Hoy mismo me enteraba a través de una información publicada en ‘Naiz’ del fallecimiento de la madre de Arnaldo Otegui. En los últimos tiempos venía siguiendo con interés el abyecto papel que venía desempeñando, una vez más, el Poder Judicial del Estado Español; reduciendo a batallados permisos de unas horas las visitas a su madre, gravemente enferma. Desde que se conoció la noticia de la enfermedad, no cabía otra cosa que no fuera sentir la profunda repugnancia que produce una situación en la que alguien se ve privado de acompañar a su madre en sus últimos días. Sobre todo si estamos hablando de un recluso llamado Arnaldo Otegui, cuyos únicos delitos difícilmente pueden ser considerados como tales, en tanto en cuanto todas y cada de las sucesivas condenas que se le fueron imponiendo no se fundamentaron en hechos que pudieran ser objetivamente considerados delictivos.

Sin embargo sí lo son en el marco de una legislación como la del Estado español, torcitera y polarizada, de «guerra total» contra todo lo que huela a independentismo vasco. No procede redundar en la idea tantas veces expuesta de que se encarceló no a un delincuente, sino a un líder político; y en base no a unos hechos, sino en represalia a lo que Arnaldo Otegui, como líder político, representaba.

Para conseguir sus fines, la Fiscalía llegó a esgrimir argumentos sumamente absurdos. Incluso llegando al extremo a basar alguna de sus acusaciones en presuntas incitaciones a la violencia que, por insostenibles, la propia Justicia Española hubo de tumbar; viéndose obligada a reconocer que donde el Ministerio Fiscal veía fantasmas en forma de apologías e incitaciones varias, los mensajes, en realidad, constituían una llamada a la negociación, a la paz y a la convivencia pacífica.

Tampoco quiero incidir en obviedades como que no resulta en absoluto tolerable que, en una sociedad presuntamente democrática, pueda fundamentarse una condena en el mero ejercicio de la libertad de expresión, recogida y garantizada en los más significativos textos legales asumidos como pilares básicos del ordenamiento jurídico por el Estado español; incluida la mismísima Constitución Española de 1978.

No. No pretendo convertir este artículo en un alegato jurídico en defensa de Arnaldo Otegui. Desde cualquier prisma –ético, legal o moral- resulta perogrullesco que, en base a los hechos imputados, nadie pisaría una cárcel, de no llamarse Arnaldo Otegui. En un día como hoy se hace necesario mantener más viva que nunca la duda sobre la idoneidad de estos magistrados –los mismos que crearon y aplicaron durante ominosos años un recurso jurídico manifiestamente contrario a Derecho, la Doctrina Parot-.

Debemos preguntarnos si podemos aceptar que los principales aplicadores del Derecho puedan volver a su Sala y puedan seguir considerándose legitimados para sentenciar después de haber privado a un líder político del derecho de acompañar a su madre en sus últimos días. Más aún, a alguien a quien el único delito que se le puede imputar es el de expresar sus ideas políticas.

Habrá quien trate de esgrimir que a Arnaldo Otegui se le concedieron permisos carcelarios para visitar a su madre, pero probablemente se olviden de decir que esos permisos no duraban más de unas horas, que tuvieron que ser luchados por su abogado, que no dejan de ser migajas que sonrojan y humillan a todo ciudadano que –independientemente de su ideología- respete y asuma como propios los principios democráticos más elementales.

¿Qué respeto pueden merecer los principales artífices políticos y judiciales de que Arnaldo Otegui apenas haya podido acompañar a su madre durante los últimos instantes de su vida? ¿En qué consideración se les debe tener si, a causa de sus indecentes métodos represivos, han privado a una madre del derecho a ver a su hijo inocente en libertad? ¿Se atreverán estos mismos sujetos, representantes de las más altas instancias políticas y judiciales, a seguir exigiendo que pidan perdón aquellos a quienes sistemáticamente siguen ofendiendo y encerrando, al mantener vigentes instrumentos legales más propios de una guerra sucia, en la que son expertos, que de una democracia?