Se dice que vivimos en una nueva normalidad condicionada por las medidas sanitarias y sociales debidas a la pandemia del covid-19, sin embargo, siguen presentes aspectos negativos de la vieja (a)normalidad. María Jesús es una mujer que vive desde hace doce años en un piso de alquiler social en la localidad de Sarriguren, junto con sus dos hijas de trece y seis años. María Jesús no tiene trabajo y malvive con una pensión de la Seguridad Social debida a una incapacidad permanente total, que no supera los setecientos euros. El precio del alquiler es de unos seiscientos euros de los cuales el Gobierno de Navarra abona cerca del 50%. La vivienda, al igual que todo el bloque, pertenecía hasta hace bien poco a la promotora Adania, quien la ha vendido a un fondo buitre (Catella WE 06-Spain, S.L.U.), no obstante, Adania sigue siendo la gestora de los intereses de la nueva propietaria.

A mediados del mes de agosto de este año, María Jesús recibe un burofax en donde se le recuerda que el 31 de octubre de 2020 vence el plazo del contrato de alquiler de la vivienda y le comunican la voluntad de la propiedad de no renovar el contrato vigente, sin dar mayores explicaciones.

María Jesús no tiene posibilidades reales de encontrar otra vivienda de alquiler social en el plazo de dos meses, y además está la existencia de dos menores escolarizadas y socializadas en Sarriguren. Por lo que ha decidido plantar cara permaneciendo en la vivienda de la que tendrá que ser desalojada por la fuerza, por lo menos hasta que tenga otra alternativa habitacional, además de evitar la ruptura del curso escolar de sus hijas.

Acompañando a María Jesús hemos estado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Egüés, también se han hecho gestiones ante la Oficina Mediadora Hipotecaria del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra, ante Nasuvinsa, el Defensor del Pueblo, y finalmente se ha mantenido una reunión con Adania para plantearles que concedan una renovación del contrato por un año o por lo menos hasta que finalicen el curso escolar de las menores para evitarles el daño añadido que supone desahuciarles en mitad del curso escolar.

Adania se ha mostrado tajante en su negativa a cualquier renovación del contrato, renovaciones que han venido haciendo desde el año 2008. Además, culpabilizan a la inquilina de esta situación y utilizan al resto del vecindario como colaboradores de la no renovación del contrato aduciendo que existe un problema de convivencia comunitaria.

No merece la pena hablar en este momento del artículo 47 de la Constitución española, aquel que se refiere al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada de todos y todas, porque cualquier día ese artículo se cae de la normativa por la mofa y por las continuas agresiones que promotoras como Adania hacen diariamente al mismo. Tampoco vamos a entrar en los ocultos y oscuros intereses que han llevado a esa promotora a traspasar sus inmuebles de alquiler social en Sarriguren a un fondo buitre que en realidad son «buitres sin fondo». Nos vamos a detener en el hecho de que este desahucio habitacional afecta directamente a dos menores.

La defensa de la infancia es una obligación prioritaria frente a cualquier amenaza que vulnere su desarrollo físico, mental y social, incluyendo el derecho a una vivienda. Esta obligación de especial protección implica a la totalidad de agentes que operan en la sociedad, incluyendo a entidades privadas como Adania. Pero, sobre todo, debe ser objeto principal de actuación de los organismos públicos. Y en este caso, llama la atención la inacción y la pasividad que están mostrando las instituciones públicas. Si las líneas públicas de defensa de los derechos de los menores fallan, nos encontramos ante un fracaso institucional de dimensiones estratosféricas. No podemos comprender cómo todas las entidades públicas interpeladas en este caso se han puesto de perfil y todas ellas coinciden con la empresa privada en la solución para María Jesús: «¡Búscate la vida!».

Vivienda del Gobierno de Navarra dice que en casos de conflictos no median ni intervienen. Nasuvinsa dice que tienen un baremo y no hacen excepciones. El Ayuntamiento de Egüés no tiene alternativas habitacionales, etc. Todos ellos obvian que se está afectando directa y gravemente a dos menores. ¿Quién defiende a estas dos niñas? La empresa por supuesto que no, pues como entidad privada solo se mueve por el beneficio (maldita la hora en la que se puso en manos de estos buitres la gestión del derecho a la vivienda). Pero, ¿y las instituciones que tienen el mandado expreso de esta defensa? ¿Por qué su escaqueo en un caso tan claro de preeminencia del derecho de las menores no presentando un frente de presión ante la agresión de la empresa buitre? ¿Por qué su silencio cómplice y su falta de actuación? ¡Es incomprensible!

Les tendremos que recordar el dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (comité DESC) de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017, que condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada de una familia con dos hijos menores de edad que fue desahuciada de un piso alquilado sin que las autoridades le garantizan una vivienda alternativa. La ONU recordó que los Estados deben prestar especial atención cuando los desalojos afecten a mujeres, niños, mayores, personas con discapacidad y otros individuos o grupos vulnerables.

A María Jesús solo le queda su resistencia y la defensa de su derecho a una vivienda junto a la protección de sus hijas. Puede contar, desde luego, con nuestro apoyo como plataforma ciudadana y creemos que con la mayoría de la sociedad, y esperemos que la última trinchera que le queda, la judicial, no le defraude y consiga una paralización del desahucio. Esta y la presión social son las únicas esperanzas que le quedan.