Nada más lejos de la realidad, dos años más tarde la empresa y su cabecera AFI están en concurso de acreedores con un pasivo superior a 50 millones de euros. 50 millones de deuda que no se han generado en un día. Una deuda que ya era enorme allá por 2014, cuando Urkullu alardeaba de la aportación directa del Gobierno a la industria. Las ayudas públicas que Vicrila ha obtenido superan los 19 millones de euros.

En 2009 el Gobierno Vasco saludó la adquisición de Vicrila por su propia dirección. Esta adquisición supuso para los directivos el acceso a una propiedad industrial con una capacidad productiva enorme. Se hipotecó la fábrica, se apoyó la operación con financiación pública (de ahí que el Gobierno Vasco tenga consejero en la vidriera) y se les quitó a los y las trabajadoras 1 millón de euros al año para «garantizar», decían, su viabilidad (millón que salió del empeoramiento de las condiciones laborales y despidos).

Hoy hay nóminas sin cobrar, hay capital de los y las trabajadoras aportado a la empresa que nunca recuperarán y no han tenido ninguna mejora de condiciones en todos estos años. Este ahorro en costes ha permitido que la empresa tenga el 30% del mercado en el que opera, monte una fábrica en México y haga las inversiones necesarias para funcionar.

Pero ¿quién ha pagado todo esto? Desde luego, los dueños no. Está fábrica, su mercado, sus inversiones, su día a día, lo han pagado los y las trabajadoras y las administraciones públicas, pero en caso de que la operación les hubiera salido bien, el pelotazo industrial que hubieran dado podría haber sido tan sonado como el que dieron los Arrieta con la venta de Sidenor.

Porque esta manera de hacer política industrial es muy vieja en este país. La reconversión industrial de empresas en dificultades ha sido una de las maneras en las que determinadas personas, muy cercanas al poder institucional, se han hecho millonarias. Hoy la familia Arrieta está entre las 100 mayores fortunas del estado gracias a Sidenor. Muy atrás quedó la época en la que Arrieta era Viceconsejero de Interior.

Sidenor, hoy, nuevamente camina por un camino incierto desde la salida del grupo Gerdau de su capital. Esta misma semana ya ha anunciado su intención de aplicar un ERTE en todas sus plantas. Para mayor sorpresa de la plantilla, también en este caso, unos directivos sin apenas capital se han hecho cargo de una empresa con una capacidad industrial enorme que habrá que pagar. Y la pregunta es clara, ¿quién lo pagará? ¿Será con el beneficio de la empresa? ¿Se hará mediante una política de no inversión? ¿Se precarizarán las condiciones laborales? Si sale bien, la dirección dará el pelotazo de su vida. Si sale mal, las consecuencias las pagarán los y las trabajadoras y los pueblos de Basauri, Gasteiz y Azkoitia.

Hace pocas semanas se formalizaba la fusión entre Siemens y Gamesa. La Consejera Tapia decía que «es una oportunidad para el posicionamiento de la industria vasca en el mundo». Esta operación reportará cerca de 700 millones de euros a los accionistas de Gamesa (principalmente Iberdrola). Esta misma empresa ha despedido a 2.800 trabajadores y trabajadoras en los últimos años.

Para este Gobierno Vasco, si una empresa vasca es vendida a una multinacional es una oportunidad industrial, y si una multinacional es vendida a especuladores industriales es una apuesta por el arraigo en el territorio. Una cosa vale tanto como la contraria. Su única apuesta es la política espectáculo, en la que el y la trabajadora valen si les ayudan a salir mejor en la foto. Para todo lo demás nos quieren quietos y pagando.

Y así va la política industrial del país. De pelotazo en pelotazo, siempre pagado por trabajadores y trabajadoras. Hoy podemos afirmar que lo que llaman política industrial es, en realidad, reforma laboral. Lo que llaman modelo propio, no es más que el uso de la reforma laboral a un modelo industrial. Y esto no ocurre únicamente en empresas con problemas, la expectativa que ha generado la reforma laboral en la ambición de la patronal se está decidiendo en todas las empresas del país. Los dividendos crecen en la misma proporción que la precariedad laboral y social. Desde instituciones no se apuesta por el valor añadido, se apuesta por el adelgazamiento de los costes laborales como vía de premiar al accionista.

Y así estamos en Vicrila. Comenzamos con una apisonadora de derechos y empleo avalados por el Gobierno Vasco allá por 2009, no han hecho más que pagar todas las facturas los y las trabajadoras, y ahora que no hay hueco para la estética, cuando Vicrila a todas luces es un problema de 300 familias, el Gobierno Vasco se retira y desaparece. Se quiere convertir en un mero espectador del proceso. Eso sí, espectador con derecho a gloria, ya que volverá a querer apuntarse un tanto si una nueva multinacional se hace cargo de la planta, aunque por el camino quiera pegar un nuevo zarpazo a las condiciones laborales y al empleo.

Una nueva oportunidad para el posicionamiento de la industria vasca en el mundo dirán. Que no cuenten con LAB para esto. Nos tendrán enfrente.

El valor de Vicrila, como el de Sidenor y el de Gamesa, pasa porque mantenga el empleo, genere riqueza y la reparta en el territorio. Ese eje debe ser la condición mínima que debe cumplir una empresa para ser apoyada con financiación pública. Vicrila es un ejemplo más de que falta mucho para llegar a ese fin. Falta mucho para un gobierno cuya política industrial pase por el fortalecimiento del modelo productivo basado en el valor añadido, la inversión, un modelo de relaciones laborales basadas en el acuerdo y el respeto al medio ambiente. Hoy la apuesta es la gestión de la reforma laboral.