A nuestros políticos les falta un hervor: resulta que en España la potencia eléctrica instalada es de 116 gigavatios que podría abastecer el doble de la demanda máxima. Además, sigue cayendo, pero con los planes de las renovables se quiere llegar a los 180 gigavatios. A ver quien puede explicar que en esta situación de exceso de oferta los precios de la energía no cesan de crecer. Es de suponer que Teresa Ribera conoce esta situación, por lo que parece que existe algún factor no controlable que los cínicos denominan «atar una mosca por el rabo». Porque las eléctricas han tenido en el 2021 resultados récord a pesar del Covid y se espera que en el próximo sean aún superiores, tal como muestran las expectativas publicadas. Lo cómico son los argumentos que se manejan tratando de justificar esas magnitudes y que en ese juego dialéctico con tonos pseudocientíficos se ha involucrado la CE tratando de explicar lo evidente. Y lo peor es que los gobiernos tratan de encontrar una solución a esa obviedad con argumentos inexplicables, manipulando a la opinión pública para que las eléctricas no tengan que sufrir ningún quebranto en sus resultados, amenazan a los gobiernos e insultan a sus clientes porque no contratan las tarifas que benefician a las empresas y a sus accionistas. Los gobiernos, en esa actitud de sumisión, deciden reducir el IVA que grava la energía, lo cual es cobardía, pues al final supone reducir la fiscalidad y es trasladar rentas del consumidor a al productor. Porque las instituciones españolas están controladas por las grandes empresas, bancos y fondos de inversión. Parece una ironía la seriedad de Sánchez cuando actúa en los medios preocupado por la ciudadanía, haciendo creer que es posible servir a dos amos al mismo tiempo: al pobre elector que cree convencer, y al poderoso que acumula beneficios a costa del empobrecimiento popular. ¿Han pensado Sánchez, Ribera, Bolaños y toda la banda que la solución sería nacionalizar las eléctricas declarando la energía sector estratégico?