Tras la escenificación de la ceremonia del desencuentro UPN-PSN plasmado en el «divorcio político» Barcina-Jiménez, asistimos al finiquito de la doctrina navarrista UPN-PSN que habría convertido a la Comunidad Foral durante una década en un coto privado del establishment navarro (teoría del quesito de Miguel Sanz) y a la constitución en Navarra de la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra-Nafarroako Ezkerreko Junta Errepublikanoa que tendría como señas de identidad «la creación de una alternativa política, económica y social a la crisis así como la iniciación de un Proceso Constituyente que finalice en la III República».  En palabras de Enrique Villareal (El Drogas), factores ambos que suponen la irrupción en el escenario político navarro de la posibilidad real de una alternativa a la derecha navarrista desangrada en luchas intestinas y dividida en banderías hasta ahora irreconciliables (UPN y PP).

Dicha alternativa tendría como objetivo mediato la estrategia de acoso y derribo del Gobierno minoritario de Barcina y su sustitución por un hipotético ‘Gobierno de Progreso’ PSN-Nafarroa Bai-IU con el apoyo tácito de Bildu tras las celebración de las previstas Elecciones de mayo del 2015 y dará prioridad en lo social a la revitalización del llamado ‘Estado social y democrático de Derecho’ y en lo político a la celebración del referéndum consultivo previsto en la disposición transitoria 4ª de la Carta Magna de 1978.

Dicho precepto constitucional señala que «a efectos de una posible incorporación de Navarra al Consejo General Vasco o al régimen que lo sustituya, la iniciativa correrá a cargo del órgano foral competente y por mayoría de sus miembros, siendo precisa su ratificación mediante un referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos», lo que llevará implícito la asunción de políticas de apoyo y fomento del euskera tendentes a lograr la normalización del uso de la lengua vasca.