El contencioso territorial del condado de Treviño continua estancado, una isla burgalesa en el corazón de Álava; no obstante, las diputaciones españolas de Álava y Burgos han vuelto a negociar y firmar convenios de cooperación. Los anhelos de la ex alcaldesa de Treviño Inmaculada Ranedo (PP) se hacen realidad: «Permitir trabajar de una manera correcta, hablar de los problemas verdaderos del condado de Treviño sin la presión de siempre, sin esa especie de chantaje de que si hacemos algo tiene que ser para que Treviño sea de Álava».

Treviño, administrativamente hablando, es parte integrante de la provincia de Burgos y como tal es a la Diputación de Burgos o como ente superior a la administración autonómica de Castilla y León a quien la señora Ranedo y los que suscriben sus palabras deberían de pedir cuentas. Más allá de cualquier partición territorial omiten la realidad del territorio, nadie puede poner en duda la cercanía o incluso la afinidad cultural del condado con el territorio histórico y por tanto con el resto de Euskal Herria.

Los nacionalistas españoles, confundidos con constitucionalistas, desde un punto de vista racional defienden en el caso de Treviño lo indefendible. El asunto viene de lejos se trata de un anacronismo medieval que no han sabido solucionar y se ha terminado enquistando. Las sucesivas constituciones liberales españolas, empezando por la de Bayona de 1808 (esa gran olvidada), entre otras cuestiones han intentado racionalizar la distribución del territorio. La repartición provincial actual es prácticamente igual a la propuesta en 1833 heredada con pequeños cambios de la de 1822, en el caso alavés sorprendería la distribución provincial propuesta (Treviño, Miranda de Ebro... se verán integrados en la provincia, sin embargo excluyó a territorios históricos). Ambas fechas son de gran significado para el futuro de las provincias forales y para el Reino de Navarra, coincide la de 1822 con el alzamiento realista que pondrá fin al llamado Trienio Constitucional (derogando todos los cambios realizados) y a su vez la de 1833 coincidirá con el primer alzamiento carlista (una guerra que durará siete largos años y que en el caso Vasco-Navarro la defensa de la foralidad jugará un papel determinante).

La racionalización del territorio llevó a la supresión de los señoríos y a la práctica extinción de los enclaves.

Los criterios seguidos para conformar esas provincias bajo unos criterios racionales fueron los siguientes:
- Extensión (desde el punto más alejado de la provincia debería poder llegarse a la capital en un día).
- Población (las provincias deberían tener una población entre 100.000 y 400.000 habitantes).
- Coherencia geográfica (regiones naturales).

Como podemos ver el caso de Treviño incumple todas las propuestas racionales planteadas por los liberales constitucionalistas.

El enclave, constituido por los municipios de Treviño y la Puebla de Arganzón, se ha convertido en una especie de territorio comanche, sólo le faltan los casinos. Para disfrutar de los servicios básicos los residentes se ven obligados a salir de la comarca, mayoritariamente a Vitoria (ciudad macrocéfala del territorio histórico de Álava), cuando no a Miranda o Burgos para cuestiones administrativas.

Va siendo hora de enmendar el error y de dar una solución "constitucionalista" al contencioso del condado. Pero no, recordemos a don Mariano Rajoy durante la visita de David Cameron a Gibraltar en el verano del 2016: "Gibraltar es español, con Brexit o sin Brexit", vamos ¡por cojones!; como siempre se hacen las cosas en España. Pues lo mismo el condado de Treviño es Burgos por cojones, o mejor por aquello de ser "una unidad de destino en lo universal". Sin importar la razón ni valorar el bienestar de los vecinos.