Los políticos «honestos» son los que consideran la vivienda un derecho subjetivo y no una mercancía más, aunque  muchos no saben su significado, visto cómo evolucionan los alquileres, el precio de las viviendas, los beneficios de las inmobiliarias, «fondos buitre» y la desesperación de inquilinos desahuciados por especuladores, sentenciados por los jueces. Realmente la actitud de las autoridades es penosa porque se muestran incapaces de enfrentarse a los grandes tenedores de viviendas y bancos que, más bien, se muestran activos agentes que les apoyan. 

Todo el proceso de elaboración de la legislación para controlar el mercado de la vivienda,  apareciendo los políticos ante la opinión pública creando expectativas para adecuar los precios a la capacidad de la demanda implantando las zonas tensionadas para controlar la furia especulativa como para llegar a paralizar la implantación de las normas y medidas necesarias para reducir los precios o al menos moderar la locura del mercado que arriesga a una nueva burbuja inmobiliaria como en el 2008.  

La retórica de los políticos tergiversando conceptos filosóficos provocan la desafección de la ciudadanía, pues explican que la vivienda es un derecho subjetivo, significando que es prioritario a los demás. No tiene efectos porque realmente solo desarrollan conceptos judiciales ensalzando la Constitución, en este caso para enfatizar en la acción del gobierno sobre el mercado de la vivienda, pero sin que las autoridades se atrevan a enfrentarse al fundamento del sistema de acumulación y extracción de rentas de los ciudadanos en favor del sistema financiero en el que participa como agente activo el estado. Como para confiar en los jueces, la OCU o en promesas de la ministra de vivienda que ha  dimitido aprovechado nuevas aventuras electorales. 

«Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado». Voltaire.