El ahora exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, volvió en 2022 a su raca raca personal de ejecutar el Guggenheim de Urdaibai «se va a hacer sí o sí», para lo cual anuncio que la Diputación aportaría 40 de los 120 millones que costaría la obra (solo los dos edificios), y la partida quedo reservada en octubre de 2022 y «blindada para cuando sea necesario». Solicitaba, además, que el Gobierno español y el Gobierno vasco pusieran otros 40 millones cada uno. Después de presiones del PNV, el Ministerio de Transición Ecológica (y de la investidura de Sánchez) mediante acuerdo con la Diputación, aporta 40 millones al proyecto del Guggenheim de Urdaibai, que incluyen la descontaminación de los terrenos de la Cubertera Dalia en Gernika y de los Astilleros de Murueta. Si quien contamina paga, no se deberían inyectar ni fondos públicos, ni fondos Next Generation. Faltan los 40 millones del Gobierno vasco, pero hay unas elecciones autonómicas inminentes, tiempos de mudanza.

Lo realmente curioso es que ahora nos dicen que los 40 millones reservados por la Diputación en 2022, no aparecen en el anteproyecto de Cuentas forales para 2024, y van «reservados» a la tesorería de Azpiegiturak Sociedad Anónima Medio Propio, cuyo titular es la propia Diputación Foral de Bizkaia, sociedad a la que se ha reincorporado en 2023 el exdiputado Unai Rementeria, y a quien la Diputación propuso el mes pasado para presidir la EPSV de los funcionarios forales. Estos deberán poner atención a donde van los fondos de Elkarkidetza, no sea que alguien piense que están mejor en la tesorería de Azpiegiturak o en una Fundación buitre.

¿Dónde está la bolita, aquí o aquí?