Responsable del Gabinete de Estudios de ELA
Urkullu miente. Puede pero no quiere

Vamos a salir a la calle el día 30 de enero. Su negativa a sentarse para debatir las demandas es una razón más para ello

2020/01/23

El lehendakari Urkullu, a diferencia de lo que ha hecho la presidenta de Navarra, se ha negado a reunirse con las organizaciones que convocamos la huelga general del 30 de enero. El argumento principal es que lo que se reivindica no es de su competencia, excepto en materia de vivienda, aspecto en el que señala que somos pioneros en nuestro entorno. ¡Que se lo diga a las más de 100.000 personas que no pueden acceder a una vivienda por motivos económicos, o a quienes tienen que pagar 1.055 euros mensuales de media por un alquiler!

Es muy grave esta actitud, entre antidemocrática y autocomplaciente, lo que va contra toda evidencia. La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, que se publicó con retraso en pleno agosto, mostró que la pobreza y la desigualdad siguen creciendo, a pesar del crecimiento económico. El Gobierno Vasco provoca esa situación con sus decisiones (incumplimiento de la ley de la RGI de 2008, recortes en los servicios públicos, precariedad en el sector público, extensión de la subcontratación, decreto de residencias,…).

Con la huelga general del 30 enero exigimos al Gobierno Vasco medidas en diversos ámbitos. En el empleo púbico, por ejemplo, acabar de manera inmediata con la precariedad. El nivel de temporalidad en la administración pública vasca supera el 40%. Exigimos abrir procesos de consolidación de manera inmediata para estabilizar el empleo y adoptar mecanismos efectivos para que dicha temporalidad no se vuelvan a repetir. Asimismo planteamos revertir los recortes aplicados en los últimos años (salarios, primas de jubilación, cobertura de vacantes,...). También demandamos garantizar el derecho de subrogación en el empleo subcontratado, estableciendo además un salario mínimo de 1.200 euros y jornada máxima de 35 horas.

En cuanto a los derechos sociales exigimos una Ley de Servicios Sociales que garantice que todas las personas en situación de dependencia tengan garantizada la cobertura de la misma por un servicio público, universal y gratuito. También demandamos la aprobación de los contenidos de la Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social de la Carta de Derechos Sociales. PNV, PSE y PP rechazaron su trámite en el Parlamento a pesar de venir avalada por más de 51.000 firmas.

En relación a las pensiones, planteamos, como demanda el colectivo de pensionistas, complementar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros. El Gobierno Vasco tiene competencias para adoptar esta medida, como se reconocía en los informes jurídicos del propio Parlamento Vasco en el marco del debate de la ILP sobre pensiones promovida por la Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria en 2015.

Es obvio que para avanzar en esta línea se debe promover un cambio radical del modelo fiscal, para aumentar la recaudación al nivel de la media europea (aumentando los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital y atajando el elevado fraude fiscal de las rentas no salariales). El Gobierno Vasco tiene en este tema también mucho que decir.

Por último, está en manos de las instituciones vascas impulsar un marco competencial en el que las decisiones sobre derechos laborales y protección social (desempleo, pensiones,…) se tomen en Euskal Herria, confrontando con las posiciones negacionistas y centralistas del Estado español. Pero el lehendakari parece más cómodo si todas estas cuestiones se deciden en Madrid.

Lehendakari Urkullu, ¿no es cierto que todo lo señalado es materia de sus competencias? La cuestión se podría resumir en que Urkullu puede, pero no quiere. Puede tomar esas medidas pero opta por otras. Puede reunirse con las organizaciones sindicales y sociales que convocamos la huelga pero no quiere. Pues bien, quienes queremos que se hagan realidad nuestras reivindicaciones vamos a presionar, y vamos a salir a la calle el día 30 de enero. Su negativa a sentarse para debatir las demandas es una razón más para ello.

No puedo finalizar este artículo sin hacer una mención al argumento de que la huelga no es oportuna en este momento, debido a que en el Estado español hay un gobierno «progresista». Hemos leído detenidamente el contenido del acuerdo programático alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, y es evidente que una cosa es la música, que puede sonar bien, pero en muchos casos falta la letra o es una letra que no se entiende. El poder económico, financiero y mediático presiona siempre para que se adopten las medidas que le convienen. Cualquier gobierno «progresista» necesita la movilización social para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales. Nos quedamos con las palabras de Pablo Iglesias en su toma de posesión: «no dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos». Dejar de lado la movilización para confiar en que este nuevo gobierno, con mayorías más que complejas, va a ir en la buena dirección sería un error garrafal.

Y eso en el supuesto de que el Gobierno quiera, que está por ver. El nuevo ministro de Seguridad Social lo ha dicho claramente: su idea es seguir tomando medidas de recorte de gasto, como profundizar en el retraso de la edad de jubilación y de recorte de las nuevas pensiones. Seguir diciendo que el Gobierno va a dar una respuesta adecuada a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas es no saber lo que este demanda o, directamente, engañar a la ciudadanía.

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