Hoy en día, los espacios de la derecha y la izquierda no están definidos por una raya que divida con claridad el campo en el que solo se puede estar de un lado o del otro. Quizá podamos representar mejor la realidad de los espacios políticos con una imagen de esferas flotantes que contienen multitud de variables, en algunas de las cuales, los actores políticos, que se autodefinen como izquierdas o derechas, comparten prácticas cuando tienen responsabilidad de gobierno. Efectivamente, muchas de las certezas de ayer, hoy están en entredicho. Y, sin embargo, algunas de ellas, máxime cuando afectan a derechos humanos básicos, son más necesarias que nunca.

En estos tiempos, cuando los posicionamientos políticos se han trocado líquidos, hay un terreno, en el cosmos político de las esferas volátiles, donde determinadas prácticas llevadas a cabo por partidos de distinta adscripción ideológica se superponen, como si de un eclipse parcial se tratara. Este es el caso de la práctica de empadronamiento (sería más propio decir de no empadronamiento) que se lleva a cabo en muchos ayuntamientos cuando se trata de personas residentes que carecen de un domicilio en el que poder empadronarse. Hablemos sobre ello:

Los tres partidos mayoritarios en el ámbito municipal de la CAPV presentaron en junio de 2025 un documento de criterios comunes sobre empadronamiento en casos especiales para ser aplicado por todos los ayuntamientos, documento que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos).

En este documento, se reconoce «El derecho y el deber de las personas de empadronarse en el domicilio donde realmente residen, con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda y de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio». Y se reconoce asimismo el derecho al empadronamiento, entre otros casos: 1) a las personas sin domicilio (es decir, en situación de calle), 2) a las que viven en infraviviendas (casas abandonadas, caravanas, etc.) y 3) a aquellas que residen en un domicilio con dificultad para empadronarse en el mismo. «Cada ayuntamiento deberá gestionar todos los casos de esta naturaleza que se produzcan dentro de su ámbito territorial, dado que el padrón debe reflejar las personas que efectivamente residen en el mismo».

A pesar de que estas recomendaciones han sido remitidas por EUDEL a todos los ayuntamientos de la CAPV, hasta la fecha ninguno de ellos las está aplicando, lo que parece un acto de hipocresía mayúsculo, ya que sus firmantes son los mismos partidos que gobiernan la casi totalidad de dichos ayuntamientos. Además, las personas no empadronadas en las situaciones descritas vieron en este acuerdo la vía para su tan esperado empadronamiento, por lo que, su no aplicación, constituye una muestra de insensibilidad. Aquí conviene recordar, sobre todo a los partidos de izquierda, que no somos lo que decimos ser, sino lo que hacemos.

Sigamos avanzando. En los pocos municipios donde se está planteando regular el padrón social, en lugar de tomar como punto de partida el acuerdo de EUDEL aprobado por unanimidad por los tres partidos mayoritarios vascos y valorado positivamente en lo fundamental por parte del movimiento social en favor del derecho al padrón, se parte de modelos que rebajan los contenidos del citado acuerdo de EUDEL, tanto en su formulación técnica, como en la claridad en que se establecen los derechos de empadronamiento. Estos modelos vienen «cargados» de un cúmulo de prevenciones y limitaciones que dificultan en la práctica, si no es que la anulan, la obligación de la administración a empadronar a las personas que, residiendo en el municipio, tienen dificultades para acreditarlo, obligación que nace, hay que recordarlo, del derecho de la persona residente a ser empadronada. En este sentido, añadidos tales como: que el padrón social se realizará con carácter excepcional, y por razones humanitarias, o que se realiza como medida temporal, con una duración de 8 meses, pudiendo prorrogarse por periodos de 4 meses, con seguimiento bimensual de cada caso, ponen de manifiesto que no se aborda la solución desde la perspectiva del derecho de la persona residente, cuyo único requisito debe ser la comprobación de su residencia en el municipio.

¿Qué explicación podemos darnos para entender la tibieza con la que se está procediendo a la hora de llevar a la práctica los acuerdos alcanzados en materia de padrón social? ¿No será que se tiene miedo a impulsar medidas que favorecen la inclusión social de las personas migradas? ¿A qué se tiene miedo, tal vez a enfrentar los discursos xenófobos tan en boga que nos hablan de efectos llamadas, cuando no de una invasión de migrantes en toda regla? Sin embargo, para cualquier partido que se considere de izquierdas, o incluso de centro, resulta imprescindible enfrentar las ideas y los discursos de la extrema derecha con decisión y sin reticencias, y no solo porque resulta consustancial a sus convicciones, sino que, de no proceder de esta manera, corre riesgo su propia supervivencia como opción política. El ejemplo del recientemente elegido alcalde de Nueva York puede marcar el rumbo a seguir a la hora de impulsar, sin complejos, políticas sobre migración y lograr, a la vez, el respaldo social: «Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante. (…) si esta noche nos enseña algo, es que las convenciones nos han frenado. Nos hemos postrado ante el altar de la cautela y hemos pagado un elevado precio por ello».

Además de alcanzar acuerdos, hoy más que nunca es necesario actuar con decisión y sin miedo en favor de los derechos para todas las personas. El empadronamiento de todas las personas que viven en nuestros municipios, es una buena oportunidad para obrar en consecuencia. Sin miedos y sin cautelas. Por derecho.