En junio de 2013, Bilbao Zerbitzuak-Servicios, EPEL del Ayuntamiento de Bilbao, acordó que las sepulturas que tenemos miles de ciudadanos en propiedad, por habérselas comprado nuestros antepasados al propio Ayuntamiento de Bilbao, eran «concesiones» con un límite de 99 años. Ante este expolio, en el sentido de despojarnos de la propiedad de nuestras sepulturas con injusticia grande, unas pocas familias recurrimos ante los juzgados adjuntando los títulos rubricados como de propiedad, pero según los jueces era una denominación «incorrecta desde el punto de vista de la ortodoxia jurídica», que llegaron a calificar de «errado exceso verbal», desestimando los ocho recursos presentados.

En junio de 2017, el Ayuntamiento de Bilbao planteo un recargo anual del 25 % del IBI a las viviendas vacías, que empezó a cobrar en 2018.

Ahora, en junio de 2021, el Gobierno vasco aprueba el Decreto 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada, que impone a sus propietarios un canon anual de diez euros/m2 (pudiéndose triplicar), obliga a alquilar dichas viviendas, y amenaza con sanciones y expropiaciones en caso de negarse.

Los propietarios de viviendas deshabitadas, vacías u ocupadas, deberían unirse, recurrir judicialmente, y cuando agoten la vía judicial recurrir sin demora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en defensa de sus propiedades, porque en este país el derecho constitucional a la propiedad privada y a la herencia, se considera un «errado exceso verbal». Y cuando lleguen las elecciones voten en consecuencia.