Tras más de 870.000 casos, 71.000 personas muertas, una profunda recesión y una gravísima crisis de reproducción social, la UE tuvo a bien el pasado 9 de abril consensuar al fin un plan económico frente a la covid-19. Entre vítores y aplausos que trataban de contrarrestar la fenomenal bronca previa, las instituciones comunitarias nos bombardearon con el relato de estar impulsando una «triple red de salvamento para empresas, Estados y trabajadoras».
Este plan se sintetiza en 3 grandes medidas. La primera consiste en la suspensión temporal del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, permitiendo que los estados que lo necesiten incurran en déficit más allá del 3%. Se hace, por tanto, de la necesidad virtud, en un contexto en el que se disparan los gastos y se reducen los ingresos. La segunda supone una inyección de liquidez por parte del BCE a bancos y transnacionales por valor de cerca de 1 millón de euros, a través de la compra a estos de bonos soberanos y deuda corporativa durante 2020. La tercera, aprobada in extremis, contempla el aporte de 540.000 millones adicionales, estructurados en la triple lógica de la red de salvamento: 240.000 millones en préstamos sin condiciones tipo troika para los estados que lo soliciten a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pero exclusivamente para financiar políticas de sanidad con un tope máximo del 2% del PIB por país, y siempre que la crisis sanitaria persista; 200.000 millones en avales a empresas mediante un fondo dotado con 25.000 millones en el Banco Europeo de Inversiones (BEI); y 100.000 millones en apoyo a ERTEs o similares, a través del programa SURE de la Comisión Europea.

Estas grandes medidas se complementan con otras dos también significativas. Por un lado, se posibilita la inversión pública en empresas estratégicas, siempre de manera coyuntural y con la garantía de regreso a la plena propiedad privada (lo que de toda la vida se entiende como «socializar pérdidas, privatizar ganancias»). Por el otro, se limita la inversión extranjera directa en empresas europeas, en un contexto en el que la centralización del capital vía OPA y absorciones es más que factible, y donde enormes fondos de inversión estadounidenses y de Oriente Medio, así como empresas chinas juegan a obtener ganancias en río revuelto.

Como broche final, se anuncia el debate sobre un plan integral de reconstrucción –lo aprobado hasta el momento serían más bien inyecciones de liquidez hasta finales de año–, cuya negociación comienza mañana 23 de abril en el Consejo Europeo, y en el que se han aparcado las cuestiones más estructurales y estratégicas como los eurobonos, los bonos de reconstrucción o la financiación directa del BCE a los Estados, entre otras cuestiones.
 
Haciendo un balance de este acuerdo, y tras escarbar entre la maraña de cifras y siglas, podemos afirmar sin lugar a dudas que este paquetazo se sitúa en las antípodas del relato oficial. Aunque traten de vestir a la mona de seda, mona se queda.

Así, en primer lugar, los recursos destinados son notoriamente insuficientes para enfrentar una pandemia de estas dimensiones, tanto en términos generales como desde la perspectiva de los países más castigados. Lejos quedan los cantos de sirena de un plan Marshall europeo, cuando en comparación EEUU ha destinado 2,3 billones de dólares, el Banco de Inglaterra ha prometido financiar el déficit público hasta donde sea necesario, o países como Dinamarca presupuestan estrategias por encima del 13% de su PIB. A su vez, el plan no significa sino migajas para países como Italia o el Estado español. Tomando a este último como ejemplo, si solicitara el máximo posible en cada línea de ayudas que contempla el plan, apenas cubriría el 15-20% de los 200.000 millones ya comprometidos en su propio plan de choque. El volumen de fondos, por tanto, no está a la altura del momento.

En segundo término, la triple red de salvamento es mentira. Los únicos objetivos son los de tranquilizar a los mercados para evitar un incremento de la prima de riesgo de la deuda soberana, por un lado, así como mantener con vida a la banca y a las grandes empresas, rescatándolas de sus graves problemas de deuda. De esta manera, banca y transnacionales gestionarían directamente más del 60% del total de ayudas (decidiendo en consecuencia su destino final, que en un contexto de recesión difícilmente repercutirá en las PYMES), siendo a su vez las principales beneficiarias, directas o indirectas, del 80% de las mismas. Los Estados, por su lado, recibirían una cantidad muy menor (créditos MEDE), teniendo en todo caso que devolver hasta el último céntimo de los préstamos y garantías solicitadas. Finalmente, la crisis social que atraviesa la clase trabajadora se obvia prácticamente por completo, destinándose menos del 7% del total al apoyo a ERTEs (sin entrar en el debate sobre quién es beneficiario real de estos, cuando empresa con beneficios pueden acceder a los mismos). El objetivo real es, no nos engañemos, que la rueda capitalista no pare.

Tercero, el plan agravará el problema de deuda, al sostenerse exclusivamente en créditos y avales. Si la deuda pública y corporativa es una de las principales derivadas de la crisis sistémica actual, estas medidas solo acentuarán el contexto de vulnerabilidad financiera, aumentando además el riesgo de futuros estallidos como el de 2008 (ahora sin el paraguas público que pudo haber entonces). En este sentido, medidas como la emisión de dinero o la financiación directa y sin intereses del BCE a los estados ni siquiera han sido tenidas en cuenta. Más madera, de este modo, para que la burbuja especulativa siga aumentando.

Cuarto, el acuerdo es profundamente insolidario, incapaz de asumir ninguna propuesta mutualizada o compartida. Se traslada la responsabilidad a cada Estado de manera individual, y en base a los mecanismos ordinarios de la UE. La no imposición temporal de condiciones austeritarias en los créditos MEDE solo es la excepción que confirma la regla. De este modo, no se han puesto en marcha en absoluto ni eurobonos ni ningún otro instrumento colectivo e innovador para un contexto extraordinario. Al contrario, más de lo mismo en base al credo neoliberal y al imaginario colonial de desconfianza respecto al Sur. Que la realidad, en definitiva, no perturbe los dogmas.

En resumen, el paquetazo económico europeo es insuficiente, insensible a la crisis social, ahogará en deuda aún más a los Estados más castigados, y solo beneficia a la banca y a las grandes empresas. Desnuda, por enésima vez, las miserias de un proyecto europeo fracasado, insolidario, fundamentalista neoliberal y, por tanto, tremendamente peligroso para los pueblos y para la clase trabajadora del continente.

Un proyecto atado y bien atado, blindado en su identidad mediante tratados que prácticamente es imposible modificar. En este sentido, el problema no es Holanda o Alemania. Ni el norte, el sur o el este. El problema es la misma UE. La vacuna frente al mismo ya se está elaborando en laboratorios de la extrema derecha desde parámetros reaccionarios. No sé qué más debe pasar para que las izquierdas presenten una vacuna urgente para desmantelar este virus.