El pasado viernes 18 de julio se cumplían 89 años de aquel otro 18 de julio, el de 1936, en el que tuvo lugar el levantamiento de los militares golpistas.

Dicha rebelión militar causó cientos de miles de muertos y represaliados.

La República, la cual había sido legítimamente elegida por el pueblo español como forma de estado, fue sustituida por una cruenta dictadura militar al frente de la cual, se situó uno de aquellos militares golpistas, Francisco Franco, una vez fuera proclamado «jefe del Estado y generalísimo de todos los ejércitos».

Este militar africanista fue el máximo mandatario del estado español durante casi cuarenta años, hasta su fallecimiento, por muerte natural, el 20 de noviembre de 1975.

Durante ese período, en el que la represión política no cesó, Franco contó con el apoyo, salvo honrosas excepciones, de la práctica totalidad de la jerarquía católica española, como pone de manifiesto el hecho de que el dictador fuera introducido, bajo palio, en los templos.

El dictador murió matando, como queda patente en el hecho de que, pocas semanas antes de morir, firmara cinco sentencias de muerte, entre ellas las de Txiki y Otaegi, las cuales se ejecutarían en la madrugada del 27 de septiembre de 1975.

Franco, antes de morir, quiso dejar todo «atado y buen atado» y entre otras cosas, impuso al pueblo español la monarquía como forma de estado la cual, a día de hoy, continúa vigente.

Pero eso no fue lo único: No podemos ni debemos olvidar que entre los siete redactores de la intocable Constitución del 78 se encontraban cuatro altos cargos del régimen franquista.

Por todo ello, y en la medida que está en vigor el denominado «Régimen del 78», se puede afirmar que vivimos todavía bajo las consecuencias de aquel golpe militar que se inició hace 89 años.