A pesar del protagonismo con el bloqueo del CGPJ, las argucias para impedir la ley de Amnistía y la manía persecutoria contra Puigdemont que ha metido un gol por la escuadra a los jueces del procés, ahora aparece Marlaska en público mostrando un perfil angelical de personaje de estado entre justo, progre, íntegro, y obsesionado buscando protagonismo, irrumpiendo orgulloso ante la ciudadanía como un gallo en el gallinero. Es realmente un político ambicioso y vengativo que ha ejercido de juez en la Audiencia Nacional, siendo denunciado reiteradamente de tribunal de excepción por la justicia internacional, que le ha despojado de la careta evidenciando prácticas extrajudiciales y de su dudoso sentido de la justicia y de actor consumado, pues son conocidos sus embelecos que le han supuesto ver revocadas sus sentencias por no investigar denuncias de presos por tortura. Es el prototipo de experto aplicando el lawfare. Pero no es una excepción, pues acaba de aparecer en escena el Juez Pedraz, también de la Audiencia Nacional, decretando el bloqueo de la aplicación Telegram que tiene en España 8 millones de socios, por tanto, una decisión de gran trascendencia. No obstante, y buscando protagonismo, decide anular dicha suspensión y en un nuevo y extraño auto judicial reconoce que la medida hubiera sido desproporcionada y que era preferible esperar la decisión de las autoridades de las Islas Vírgenes, a pesar de que inicialmente decretó que la medida era «proporcional» y «necesaria». Además, que la misma no era la más idónea y podría resultar ineficaz, para ello Pedraz, miembro de esta saga altiva, diseña una doctrina intencionadamente confusa, que trata de librarse del charco en el que se ha metido por su carencia de rigor judicial. Porque además, evidencia que el CGPJ y la AN están obstaculizando la autonomía del Congreso, que es sede donde reside la soberanía del pueblo, no en los jueces.