones con Madrid. Hoy no es así. Ni la política penitenciaria, ni la construcción de imputaciones irracionales como las de Altsasu o Cataluña, etc... No; la agenda involutiva del Estado no es un problema, hoy por hoy, para el PNV y su Gobierno.

Las prioridades del PNV son otras: aplicar políticas neoliberales, que su modelo de licitación de macroproyectos no se cuestione (ver el draconiano castigo económico que impulsan para quienes se opusieron a la incineradora de Zubieta) y, respecto al nuevo estatus, que si se produce un acuerdo en Gasteiz se pueda gestionar, sin confrontación alguna, en Madrid. Es el propio Urkullu quien respecto a eso dice «que (...) se respete la legislación derivada de la Constitución española...». Sobre esas premisas, terminarían decidiendo el «nuevo estatus» quienes vetan el autogobierno. Mientras, en tiempos de involución, el PNV maneja los tiempos y despolitiza la sociedad vasca.

ELA no comparte, con este diagnóstico, la «propuesta de país» que EH Bildu dirige a quien no desea compartir camino (PNV). Esa «propuesta» es contraria a la pedagogía que el soberanismo necesita. Creemos que el reforzamiento del soberanismo y de la izquierda política y social no depende ni del Estado, ni del PNV. Depende de si, entre otras cosas, se da centralidad al modelo de sociedad, buscando ahí alianzas estratégicas. En esta nueva fase sin ETA… ¿sobre qué ejes vamos a polarizar la acción política y social?

ELA está convencida que en Euskal Herria hay fuerza militante y masa social dispuesta a comprometerse en la lucha democrática por la justicia social y la soberanía. Para impulsarlo es imprescindible construir una sociedad organizada en todos los ámbitos; en lo sindical, social, cultural, euskera, feminismo… en la política. Prescindir de la sociedad organizada sería definitivo desde un punto de vista nacional y de clase. Es normal que los neoliberales prescindan de ella; se bastan ellos solos. Nosotros y nosotras no. Ojalá el fin de ETA venga acompañado de una nueva cultura política que permita trabajar esos ejes.

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