Sobre las viviendas de uso turístico exigimos que se mantenga la suspensión de concesión de nuevas licencias, ya que suponemos que se ha impuesto basándose en que el grupo de gobierno municipal considera que su crecimiento en los últimos años amenaza la sostenibilidad del modelo, la cohesión social y la convivencia de los vecinos y vecinas con este modelo turístico.

Asimismo, exigimos, como ciudadanos que hacemos frente a nuestras obligaciones fiscales, que se controlen todas las VUT ofertadas en portales como Airbnb y otros, y que carezcan del correspondiente número de registro, procediendo, una vez localizadas, a su inmediato cierre, a la imposición de una cuantiosa y ejemplarizante multa y a la inmediata comunicación a Hacienda para que investigue las oportunas sanciones fiscales que se hayan producido por no declarar esos ingresos.

Que ponga en marcha de forma inmediata el canon a la vivienda deshabitada, individual o conjuntamente con el recargo (por ejemplo, el recargo a las viviendas que lleven entre uno y dos años deshabitadas de forma injustificada y el canon, a partir del segundo año), pero destinando todo lo recaudado a política de vivienda en régimen de alquiler.

Que se complementen las ayudas a la rehabilitación del Gobierno Vasco a las viviendas deshabitadas en condiciones de inhabitabilidad, si se orientan las mismas hacia el alquiler social y recuperando dichas ayudas, reduciendo la cuantía del alquiler que percibirá el propietario hasta que se devuelvan totalmente.

Orientar el debate sobre VPO del PGOU de Donostia (y de los municipios de la CAV en general) en la orientación de los máximos recursos hacia el Alquiler Social y exigir al Gobierno Vasco la apertura de los debates sobre los problemas estructurales que afectan a la política de vivienda de la CAV para adaptar las legislaciones y recursos hacia las personas que más lo necesitan y en régimen de alquiler social, tales como las reservas de VPO (reserva propia para alquiler social o asequible), deducciones fiscales y presupuestos (eliminando la deducción fiscal a la compra y triplicar con ello el presupuesto de vivienda, aumentando a su vez las deducciones fiscales al alquiler y aún más, las deducciones fiscales a las viviendas destinadas al alquiler social).