Me gustaría poder compartir con los lectores de este medio un par de reflexiones con respecto a un tema que, entiendo, está en el candelero. Me refiero a la propuesta por parte de Bildu de gestionar de manera directa la mayor parte del servicio que se ofrece desde el Consorcio de Aguas de Busturialdea. Muy pocos serían los que se posicionasen en contra de esta apuesta, si no fuera por la sensibilidad que despierta la situación de incertidumbre en que se encuentran los trabajadores de la empresa subcontratada. Aquagest (multinacional en el sector) ofrece este servicio con 17 trabajadores y termina su contrata en diciembre.

A menudo las mejoras de tipo social conllevan dramas de ámbito personal. Por ejemplo, es de entender que quienes dependen económicamente de la central de Sta. Mª de Garoña defiendan e incluso alaben las bondades de la energía nuclear. Con frecuencia, por desgracia, lo personal se antepone a lo social, debido al peso de la cercanía. Recordemos también el caso de los marineros secuestrados en Somalia, que eran quienes en realidad trabajaban para los verdaderos piratas del mar.

Dicho esto, y centrándonos en el tema que nos ocupa, me gustaría que fuésemos capaces de entender el problema que surge de la reversión a la gestión pública del las ETAP y las EDAR de Busturialdea, desde un punto de vista objetivo. ¿Qué es mejor, una gestión privada con 10 empleados rozando la precariedad o 12 puestos con contratación directa en condiciones laborales dignas? Este es a grandes rasgos el cambio que se va a dar en la gestión de aguas de Busturialdea.

Ahora bien, no podemos obviar la contratación existente dependiente de Aquagest y la veteranía de algunos contratados. Esto nos lleva a la difícil tarea de no confundir churras con merinas. Los primeros en hacerlo, por supuesto de manera intencionada, han sido los responsables de servicios de ELA. En río revuelto, ganancia de pescadores. Txiki Muñoz se llena la boca de contundentes frases a la hora de defender una administración pública fuerte. El gran problema es que ELA defiende una contratación directa desde lo público únicamente si de esta manera nutre su afiliación.

Los trabajadores, con una desinformación notoria y la sensación de estar ante el abismo, se agarraron a un clavo ardiendo y se afiliaron en bloque a un sindicato, bajo la promesa de que defenderían sus puestos. Lo que estos no sabían, pero ya se irán dando cuenta, es que la estrategia a la que se adherían se situaba entre la falsedad y la ineficacia, en el contexto del problema que arreciaba.

ELA manifestó a los trabajadores y la dirección del Consorcio que presentaría un informe jurídico que avalaría la absorción de los asalariados en la administración pública. De esta manera, los trabajadores de Aquagest pasarían a cubrir las plazas públicas creadas, y esta es la gran mentira que esgrimió este sindicato, porque jurídicamente eso es injustificable. Si el dinero es de todos y todas, ¿no deberíamos tener todas y todos derecho a acceder a esas plazas?

El Consorcio está preparando las bases para la creación de la bolsa de trabajo y ha ofrecido a todos los representantes políticos y sindicales la posibilidad de introducir alegaciones. Grande la sorpresa de que ELA no va hacer ninguna alegación, ni siquiera para que se reconozca en mayor proporción la experiencia inapelable de los que ahora son sus afiliados.

Espero que el Consorcio, sus representantes, LAB y diferentes agentes intenten acordar unas bases respetuosas con las líneas rojas que deben marcarse cuando de lo público hablamos, sin olvidar a los que desde lo privado han dado un servicio público.

Con la pena de no poder plasmar muchos otros detalles de esta contienda, quisiera animar a los trabajadores y trabajadoras a preparar el concurso oposición lo mejor posible.