Gracias a las valoraciones que se hacen sobre los resultados de PISA, me he remontado a los setenta. La magdalena de Proust ha sido el olor a chamusquina que emana la acusación a la chavalería de falta de «cultura del esfuerzo». Culpabilizar al alumnado adolescente es propio de los defensores del sistema educativo vigente en cada momento, ya que esa etapa de la vida es la que hace saltar los fusibles de la enseñanza, no tanto del aprendizaje. 

En los años setenta estábamos en una dictadura nacionalcatólica y creíamos, ingenuamente, que la artrosis del sistema educativo era consecuencia lógica de esta. Teníamos una enseñanza basada en la Ley Moyano (1857) que, con pequeñas modificaciones legislativas, llegó hasta 1970 y persistió sin modificaciones en el día a día del aula hasta nuestros días. Era lógico que unas aulas presididas por un crucifijo, un retrato de Franco, otro de José Antonio y una imagen de la patrona del lugar no sirviesen para atender las necesidades escolares en el «agonizante» franquismo. Igual que otros compañeros y compañeras de profesión, en mi primer destino −en septiembre de 1976− los quité y se montó una gorda. Conozco a más de uno y de una que pasaron el mismo calvario en el 79. Incluso en 2012 he visto crucifijos en aulas y despachos. 

El sistema educativo de la dictadura justificaba su validez en que, a lo largo de los años, había conseguido una buena formación académica que había llenado España de profesionales excelentes y ciudadanos de bien. Por todo lo cual, se consideraba que no había que cambiar nada; a lo sumo, implantar en 1970 una Ley General de Educación (la llamada Ley Villar Palasí, la de la EGB) que amplió edificios, construyó escuelas, aumentó plantillas y modificó los estudios de Magisterio para hacer realidad la obligatoriedad hasta los 14 años, ya fijada por la ley de 1964, pero, hasta entonces, sin fondos. A las escuelas, que seguían siendo autoritarias, conductistas del «palo y la zanahoria» y segregadoras, les estalló un grandísimo problema: tenían que atender a una muchachada adolescente que desconocía su lugar en el mundo y a la que la escuela le resultaba hostil. Antes de la EGB, las criaturas de más de 12 años que no habían accedido al Bachillerato malvivían en la escuela hasta los 14; aunque, si manifestaban alergia a los libros, se les abrían las puertas para que se formasen como aprendices en el mundo laboral o doméstico. El problema del alumnado que no quería o no podía estudiar no era un problema escolar; era un problema familiar. 

Sobre el papel, con la EGB, las escuelas ampliaban sus estudios dos años y los perdían los institutos. En la práctica, con la necesidad de sacar el Graduado Escolar para cursar Bachillerato o FP, la escuela tenía alumnado repetidor hasta los 16 años. La chavalería que con 14 años conseguía el Certificado de Escolaridad podía incorporarse al mundo laboral. En uno de los centros en los que estuve unos meses había cuatro grupos de octavo. El A era de águilas; el B, de buenos; el C, de calamidades, y el D, de desastres. El alumnado del A estaba destinado al Bachillerato; el del B, al Bachillerato o a la FP; el del C, a la FP o a nada y el del D estaba lleno de repetidores y absentistas cuyo destino era el trabajo no cualificado. ¿A quién le dieron el C y el D? Al que firma estas líneas, el último en llegar. 

¿De qué se quejaban el magisterio de toda la vida, las familias y los párrocos? De que los jóvenes eran una caterva de vagos que querían «vivir a la sopa boba». La mocería estaba envenenada por los vientos comunistas, hippies y golfos que invadían el solar patrio y hasta las aulas: «Esos maestros de pelos largos, pantalones vaqueros y camisas de flores, que parecen mujeres; y esas maestras con minifalda y camisetas, que se les ve todo y que parece que van a fornicar». Ese insulto entrecomillado lo he sufrido en propia carne y he sido testigo de otros muchos en distintas ocasiones y lugares. Tuve un director que no nos dejaba reunirnos a puerta cerrada y yo tenía que dar clase a las chicas de octavo −los chicos y las chicas estaban separados− con la puerta abierta. La mejor muestra de ese acoso fue el caso del llamado «pito de Etxarri», a principios de 1982. 

En aquellos años setenta, el profesorado que se asociaba en los MRP (Movimientos de Renovación Pedagógica), viendo que la modificación legal no era suficiente, trató de buscar alternativas al problema de los 12 a los 16 años y puso mucho énfasis en limpiar de culpa al alumnado. Se empezó a debatir sobre el «fracaso escolar» como un fracaso del sistema, no del estudiante; sobre la «motivación» como elemento esencial en el aprendizaje; y sobre las modificaciones curriculares para adaptar el sistema educativo a los nuevos tiempos. Fruto de esa labor y de la extrema necesidad de formular una ley a raíz de la Constitución de 1978, nació, en 1990, la Logse. 

La Logse devolvió a los institutos los dos años perdidos con la EGB, redujo el Bachillerato a dos años, fijó la escolarización obligatoria hasta los 16 años y estableció que, una vez obtenido el título de Graduado en ESO, se pudiera cursar Bachillerato, una FP de Grado Medio o entrar en el mundo laboral. Esta decisión aumentó las plantillas de licenciados, disparó la construcción de institutos y provocó que la ESO pasara a ser el patito feo de los centros, el lugar para el profesorado con menor puntuación, y que el lamento de «¿qué he hecho yo para merecer esto?» se escuchase en pasillos y despachos. El profesorado de los institutos, acostumbrado a los cuatro años del antiguo Bachillerato, se enfrentaba a un fuerte reto con criaturas obligadas a asistir y con el centro obligado a atenderlas. Era difícil dar clase en aulas que juntaban a los que no podían con los que no querían y con los que sí deseaban estudiar. Ya entonces, sin los informes PISA que llevarse a la carpeta, estaba claro que el nivel de la formación académica impartida en los institutos bajaba, pero subía un montón el nivel formativo de todo el alumnado. 

¿Cómo es posible tener en la misma clase a alumnado beligerante de 18 años con criaturas de 16 que se comen los libros? Como la respuesta es compleja, desde 1990 hasta hoy se han redactado unas cuantas leyes y se han aplicado fórmulas curriculares particulares en cada centro −en algunos casos no muy diferentes de las aplicadas al amparo de las modificaciones de la Ley Moyano−, para que todo el alumnado aproveche el tiempo y no abandone el sistema educativo (dicho con talante institucional) o, en el de andar por casa, para «que dejen de joder». Eso sí, todo ello con un lenguaje tan moderno que hace irreconocibles a los antiguos grupos C y D y que termina, gracias a la FP −auténtica revolución educativa−, en una propuesta reglada y formal de aquel abandono escolar destinado al aprendizaje de comercio, de taller, de las academias o del hogar que había antes de los años setenta. 

Hemos dado tumbos durante más de 72 años −según los parámetros vividos por el autor de este escrito− para plasmar en la ley algo claramente manifestado en la docencia: que el empirismo educativo y la formación permanente son el único sostén de una sociedad democrática. ¡Ojo! Eso no quiere decir que ya esté logrado, no. Eso quiere decir que el concepto de educación está más o menos definido; ahora hay que adaptarlo a la velocidad de los cambios sociales, políticos, económicos y técnicos. Aunque mucho me temo que los poderes fácticos de siempre seguirán echando la culpa al alumnado por medio de un criterio suyo llamado informe PISA y que seguirán diciendo −lo cual tiene gracia en una monarquía− que los adolescentes no tienen «cultura del esfuerzo». 

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