Desde su anuncio, ha habido un goteo de información velada, especulaciones en medios y una voluntad rotunda de discreción bajo la premisa de asegurar al máximo el éxito del proceso. La mayoría de dudas sobre el quién, qué y cómo se va a llevar a cabo no han sido resueltas hasta tres días antes del Día D. Cierto es que, en los desarmes, hay fases en las que el blindaje de los detalles se hace necesario, especialmente cuando la precariedad del acuerdo o factores externos lo amenazan. También lo es que, a veces, ese secretismo puede deberse a otros motivos distintos: considerar innecesario que la sociedad civil conozca los detalles de un proceso –a priori- técnico, o concebir el desarme como un proceso que empieza y acaba con la entrega física de las armas.

Es indispensable, sin embargo, que la sociedad civil –entendida en su término más amplio– acceda a información oficial, clara y veraz que le permita juzgar autónomamente si el desarme se va a llevar a cabo o no con garantías objetivas. No es suficiente con asegurar desde los medios que el proceso «será completo, verificable y legal», sin especificar cómo van a trabajar los verificadores, cuál va ser el destino de las armas y qué instituciones van a respaldar y supervisar el proceso. Con más motivo se hace necesaria esa información si, como en el caso vasco, es la sociedad civil quien está liderando la construcción de la paz.

Así, confidencialidad y seguridad no deben confundirse con falta de transparencia y el equilibrio entre ambas deviene una responsabilidad política de primer orden que debe ser asumida sin titubeos. La agencia de las Naciones Unidas para el desarme, la desmovilización y la reintegración (UNDDR) destaca la transparencia como un principio básico en estos procesos, y a la sociedad civil como un actor clave a la hora de asegurar que los programas son realistas y bien comprendidos.

Explicar qué se puede contar y qué no, evitando secretismos injustificados, ayuda a llevar a cabo procesos incluyentes y no elitistas.

Por otra parte, entender el desarme como un proceso meramente técnico que culmina el día 8, resulta desfasado, poco realista y, sobre todo, arriesgado. Desfasado porque los propios estándares internacionales trabajan desde hace casi tres décadas con una perspectiva mucho más integral: los llamados procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), que persiguen no sólo el final de la violencia a corto plazo, sino la consolidación de una paz duradera y la reinserción de quienes tomaron parte en la contienda a la vida «civil».

Poco realista y arriesgado porque el desarme no es un final, sino el principio de algo mucho más grande y complejo. La situación y el futuro de los presos y presas está sobre la mesa - incluso como contrapartida a una hipotética disolución- pero no es el único fleco que queda por cerrar ¿Qué sucederá, por ejemplo, con quienes están en clandestinidad? ¿Cuál va a su futuro? No es difícil imaginar que, lejos de plantearse una salida colectiva, les espera «todo el peso de la ley». Pero algún día saldrán a la calle, y lo harán con unas necesidades específicas que no por ignorarlas van a desaparecer. No se espera nada en este sentido del Estado Español más allá de lo puramente penitenciario, pero y del Gobierno Vasco, ¿qué se puede esperar?

Se abre, además, el reto de «desarmar» simbólicamente no sólo la política y los medios, sino a una sociedad que lleva más de 50 años normalizando códigos éticos y morales militarizados. Habrá que abordar la desmilitarización de forma integral. Desde la reducción de las fuerzas de seguridad hasta las mentes y los cuerpos. Desde las organizaciones políticas, lo cultural y lo simbólico, hasta los hogares y la construcción de los géneros. Y este proceso tiene poco de técnico. Al contrario, pertenece a la sociedad vasca en su conjunto, no a las instituciones, no a los gobiernos, no a cinco «artesanos de la paz». Nos apela a todas, también a las mujeres, a las disidencias sexuales, a las migrantes y a las vecinas de a pie.

Tras el 8, superado ya el escollo de la entrega de armas, se abre un espacio para nuevos acuerdos sociales, que harán necesario redefinir quién nos representa, quién lidera esa renegociación de acuerdos y dónde y entre quienes se toman las decisiones, para asegurar el carácter participativo y transformador del proceso. Y para garantizar, también, que la implementación de la desmilitarización se lleva a cabo atendiendo a las experiencias y demandas de todas. De no hacerlo, perderemos la oportunidad de promover un proceso que vaya más allá de la concepción tradicional, incompleta, patriarcal y elitista de los desarmes. Atendamos con altura de miras este reto.