El pasado 8 de junio, “Día mundial de los Océanos”, varios activistas de Greenpeace llevan a cabo en Bilbao una acción espectacular –como las que hacen habitualmente, absolutamente pacíficas y con un componente visual muy importante– desplegando una enorme pancarta, sobre la ría de la villa mencionada, a la altura del famoso museo Guggenheim. Un entorno urbano iconicamente muy atrayente. Cinco activistas permanecieron también colgados junto a la pancarta, en la que se podía leer “Los océanos importan”.

La respuesta de las autoridades municipales y gubernamentales de Vascongadas no podía haber sido más nefasta, desproporcionada, intimidatoria y absurda, identificando a los componentes de la protesta y –según agencias de prensa– el Departamento de Seguridad de la CAPV abrirá diligencias a los integrantes de la protesta “por desórdenes públicos”. La conjunción de estos dos vocablos –ante una acción como la descrita– nos retrotrae a la esencia del fascismo franquista: la represión absoluta de cualquier manifestación que no tuviese como finalidad alabar y ensalzar la cruel y brutal dictadura.

El Código Penal de 1944, Título II, capítulo IX, estaba dedicado a los desórdenes públicos y entronca con el actual, como no podía ser de otra forma. También, evidentemente, pensado para evitar la disidencia y la acción directa de la ciudadanía. Pero ese exceso de celo, control exhaustivo e intimidación, por parte del Departamento de Seguridad de Vascongadas, carece del más mínimo fundamento jurídico en su intención de aplicar el artículo 557 –del actual Código Penal– a los activistas; debido a que la actividad del libre ejercicio de manifestación, expresión y difusión de un mensaje en pro de la conservación medioambiental de los océanos y su utilización sostenible, tal y como lo hicieron, no incide en ninguno de los casos que se describen en el apartado 1 del mencionado artículo 557, ni por remota aproximación.

Por lo tanto, ¿a qué se deben esas medidas tan desproporcionadamente absurdas, intimidatorias y coercitivas del ejercicio fundamental de la libre expresión? ¿Será porque Greenpeace denuncia a los enormes atuneros matriculados en Vascongadas de realizar “pesca ilegal, a pesar de lo cual reciben numerosas subvenciones”? ¿Será porque la intransigencia y la intolerancia absoluta del mencionado departamento no soporta ninguna actividad que cuestione el sistema capitalista, que con tanto interés y énfasis defiende?

Unos gobiernos municipales y autonomistas, mínimamente ecuánimes y democráticos, hubiesen ensalzado la labor, el interés y el entusiasmo altruista de los integrantes de Greenpeace en pro de la defensa global del planeta. Pero esto es absolutamente impensable para los dirigentes del PNV, que habiendo tenido, por ejemplo, una ocasión extraordinaria para ensalzar, proteger, apoyar, reivindicar y proyectar la acción educativa, cultural, formativa, social y autogestionada de un maravilloso proyecto como el de Kukutxa, lo que hicieron es destrozarlo y arrasarlo con la fuerza bruta e irracional de las porras y las excavadoras.