Los incendios y las olas de calor no son un fenómeno natural: son la factura de un modelo económico que sigue intacto. Hay un momento en que el calor deja de ser noticia y se convierte en acusación. 

Cuando el termómetro supera los cuarenta grados en la Ribera, cuando las noches tropicales impiden dormir hasta en la Cuenca de Pamplona, cuando el humo de los incendios tapa el horizonte y miles de hectáreas desaparecen bajo las llamas, ya no estamos ante un fenómeno natural. Estamos ante el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas durante décadas.

Cada incendio es un acta de acusación. Cada ola de calor señala con el dedo a quienes insisten en que basta con «adaptarse», mientras siguen alimentando las causas de la catástrofe. 

El Estado español vuelve a arder. Ávila, Madrid, Toledo, Castellón... decenas de miles de hectáreas reducidas a ceniza. Navarra afronta de nuevo temperaturas extremas impensables hace apenas unas décadas. Los científicos ya no hablan de excepciones: hablan de la nueva normalidad. Europa se calienta el doble de rápido que la media mundial, y la península ibérica es uno de los territorios más vulnerables del continente. 

Y sin embargo, seguimos escuchando el mismo discurso hueco. Se nos exige responsabilidad individual mientras las grandes corporaciones energéticas baten récords de beneficios. Se nos pide ahorrar agua mientras se autorizan proyectos que multiplican el consumo eléctrico. Se nos invita a reciclar mientras permanece intacta la maquinaria económica responsable del desastre. 

Nos quieren hacer creer que el problema es climático. No. El problema es económico. «El cambio climático no lo ha provocado la humanidad en abstracto. Lo ha provocado un sistema que convierte cada río, cada bosque y cada montaña en mercancía». 

Ese sistema necesita crecer sin descanso aunque el planeta ya no pueda sostenerlo. Mide el éxito por el PIB aunque ese crecimiento se construya sobre incendios, sequías y desigualdad. 

Por eso resulta tan obsceno hablar de «transición verde». ¿Verde? ¿Un modelo que sustituye combustibles fósiles por una nueva fiebre extractivista de minerales, mientras la banca sigue financiando petróleo y gas y los gobiernos subvencionan el transporte masivo de mercancías? 

En Navarra conocemos bien ese lenguaje. Nos hablan de sostenibilidad mientras se sigue impulsando el Tren de Alta Velocidad, en lugar de reforzar el ferrocarril convencional y el transporte público cotidiano. Nos hablan de transición mientras resurgen las prospecciones mineras que tratan el territorio como una cantera al servicio de los mercados internacionales. Nos hablan de economía verde mientras proliferan las macrogranjas, que degradan los acuíferos y expulsan a la pequeña agricultura. Y ahora nos hablan de innovación para justificar grandes centros de datos −enormes consumidores de electricidad y agua− cuya aportación real empieza a ser cuestionada incluso institucionalmente; no por casualidad, el propio Parlamento de Navarra ha reclamado un análisis independiente sobre sus impactos. 

No son proyectos aislados. Son piezas de un mismo modelo: el que convierte cada crisis ecológica en negocio; el que llama «desarrollo» a ocupar más suelo y extraer más recursos; el que presenta como inevitable lo que solo responde a los intereses de una minoría económica. 

Por eso cuesta tanto creer en los grandes Pactos de Estado sobre el clima. ¿Un pacto con quién? ¿Con quienes anuncian neutralidad climática mientras aprueban nuevas autopistas, plataformas logísticas y megaproyectos energéticos? ¿Con quienes confunden todavía transición ecológica con oportunidad de negocio? 

«El incendio no empieza cuando prende el primer árbol. Empieza mucho antes». Empieza cuando se privatiza la energía. Cuando se abandona el ferrocarril de proximidad para invertir en alta velocidad. Cuando desaparecen las explotaciones agrarias familiares. Cuando los montes dejan de gestionarse porque el medio rural se vacía. Cuando la rentabilidad financiera pesa más que el equilibrio ecológico. 

Durante demasiados años se empeñaron en enfrentar a quienes defendían el empleo con quienes defendían el medio ambiente, como si hubiera que elegir entre salario o naturaleza. Era mentira. Las primeras víctimas del cambio climático son quienes trabajan: quienes construyen carreteras a cuarenta grados, quienes trabajan el campo, quienes reparten paquetes, quienes sostienen hospitales y escuelas convertidos en hornos cada verano. 

No habrá justicia climática sin justicia laboral. Y tampoco habrá justicia laboral en un planeta inhabitable. 

Por eso el futuro pasa por una alianza profunda entre el movimiento sindical y el ecologista. No una alianza simbólica, sino una capaz de cuestionar qué producimos, para quién y con qué límites; capaz de defender a la vez el empleo digno, la reducción de jornada, los servicios públicos, la soberanía energética y la protección del territorio. 

Porque la verdadera transición no consiste en cambiar de combustible. Consiste en cambiar de lógica: que la del beneficio privado deje paso a la del bien común; que la del crecimiento infinito ceda ante la de la suficiencia; que la de la competencia se rinda ante la del cuidado; que la de la mercancía se transforme, por fin, en la de la vida. 

Cada verano será más duro que el anterior. Eso ya lo sabemos. La única incógnita es si seguiremos respondiendo con discursos vacíos o si tendremos el valor de reconocer que el verdadero incendio no está solo en nuestros montes. Lleva demasiado tiempo propagándose en el corazón mismo del sistema económico. Y ningún helicóptero podrá apagarlo.