El levantamiento del estado de alarma desde el Gobierno central con los datos disponibles constituyen una temeridad que es difícil comprender desde una política de sanidad racional en el caso de pandemia como a la que nos enfrentamos a base de tantear soluciones que han provocado sucesivas olas que parece que no han servido de experiencia ante los fracasos sucesivos. En la CAPV parece que en el Gobierno Vasco el lehendakari se confiesa sin ánimos y ya sólo apela a la responsabilidad y autocontrol de la ciudadanía, pues los datos epidemiológicos están descontrolados a pesar del rigor de las medidas implementadas. Ahora elude toda responsabilidad ante las limitaciones impuestas por Madrid a la hora de autorizar aquí nuevas medidas si se tiene en cuanta que Euskadi posee el dudoso honor de estar entre las colectividades con mayor incidencia de contagios de Europa. Nuestra actual tasa por 100.000 habitantes es de 400 y la de España está por debajo de 200, o sea doble. Por eso la actitud del Gobierno central y el TSJPV rechazando la autorización ante la petición de medidas para enfrentarse a esta situación de emergencia es jugar a la ruleta rusa y puede ser considerada por la población vasca como venganza por la tradicional actitud favorable a las tesis independentistas. Quizá los datos de las recientes elecciones de Escocia y antes en Catalunya les deberían ilustrar, pero, en España esperar que las instituciones sean flexibles es querer pedir peras al olmo. además, la actitud de los jueces españoles que se atribuyen el derecho a rechazar medidas de control del virus que los expertos sanitarios han implantado constituye la creación de un estado de hecho de los jueces que no han sido votados por los ciudadanos.